(Por Espacio de Lucha Nilda Eloy y Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Pata) Pasan los gobiernos y la impunidad se mantiene. A 32 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Andrés Nuñez seguimos exigiendo justicia en uno de los casos emblemáticos, no el primero, de desaparición forzada de persona en gobiernos constitucionales a los que cuesta cada vez más llamar democracia. La madrugada del 28 de septiembre de 1990 Andrés, un joven trabajador que vivía en Villa Elvira, fue secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido por un grupo de efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Plata, acusado falsamente del robo de una bicicleta, la excusa perfecta para descargar toda la maquinaria asesina de la Maldita Policía bonaerense.

Recién cinco años después de la desaparición se logró identificar los restos de Andrés inhumados en un tanque australiano en un campo en General Belgrano. Y casi 20 años después del hecho se juzgó y condenó a algunos de sus asesinos por el delito de «torturas seguidas de muerte», ya que se juzgó por el viejo código penal. La causa no prescribió por la lucha de la familia de Andrés y sus abogados, quienes lograron que se las Cortes de provincia y Nación declaren el caso como una «grave violación a los Derechos Humanos». Sin embargo hoy sólo hay dos detenidos: Alfredo González y Luis Raúl Ponce condenados a perpetua por secuestro y torturas seguidas de muerte. Otro de los asesinos, el ex policía Víctor Dos Santos, falleció en la cárcel en 2020 tras ser condenado a prisión perpetua.

Mientras que el máximo responsable del asesinato de Andrés, el ex oficial inspector de la Brigada de Investigaciones de La Plata y el que dirigió todo el operativo esa noche del 27 al 28 de septiembre de 1990, PABLO MARTÍN GEREZ sigue caminando libremente por las calles. No olvidamos que fue quien comandó a todo el grupo operativo, aportó la conexión para proveer el campo de General Belgrano donde descuartizaron, quemaron y enterraron a Andrés.

PABLO MARTÍN GEREZ, primo del máximo responsable político del fusilamiento de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki por parte la maldita Policía Bonaerense en 2002, Eduardo Duhalde, continúa gozando de impunidad, y mostrándonos su poder al seguir presentando notas en la causa solicitando la prescripción cuando ya la justicia se pronunció en contra de esa medida.

Se nota la falta de voluntad política de disponer todos los recursos necesarios para que detengan a PABLO MARTIN GEREZ. Tenemos miles de pibes rebalsando las cárceles detenidxs por causas armadas, pero un ex funcionario policial que cometió un delito de los más graves del código penal lo siguen manteniendo en libertad.

Seguimos insistiendo en que busquen y detengan a PABLO MARTIN GEREZ. Solo con la lucha de Mirna, sus familiares, amigxs y organizaciones políticas hemos mantenido la causa abierta y peleado para que los asesinos cumplan cárcel efectiva ya que han realizado diversas presentaciones pidiendo beneficios de salidas. Tampoco olvidamos que Ponce estuvo prófugo por 20 años, y capturado en 2012 “equivocadamente” por llevar el nombre de un genocida también prófugo de la justicia santafesina. Y mucho menos olvidarnos que fue nombrado por Jorge Julio López en su testimonio del 2006 sindicándolo como el policía que conducía el móvil el día de su primer secuestro el 27 de octubre de 1976 durante el último golpe genocida.

Sabemos que ellos cuatro no actuaron solos, sino que el mecanismo de impunidad se despliega rápidamente y cada cuál atiende su juego. Exigimos la inmediata fecha del juicio contra los 4 policías encubridores, también torturadores porque estando presentes en el lugar no frenaron esos golpes que llevaron a la muerte a Andrés y callaron la siniestra maniobra para ocultar su cuerpo.

Ellos son Pedro Costilla, Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. En octubre de 2018 se designó a los jueces Juan José Ruiz, Ezequiel Medrano y Alfredo Emir Caputo Tártara para integrar el tribunal, pero aún no hay fiscal asignado para el debate oral. Ruiz fue suspendido en su cargo en 2019 por agravar infundadamente la pena a una persona trans por ser extranjera en una causa por la ley 23.737. Caputo Tártara fue uno de los magistrados que en 2017 absolvió sin fundamentos al policía Diego Walter Flores, asesino de Omar Cigarán en un hecho ocurrido en febrero de 2013. Una nueva versión del tribunal se conformó con Medrano, Caputo Tártara y Cecilia Sanucci. Pero los jueces presentaron un recurso ante el presidente de la Cámara platense pidiendo su apartamiento y una nueva integración, alegando entre otras cosas tener una “ajetreada agenda”. En junio pasado la Cámara resolvió no hacer lugar e indicó que no observa “dificultad para la designación de la audiencia”. De esta forma ratificó la última composición del Tribunal para que “prosiga el trámite de la causa”. Nuevamente la justicia penal platense vuelve a demorar con estas burocracias el avance en la condena a los asesinos de Andrés y sus cómplices.

Lo sucedido con Andrés no es más que las reiteradas prácticas represivas del Estado, aún peor, las llevadas a cabo en las peores épocas de nuestra historia como lo fue la última dictadura cívico militar. Desde 1984 a la fecha hay más de 220 casos de desaparición forzada. Todos los gobiernos torturan, matan y desaparecen. En el último año del gobierno de Alberto Fernández se produjeron las desapariciones forzadas seguidas de muerte de Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires; Luis Espinoza, en Tucumán; Ariel Valerian, en Jujuy; y Francisco Cruz y Carlos Javier Ibañez en Florencio Varela.

Estos crímenes atroces no pueden esconderse tras el eufemismo de “violencia institucional”, no se trata de un par de funcionarios que hay que corregir o reformar, sino de toda una política represiva que el estado despliega para controlar y disciplinar al pueblo con el objetivo de profundizar la desigualdad, el hambre y la pobreza.

A 32 años del secuestro, asesinato y desaparición de Andrés seguimos diciendo:

* JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA SEGUIDA DE MUERTE DE ANDRÉS NUÑEZ.

* BUSQUEN, DETENGAN Y JUZGUEN AL PRÓFUGO PABLO MARTÍN GEREZ YA!!!!

* FECHA DE JUICIO YA A LOS ENCUBRIDORES COSTILLA, ZAVALA, CARRIZO Y VEIGA.

* NINGÚN BENEFICIO A LOS ASESINOS PRESOS GONZÁLEZ Y PONCE.

* BASTA DE MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS.

* BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS EN DEMOCRACIA.

*NO ES VIOLENCIA INSTITUCIONAL, ES REPRESIÓN ESTATAL.