(Por Espacio Nilda Eloy) Este 18 de septiembre se cumplen 16 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, militante social en los ’70, vecino de Los Hornos en La Plata, sobreviviente de la dictadura y testigo en los juicios contra los genocidas con cuyo caso se inauguró la figura del ex detenido desaparecido en dictadura vuelto a desaparecer en democracia. La causa por su segunda desaparición forzada lleva años sin producirse novedades judiciales locales, y en instancias internacionales tampoco encontró un curso acorde a la gravedad del hecho. Ojalá el título de esta nota fuera una exageración literaria, una comparación odiosa entre regímenes políticos diferentes o una apuesta facciosa ante hechos graves como los que vemos en la política argentina del momento. Pero los más de 1.000 casos anuales de torturas producidas en lugares de encierro según registros oficiales y los más de 220 casos de desaparición forzada impunes en democracia que certifican los archivos populares marcan una cruda realidad sobre la violación de Derechos Humanos en el país. A esto último es imposible llamarlo «Violencia Institucional».
POR ESPACIO DE LUCHA NILDA ELOY DE LA PLATA Y COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FÁCIL DE LA PLATA
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JUSTICIA EMPANTANADA
Hace 16 años la impunidad de la represión estatal volvió a golpearnos duro. El compañero Jorge Julio López fue desaparecido por segunda vez el día de los alegatos del primer juicio oral que se realizaba tras la anulación de las leyes de impunidad y que condenó al genocida Miguel Etchecolatz a perpetua. Fue el 18 de septiembre de 2006. Desde entonces, la lucha y la movilización por su aparición con vida fue incesante en La Plata y en todo el país para señalar el hecho como un nuevo crimen de Estado. La causa judicial acumula millares de fojas y expedientes paralelos con cientos de declaraciones, pero sin ningún resultado.
Durante 15 años tanto los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández no han impulsado ningún avance en la investigación del caso, transformándose en cómplices del encubrimiento junto a los gobernadores Solá, Scioli, Vidal, y Kicillof. El Poder Judicial decidió empantanar la investigación, junto a las policías bonaerense y federal, y no indagar nunca en el propio entorno del genocida Etchecolatz, muerto en julio pasado con varias condenas pero impune en otras causas, y a quién señalamos desde un primer momento como responsable del hecho.
Los últimos movimientos en la causa Lóez se realizaron en 2014, cuando por el estancamiento de la investigación del caso en la justicia federal argentina desde el colectivo Justicia Ya! La Plata realizamos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La denuncia requirió que se investigue la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino en el caso. Es que los distintos jueces que tuvieron el expediente pasearon el caso, primero en la justicia provincial y luego la federal, y construyeron un verdadero monumento nacional a la impunidad. Tres años después de la presentación, en septiembre de 2017 se nos informó que la CIDH corría traslado de nuestra denuncia al Estado Argentino. El 16 de febrero de 2018 nos notificó su respuesta: “iniciar una mesa de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de alcanzar una solución amistosa en el presente caso conforme lo establecido por el artículo 48(1) (f) de la Convención”. Durante la gestión de Macri aceptamos ese ámbito pero sólo para denunciar frente a frente a los funcionarios del Ministerio de Justicia que ellos eran los responsables por la impunidad del caso López. El macrismo jamás se presentó a dar la cara. Llegado ya el gobierno de Alberto Fernández la Comisión insistió con el mecanismo de la “solución amistosa” a lo que respondimos que no vamos a negociar con ningún funcionario la vida del compañero y vamos a seguir interpelando al Estado Argentino para que dé una respuesta a tantos años de impunidad y retardo de justicia. No puede haber solución amistosa cuando no sabemos qué pasó con López y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes.
A más de 46 años del golpe genocida los juicios a los responsables del plan sistemático de exterminio de una generación entera de obreros y militantes también están empantanados. Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003, el inicio efectivo de los debates en 2006, y hasta el 24 de marzo de 2022 el Estado argentino efectivizó 273 juicios con sentencia y como resultado se dictaron 1.459 condenas sobre 1.437 represores y hubo 222 absoluciones, todo ello por un universo de 9.639 víctimas. Por lo tanto, tomando como referencia los 200.000 efectivos que actuaron en la represión y los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los responsables del genocidio condenados representan menos del 1% del real actuante en el esquema represivo y menos de 1,5 represor por cada CCD. Para completar el cuadro, casi el 70% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, y unos 1.600 represores imputados están en total y completa libertad.
Como hemos dicho en otras oportunidades, los juicios a los genocidas llevan 16 años de demoras y desprolijidades y por razón lógica y biológica no pueden durar otra década y media porque ya no habrá a quien juzgar. Con este panorama los más de 870 represores de la última dictadura y el tercer gobierno peronista que estando procesados murieron impunes por la tardanza del Estado serán una cifra que se irá acrecentando hasta llegar a poner el verdadero punto final a este proceso dispar que analizamos. Esta no es una apreciación subjetiva o una mirada excesivamente pesimista sobre el proceso general de los juicios. Se apoya en datos concretos que realizamos hace años de seguimiento de los procesos en todo el país. Incluso el propio Estado lo reconoce: según datos del propio Ministerio Público Fiscal, existen en todo el país más de 364 causas aún en instrucción o bien elevadas a juicio en espera de inicio del debate. Si se tardó 16 años en juzgar con viento a favor 270 expedientes, imaginemos lo que sucederá con eso grupo más voluminoso aún de expedientes pendientes y en tiempo de descuento, es decir en un proceso que el Estado instauró para pretender enmendar el tiempo ganado por la impunidad entre la sanción de las leyes de impunidad en 1987 y su anulación efectiva por la Corte Suprema en 2005.
La manera parcial de juzgar a los genocidas -que se reproduce en prácticamente la totalidad de los juzgados del país- resulta funcional a los intereses políticos, tanto de aquellos que pretenden mantener la impunidad absoluta, como de quienes pregonan que es suficiente con juzgar a unos pocos asesinos paradigmáticos. En La Plata conseguimos en 2015 el primer fallo de un tribunal oral federal del país que reconoce la comisión del delito internacional de Genocidio, en este caso en la causa por los crímenes de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada Argentina en nuestra región. Esa sentencia fue rechaza en Casación en julio de este año por los camaristas Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, que hicieron lugar al planteo de las defensas de los genocidas en la inaplicabilidad de la calificación de Genocidio, con el argumento de que las víctimas en el caso argentino fueron perseguidas por su carácter de opositoras al régimen y que por lo tanto debe entenderse que se trata de una persecución de índole político no contemplada en la la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Se perdió así la oportunidad de generar un importante cambio simbólico y político en el reconocimiento de la magnitud de los crímenes de Estado cometidos durante la última dictadura.
La impunidad del caso López tiene varios capítulos. En sus diversas testimoniales López había mencionado a al menos 19 represores de los CCD de Arana, Comisaría 5ta, Comisaría 8va y Unidad 9 como Miguel Etchecolatz, Alberto Guallama, Julio César Garachico, Manuel Aguiar, Carlos Roberto Urcola, Carlos Ramón Gomez, Luis Raúl Ponce, Raúl Muñoz, Héctor Alberto Herrera, Tránsito Gigena, Oscar Acosta, Antonio Vargas, José Alfredo Orellana, Julio César Pasquale y Ángel Trotta. Excepto Etchecolatz, Guallama y Garachico, la mayoría de ellos continúa impune y desvinculados de toda investigación por los hechos del Genocidio.
A 16 años sin López decimos con más fuerza que nunca que el Estado argentino es responsable por la segunda desaparición del compañero. Seguiremos señalando a los responsables políticos del crimen y exigiendo respuestas: queremos saber qué pasó y quiénes son los autores materiales de este crimen.
LA TORTURA DE CADA DÍA
Las muertes por torturas en sede policial o penitenciaria no son, en el país de los 30 mil detenidos desaparecidos, cosa del pasado. De hecho las muertes ocurridas en lugares de encierro son la primera causa de asesinatos cometidos por las fuerzas represivas del Estado en todo el país. Cuando asomamos a la problemática de la tortura podemos tender a pensar sólo en los hechos más graves, como maltratos físicos en técnicas como la picana o el «submarino seco», sin embargo la tortura es reconocida por la legalidad imperante más ampliamente como la provocación del padecimiento físico o psicológico de la persona para mortificarla o para que confiese algo. Sucede que el Estado no reconoce nunca plenamente la gravedad de sus crímenes, y las desapariciones forzadas se investigan como «búsqueda de paradero», el gatillo fácil como «legítima defensa» y las torturas como «apremios» o como «severidades y vejaciones». Si es que se investigan.
Los informes de la Procuración Penitenciaria de la Nación señalan que en el período 2011-2020 se registraron más de 13.581 denuncias por torturas y malos tratos en dependencias penitenciarias y policiales en todo el país, hechos que engrosan el Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos Tratos. Además de las agresiones físicas a los detenidos, el hecho más frecuente, se destacan también como tortura o maltrato las malas condiciones materiales de detención, las requisas vejatorias, el aislamiento, las amenzas, las deficiencias en alimentación o acceso a la salud, el robo o daño de pertenencias de los detenidos, el traslado gravoso y el impedimento de vinculación familiar o social.
Tomamos como caso testigo lo sucedido con Mauro Ezequiel Coronel, un joven santiagueño de 22 años, padre de 4 niñxs, que fue detenido el viernes 1° de mayo de 2020 en la Comisaría 10ma de la capital santiagueña y producto de las torturas allí recibidas falleció en el Hospital Regional local cuatro días después. Su madre, Laura Coronel, fue a la comisaría tras enterarse de la detención y escuchó los gritos de su hijo que venían desde el fondo. En un descuido del personal policial, la mamá de Mauro logró ingresar hacia la oficina donde estaba su hijo y observó que se encontraba arrodillado, con una bolsa de nylon en la cabeza y rodeado de unos cinco policías, mientras gritaba «¡mamá sácame de acá me están matando!… ¡Ma, ayudáme!”. Los policías retiraron a Laura del lugar pero siguió escuchando los gritos por un rato hasta que se hizo silencio. Después de eso a Laura le negaron que Mauro estuviera en esa dependencia y tuvo que hacer un recorrido en vano por otras. Finalmente encontró a Mauro en una cama del hospital custodiado por dos policías. Estaba desfigurado por los golpes y vomitaba sangre.
En el hecho se conoció un video probablemente filmado por los policías, donde se ve a Mauro en ropa interior atado a un palo en el patio de la comisaría, con signos de golpes y donde le echan agua y se burlan de él. La imagen no difería mucho de lo sucedido en cualquier campo de concentración y exterminio del mundo en el siglo XX. El informe forense realizado sobre el cuerpo del joven reveló que falleció por paro cardiorespiratorio debido a una falla multiorgánica y que presentaba múltiples traumatismos en la cabeza, los brazos, el abdomen y las piernas que le produjeron hematomas y una infección generalizada.
La causa por el asesinato de Mauro no ha avanzado, como muchas otros crímenes de Estado en Santiago del Estero. Hace poco Laura se enteró por los medios que la justicia quiere determinar que Mauro murió de neumonía, como si no hubiesen existido el amarramiento vejatorio a un palo como en la edad media, los golpes, el agua fría en invierno y sabrán los policías de la 10 ma cuantas cosas más. Además el ministro de Gobierno y Seguridad de la Provincia de Santiago del Estero, Marcelo Barbur, intentó instalar que la detención de Mauro fue por un hecho de violencia de género y no en el marco de la cuarentena por el Covid-19, como si eso justificara el evidente accionar represivo de su policía, y que “no fue una muerte por violencia, sino por un cuadro infeccioso».
La gestión del gobernador radical K Gerardo Zamora, iniciada en diciembre de 2017, tiene largo historial en materia de muertes en comisarías: desde el caso de José Cáceres, que apareció colgado en la Comisaría 3ra de la capital provincial en febrero de 2018, el de Pedro Omar Ferreyra, muerto por golpes en la misma sede en julio de 2018; el de Darío Ricardo Pérez, a quien golpearon en la Comisaría 10ma en septiembre de 2018 y cuyo cuerpo sacaron a la vereda para simular que no estaba detenido; el de Juan Boris Castro, que murió de un paro cardíaco producto d elos golpes que recibió en la misma comisaría 10ma en octubre de 2018; el de Rubén Quiñones, detenido por abuso sexual en marzo de 2019 en la Alcaldía de la Departamental 9 y donde fue asesinado a golpes antes de ir a declarar.
Esta realidad se repite a lo largo y ancho del país. En la provincia de Buenos Aires la represión viene creciendo gobierno tras gobierno. La policía y los carceleros de Kicillof produjeron 473 muertes en lo que va de su mandato. Eso quiere decir que en la mitad del tiempo han casi duplicado las muertes causadas por el aparato represivo en la gestión de Vidal-Ritondo, y cuadruplicado las más de 800 muertes causadas por la gestión Scioli-Casal-Grandados en 8 años. La tarea de Kicillof-Berni fue realmente devastadora para la población bonaerense. Como le gustaba decir a Kicillof cuando asumió, vivimos en una tierra arrasada, pero arrasada por la represión. Las muertes en comisarías bonaerenses siguen siendo moneda corriente, como en los recientes casos de Alejandro Martínez en San Clemente y Daiana Abregú en Laprida, donde los policías implicados, al igual que en el caso de Facundo Astudillo Castro, fueron encubiertos por el jefe político de La Bonaerense SA, Sergio Berni. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en las cárceles bonaerenses siguen creciendo: superpoblación, hacinamiento, falta de acceso a la salud, una muerte día por medio y más de 45.000 hechos de torturas o malos tratos denunciados por año en las dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense.
EL CRIMEN DE CRÍMENES
La historia nos ha enseñado que las desapariciones forzadas implican el secuestro, la tortura, el asesinato y el ocultamiento del cuerpo, y que son perpetradas por el aparato represivo del estado con un objetivo político claro: el disciplinamiento de los sectores populares para que no reclamen por sus derechos. Eso es lo que pasó con Julio López, y eso es también lo que pasó con la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinoza, la de Facundo Astudillo Castro y la de Ariel Valerián. La excusa de romper la cuarentena significó para ellos la desaparición forzada de persona. Seguimos comprobando que todos los gobiernos matan, encubren y desaparecen.
En términos estrictos en todas los casos de desaparecidos registrados en estos años, incluso en los que ha habido alguna actividad judicial, quedan eslabones de la cadena de impunidad por deshacer. En la causa de Andrés Nuñez, desaparecido en La Plata en 1990, se encontró el cuerpo y se condenó a 3 de los 9 policías de la Brigada de Investigaciones responsables, con el policía Pablo Martín Gerez, principal ejecutor del hecho, prófugo desde hace décadas. Este 28 de septiembre se cumplen 31 años del hecho y seguimos acompañando a la compañera de Andrés, Mirna Gómez, en el reclamo por juicio y castigo a los asesinos que falta juzgar. En el caso de Miguel Bru, si bien se condenó a varios de los policías de la Comisaría 9na de La Plata por torturas, todos los asesinos recuperaron la libertad o murieron sin cumplir la pena, y el cuerpo de Miguel nunca fue hallado. En el caso de Iván Torres, desaparecido por la Policía de Comodoro Rivadavia en 2003 se llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligó al Estado argentino a realizar un juicio que igualmente fue parcial y sólo condenó a 2 policías como partícipes secundarios de un hecho que parece que no tuviera autores materiales. La causa federal por la desaparición de Luciano Arruga no obtuvo el impulso debido y los 9 policías implicados jamás fueron rozados por la justicia, incluso pese a la condena recibida en 2015 por el policía Julio Torales por las torturas que le practicó a Luciano en el mismo destacamento policial de La Matanza donde meses después lo confinaron para desaparecerlo. En la desaparición de Daniel Solano, ocurrida en 2011 en Choele Choel, siete de los policías involucrados fueron condenados en 2018 por la figura de homicidio agravado, pero continúan libres y en funciones hasta que la sentencia quede firme, y nada se dijo en el fallo de la modalidad de explotación a los trabajadores golondrinas que sostienen las empresas frutícolas del valle de Río Negro y sin la cual no se explica el crimen de Daniel. El expediente por el crimen de Franco Casco, desaparecido en Rosario en 2014, fue elevado a juicio en diciembre pasado con la carátula de desaparición forzada pero con dispar atribución de responsabilidades a los quince policías involucrados en el hecho. El año pasado el juicio oral por la desaparición de Sebastián “Nino” Largueri, desaparecido por la policía correntina de Monte Caseros en 2015, fue anulado luego de dos audiencias y justo el día que debía declarar la hermana de la víctima, e increíblemente reenviado a instrucción por el tribunal de Paso de Los Libres con la excusa de “proteger los derechos de defensa” de los policías imputados Cristian Ibalo, Walter García, Roberto Aguirre y Ramón Goín. Este año se promete nuevo debate, que sigue demorado. En la causa por la desaparición de Santiago Maldonado los pocos avances que se consiguieron fueron por exclusivo accionar de la familia, como el planteo del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la vía de la CIDH. En julio de 2020 ese organismo sugirió la “solución amistosa” a las partes, lo que siempre se parece más a que los familiares retiren sus pretensiones de denuncia a que el Estado se haga plenamente cargo de sus responsabilidades. Luego la familia de Santiago presentó la propuesta de que se reconozca el delito de la desaparición forzada y sumó un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEEI). El principal elemento en que se basa el Estado argentino para pretender cerrar la causa de Santiago es el famoso informe elaborado por 55 peritos en la autopsia, que pese a la promoción que recibió no supo decir ni cómo ni dónde murió Santiago. La asfixia por sumersión coadyuvada por hipotermia es la invención jurídica que encontró el Estado para dar por terminada la discusión y negar la desaparición forzada seguida de muerte.
La impunidad parece hoy construirse con la pretensión de seriedad investigativa y respaldo pseudo-científico, como se vio en las autopsias fraguadas de Santiago Maldonado y de Facundo Castro. El kirchnerismo, que tanto señaló como opositor la responsabilidad del macrismo en el crimen de Santiago, tiene hoy en sus manos la llave para destrabar la investigación. Pero sabemos que ningún Estado se investiga a sí mismo y que independientemente de los colores políticos de los gobiernos la represión es una política estructural del Estado.
La desaparición forzada de personas, el “crimen de crímenes” como lo definió Nora Cortiñas, es la privación ilegal de la libertad cometida por un particular o agentes del Estado, y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o reconocer esa privación de libertad. Actualmente las causas por desaparición forzada de persona en Argentina, más de 220 casos de 1983 a la fecha según el Archivo de Casos de Correpi, rara vez llegan a investigarse como se debe, reconociendo la existencia plena del delito y con ello la responsabilidad estatal que cabe en esclarecerlo y condenar a los responsables. Argentina, el país de los 30 mil detenidos desaparecidos, tardó 28 años desde finalizada la dictadura para incluir en su ordenamiento legal la posibilidad de condenar a agentes del Estado por la figura de desaparición forzada de persona con el artículo 142 ter del Código penal.
Por todo esto denunciamos a la represión llamándola por su nombre, no con el eufemismo de “violencia Institucional”, sino como represión estatal. Porque llevamos más de 8.200 asesinatos cometidos por las fuerzas represivas del Estado desde 1983 a la fecha. Y porque los distintos gobiernos patronales, y las organizaciones que los apoyan, esconden el rol represivo del Estado en medio de la crisis porque no les conviene reconocer que al ajuste y al vaciamiento que llevan adelante sólo lo contienen con represión.
A 16 AÑOS SIN JORGE JULIO LÓPEZ SEGUIMOS DICIENDO:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES DE LA SEGUNDA DESAPARICIÓN FORZADA DE JORGE JULIO LÓPEZ.
BASTA DE TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS!!!
BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS!!!
NO ES VIOLENCIA INSTITUCIONAL, ES REPRESIÓN ESTATAL!!!
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