«Aquellos que apretaron el gatillo no debieran olvidar  que aquellas balas no mataron todo, nadie mata a la verdad. En una cuneta, entre calaveras agujereadas nació la democracia.  La herida sigue abierta». Del tema «Fosa Común», del grupo Gatillazo.

(Por Espacio de Lucha Nilda Eloy de La Plata y Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata) La «noche y niebla versión» argentina, el Genocidio desplegado contra la clase trabajadora y sus luchadores, viene siendo revisada demasiado cansinamente por el Estado Nacional y su justicia federal. En 17 años de demoras y desprolijidades, la mayoría de los más de 2.200 represores de la última dictadura y del tercer gobierno de Perón que han sido procesados o condenados están gozando de una cómoda prisión domiciliaria. Quedan en el tintero del juicio y castigo más expedientes que los que llegaron a sentencia en una década y media. La sombra de Jorge Julio López, detenido desaparecido en dictadura y vuelto a desaparecer en «democracia», atraviesa este proceso como un oscuro manto de impunidad.

La represión estatal actual en Argentina se ha llevado la vida de más de 8.700 personas en las últimas 4 décadas de gobiernos constitucionales que el poder político y económico nos invitarán a celebrar durante todo este año. Entre el kirchnerismo y el macrismo, polos de disputa del poder en esta coyuntura política, concentran el 82% de los casos de gatillo fácil, torturas seguidas de muerte en lugares de encierro, desapariciones forzadas y crímenes de género de uniforme. La represión crece gobierno tras gobierno y se profundiza con cada crisis económica.

JUSTICIA A MEDIAS

El proceso de juzgamiento a los genocidas de la última dictadura en Argentina ha sido elogiado de derecha a izquierda como un ejemplo a seguir en Latinoamérica y el mundo. Hasta un film ha intentado ficcionar su origen recientemente. Pero visto desde quienes nos involucramos todos los días en esa lucha, que es política antes que jurídica, la situación es menos auspiciosa. Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003, el inicio efectivo de los debates en 2006, y hasta el 22 de diciembre de 2022 el Estado argentino efectivizó 295 juicios con sentencia y como resultado se dictaron 1.500 condenas y hubo 229 absoluciones, todo ello por un universo de 10.000 víctimas. Por lo tanto, tomando como referencia los 200.000 efectivos que actuaron en la represión y los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los responsables del genocidio condenados representan menos del 1% del real actuante en el esquema represivo y menos de 1,5 represor por cada CCD. Para completar el cuadro, el 77% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, y unos 1.500 represores imputados están en total y completa libertad. Como hemos dicho en otras oportunidades, los juicios a los genocidas llevan 16 años de demoras y desprolijidades y por razón lógica y biológica no pueden durar otra década y media porque ya no habrá a quien juzgar.

Casi 17 años nos separan de aquel juicio al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, Director de Investigaciones de La Bonaerense de la dictadura y símbolo del esquema represivo conocido como “Circuito Camps”. Algunos recordaron tal debate oral como un mojón de justicia para iniciar el camino de la reparación de delitos gravísimos que estaban pendientes hacía entonces 3 décadas. Para nosotros, que trabajamos años por la anulación de las leyes de impunidad, luego por la instrucción de causas completas y más tarde lo venimos haciendo en los debates orales parciales y tardíos que propone el Estado, aquel debate de 2006 significó, junto al proceso contra el represor Julio Simón (“Turco Julián”) que inició después y concluyó antes, el primer debate realizado en el país tras la anulación de las leyes de impunidad. Pero significó esencialmente que esa impunidad nos volvió a caer como un mazazo con la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, testigo de la querella de Justicia Ya La Plata en ese proceso, secuestrado en etapa de alegatos por elementos de La Bonaerense S.A. cercanos a Etchecolatz con la clara misión de paralizar ese y otros juicios contra los genocidas. Hoy esto está claro. En ese momento pocos se animaban a decirlo como era, principalmente el kirchnerismo en el poder: un ex detenido desaparecido en la dictadura vuelto a desaparecer en democracia. Una nueva figura en el largo decálogo de crímenes de Estado en nuestro país.

Desde entonces aquella marca de impunidad atraviesa todo el proceso de juzgamiento de los genocidas. Como sabemos la declaración mundial de la pandemia por el Coronavirus y la sanción local en marzo de 2020 de medidas sanitarias de aislamiento social preventivo y obligatorio produjeron un parate en muchos ámbitos de la actividad esencial estatal. La justicia federal no fue la excepción pero, como en muchos otros ámbitos de la actividad del fisco, se tiende a culpar a la pandemia de males que venían de viejo lastre. Desde nuestro espacio hemos señalado el escenario de aletargamiento y pereza del Estado para agilizar la realización de los juicios a los genocidas, y sus consecuencias concretas en mayor impunidad. Como venimos describiendo hace años, el proceso de los juicios a los genocidas se encuentra asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucción de las causas y los debates orales, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el fugaz y fallido 2×1, las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva.

En efecto, la modalidad de detención domiciliaria representa el 77% de la laxitud con que el estado pretende sancionar a los responsables de los mayores crímenes cometidos en nuestra historia reciente: 549 represores siguiendo cómodamente los juicios o cumpliendo condena desde sus casas, sólo 108 ocupando las instalaciones privilegiadas del Servicio Penitenciario Federal a que no acceden otros presos por delitos federales, y unos 60 más en dependencias militares. Este dato, tres parte de los genocidas «detenidos» con beneficios que la mayoría de los presos sociales no tienen, define al proceso general de los juicios a los genocidas como un hecho más simbólico que efectivo e irá profundizándose en los proximos años si sigue vigente el criterio de que un criminal de lesa humanidad es visto sólo como un pobre geronte sufriente.

Un punto urgente en el reconocimiento del Estado de los horrores cometidos en los CCD del Genocidio es el de los delitos sexuales, ya que sólo el 16% de los represores condenados (154 sobre 1.114) recibieron penas por este tipo específico de crímenes, cuando sabemos que los abusos sexuales fueron prácticas sistemáticas tanto contra mujeres como contra hombres en los campos de exterminio de la dictadura y deben ser reconocidos como delitos autónomos, distintos al de la tortura. El hecho de que se trate de delitos de acción privada, es decir que requieran el consentimiento de la víctima para instar la acción penal, no debe ser una excusa para no investigar y ni sancionar esos hechos.

A 46 años del golpe genocida la manera parcial de juzgar a los genocidas -que se reproduce en prácticamente la totalidad de los juzgados del país- resulta funcional a los intereses políticos, tanto de aquellos que pretenden mantener la impunidad absoluta, como de quienes pregonan que es suficiente con juzgar a unos pocos asesinos paradigmáticos. En La Plata conseguimos en 2015 el primer fallo de un tribunal oral federal del país que reconoce la comisión del delito internacional de Genocidio, en este caso en la causa por los crímenes de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada Argentina en nuestra región. Sucede que esa sentencia fue revocada por la Sala 2 de Casación con el argumento de que el grupo nacional atacado no cuadra en la disposición del Convenio internacional, que excluye a las víctimas como «perseguido político». Reconocer tal cosa hubiera comportado un importante cambio simbólico y político en el reconocimiento  de la magnitud de los crímenes de Estado cometidos durante la última dictadura. Desde el espacio Justicia Ya de La Plata se planteó la condena por Genocidio desde 2006, en el juicio al genocida Etchecolatz donde desaparecieron por segunda vez a Jorge Julio López. En aquel entonces se lo hizo en soledad, por el rechazo de otros organismos de Derechos Humanos o querellas del propio Estado. Hoy casi ninguna querella, incluido el Ministerio Público Fiscal, esquiva el planteo de llamar a la aniquilación de una parte específica del grupo nacional argentino por su nombre: Genocidio. Nos preguntamos qué sucede entonces cuando el propio Estado argentino, que aún no ha reconocido plenamente el Genocidio, nos plantea de manera oportunista como hizo la gestión del Secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti, juzgar sólo a los genocidas que no hayan sido parte de ningún proceso anterior o utilizar la ley penal para castigar el negacionismo del genocidio de la última dictadura. El secretario Pietragalla no ha manifestado similar entusiasmo para aportar a la apertura de los archivos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que existen en poder del Ministerio de Defensa y que aportarían de manera definitiva a ampliar y completar las investigaciones de los delitos del Genocidio, tanto como a la restitución de la identidad de las más de 300 personas que habiendo sido apropiadas durante la dictadura aún desconocen su origen familiar.

Ni hablar del reconocimiento de la participación estatal en sus propios crímenes actuales, otros genocidios silenciados, como la persecución y encarcelamiento a pueblos originarios en lucha por su soberanía, las desapariciones forzadas en democracia, el gatillo fácil, las torturas en cárceles y comisarías, las desapariciones en las redes de trata, los femicidios o los trans-travesticidos.

EL OTRO GENOCIDIO

La represión estatal actual en Argentina se ha llevado la vida de más de 8.700 personas en las últimas 4 décadas de gobiernos constitucionales que el poder político y económico nos invitarán a celebrar durante todo este año. La modalidades del gatillo fácil, las torturas seguidas de muerte en lugares de encierro, las desapariciones forzadas y los crímenes de género de uniforme siguen siendo moneda corriente en el país de los 30 mil desaparecidos. La repartición de responsabilidades es pareja para todas las gestiones, pero el kirchnerismo es el campeón de la represión, con el 60% de las muertes producidas por el aparato represivo en 15 años de gestionarlo. El macrismo, gran alumno de la última dictadura, lo sigue con un amenazante 22% de los casos en 4 años, teniendo en cuenta que se proponen como la alternativa política actual. La represión crece gobierno tras gobierno y se profundiza con cada crisis económica.

En la provincia de Buenos Aires la represión viene creciendo gobierno tras gobierno. La policía y los carceleros de Kicillof produjeron más de 600 muertes en lo que va de su mandato. Eso queire decir que en tres años de gestión han casi duplicado las muertes causadas por el aparato represivo en la gestión de Vidal-Ritondo, y cuadruplicado las más de 800 muertes causadas por la gestión Scioli-Casal-Granados en 8 años.

La tarea de Kicillof-Berni fue realmente devastadora para la población bonaerense. Como le gustaba decir a Kicillof cuando asumió, vivimos en una tierra arrasada… pero arrasada por la represión. El jefe político actual de La Bonaerense, el carapintada Sergio Berni, sigue manejando a la fuerza represiva más grande, más corrupta y más asesina del país. Berni capitaneó la represión en cuarentena : convirtió a Villa Azul y Villa itatí de Quilmes en verdaderos guetos y se enorgulleció de ello, echó con balazos y topadoras en Guernica a las familias que buscaban tierra para vivir, justificó al policía asesino Luis Chocobar cuando fue llevado a juicio, y se encargó de encubrir sistemáticamente a los policías señalados por la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro y por las torturas seguidas de muerte de Daiana Abregú en Laprida y de Alejandro Martínez en San Clemente. 

Denunciamos claramente que, gobierne quien gobierne, la represión sigue siendo una política de Estado. Por eso están presentes en nuestro reclamo todos los pibes y pibas que nos arrebataron con la represión estatal. Son muchos los nombres que tenemos presentes. Sabemos que hay más de 8.700 personas asesinadas por las fuerzas represivas en los últimos 39 años de democracia. Sabemos que que el 60% de los casos corresponde a las gestiones de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández. Y otro 22% a la de Mauricio Macri. Estos no son sólo números, o frías estadísticas, son las vidas de más de 5.800 personas en las últimas gestiones.

Sabemos que todos los gobiernos asesinaron y desaparecieron a nuestros pibes y pibas: Ahí están impunes los casos de Luciano Arruga, Julio López y Omar Cigarán, producidos en la gestión de los Kirchner, Felipe Solá y Daniel Scioli. También están impunes la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, producida por el gobierno de Mauricio Macri y su ministra Patricia Bullrich, y las masacres de San Miguel del Monte y de la Comisaría tercera de Esteban Echeverría en la provincia gobernada por María Eugenia Vidal y su ministro Cristian Ritondo. En el caso de la masacre de la Comisaría primera de Pergamino, con la lucha de los familiares se consiguió un juicio oral, con algunas condenas menores bajo la figura engañosa del «abandono de persona», pero el Estado sigue sin reconocer que dejar morir en prisión también es asesinar.

Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en las cárceles siguen creciendo: superpoblación, hacinamiento, falta de aceso a la salud, una muerte día por medio y más de 45.000 hechos de torturas o malos tratos denunciados por año en las dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense. Las causas armadas siguen siendo moneda corriente con los mamarrachos judiciales de la institución Policial en complicidad con el Poder judicial en su conjunto, como en los casos de Ezequiel Bazán, Jorge Daniel López, Oscar Vega, Marcos Bazán y tantos otros pibes y pibas, a quienes les arman causas con penas durísimas, incluso algunos enfrentan prisiones perpetuas que destruyen tanto a quienes las padecen como a sus familiares. Este mecanismo de represión solapado y sin costo político alguno es  muy utilizado desde el propio Estado para disciplinar a los jóvenes de nuestros barrios y también  para encarcelar a los  que luchan y se rebelan a diario  contras las políticas de hambre y represión que venimos sufriendo los sectores más empobrecidos de nuestro pueblo.

Los crímenes transodiantes se han agudizado en nuestra región, como ocurrió en los casos de Tehuel De la Torre y Soraya De la Fuente, una trama de impunidades donde también son cómplices la policía y la justicia. Seguimos gritando «!Donde está Tehuel!» y exigiendo que el juez Martín Miguel Rizzo de Cañuelas condene a los responsables de ese crimen de odio. Seguimos señalando que 1 de cada 5 femicidios son cometidos por agentes de las fuerzas represivas del Estado y que La Bonaerense tiene en sus filas a más de 6 mil agentes denunciados por violencia de género.

El oficialismo kirchnerista, responsable de la mayoría de los hechos represivos en democracia, quiere lavarse la cara impulsando una ley integral contra lo que ellos llaman “Violencia Institucional”, cuando lo que hacen es seguir utilizando el aparato represivo para torturar, matar y desaparecer a nuestros pibes y pibas. Por eso decimos que no hay violencia institucional cuando se usa el aparato represivo. Eso se llama Represión Estatal, le guste a quien le guste.

DEMOCRACIA AÑO CERO

En nuestro país la tradición liberal marca un mojón como inicio del proceso democrático moderno de nuestra historia en 1916, con la aplicación de la ley electoral restrictiva que se dio en aquellos años. La tradición nacional y popular lo hace en 1945, con la irrupción del movimiento justicialista que otorgó concesiones a cambio del apoyo popular a su proyecto político. A quienes observamos el devenir histórico como una continua lucha independiente de la clase trabajadora por la conquista de sus derechos se nos hace más difícil esa tarea sin caer en olvidos, omisiones o simplificaciones. Este año el país cumple 40 años ininterrumpidos de gobiernos constitucionales a los que cuesta cada vez más llamar democracia. El hecho está siendo utilizado por las instituciones y grupos de poder para instalar una agenda de debate sobre «los logros que conseguimos», así como sobre las «deudas pendientes». La base de esa posición, que comparten el Estado, los poderes económicos y las ONG globales financiadas por las buenas intenciones, es plantear que hoy Argentina es un país más inclusivo que hace 40 años, que reconoce y garantiza los en la formalidad los derechos civiles y políticos, que ha logrado la erradicación de la violencia política y ha avanzado en la igualdad de oportunidades, especialmente a través de políticas de género y  de «inclusión». A la par, su contracara, las 9 crisis económicas de las últimas 4 décadas, la falta de crecimiento económico, la desigualdad social y la pobreza estructurales son vistas como «deudas» en las oportunidades de las generaciones futuras.

No resulta novedoso ni sorprendente que todos los sectores del poder político, económico y académico acuerden en este planteo y difundan diagnósticos y agendas pseudo propositivas para impulsar «diálogo público participativo» en pos del tan mentado «desarrollo sostenible». Así lo hace el Estado con el tercer Foro Internacional de Derechos Humanos a realizarse este año en el país, o el CIPPEC, una de las ONG globales más influyentes y de mejor caja, con su Programa «#40D».

Más curioso es que, cuando hoy gobierna el kirchnerismo, algunos espacios destaquen especialmente la aceleración de la tasa represiva en el macrismo, blandan el fantasma de la derecha acechante que vendrá a profundizar la represión y le propongan al gobierno actual una agenda antirrepresiva que evidentemente no están dispuestos a aplicar porque su política es otra. Vemos con preocupación el giro político que han dado algunos espacios antirrepresivos al decir que «no todo da igual, aunque haya mucho por reclamar». Nos parece una falsa discusión mentar si los gobiernos son todos iguales, tanto como hacer una hermenéutica de las especificidades represivas de cada uno. Claro que no es lo mismo gobernar 4 años que 12. Pero sucede que aquí hay una continuidad progresiva en la represión que es inocultable. Además, como señalamos, si aplicamos la aceleración de la tasa represiva exclusivamente a la gestión de la provincia de Buenos Aires la actual gestión kirchnerista no tiene competidores. Las vidas de lxs pibxs que se lleva el aparato represivo tienen responsabilidades políticas concretas, y los señalamientos deben abarcar su real carácter político más allá de cada gestión. Como ejemplo ponemos la figura de Aníbal Fernández, uno de los respondables de la masacre de Avellaneda y oscuro personaje del PJ bonaerense que desde la gestión de Eduardo Duhalde viene manejando los hilos de la represión estatal. Quitarle al kirchnerismo su continuo represivo cuando los personeros de esa dinámica son en muchos casos los mismos políticos, es hacerles un favor de relativismo que ni ellos mismos se pusieron a elaborar como excusa política.

Por lo demás, creemos que no es tarea de las organizaciones populares hacerle la agenda política a los partidos del sistema, porque ni siquiera el contingente planteo de que se salvará con ello una sola vida es suficiente. Es que esta democracia «formal, insuficiente, condicionada, burguesa, y cuanto adjetivo querramos adicionar», la que hoy administra la rancia derecha de Aníbal Fernández y Sergio Berni, la misma que pretenden volver a gestionar los Macri – Bullrich – Rodríguez Larreta, es el mejor sistema de dominación que han sabido construir los ricos y poderosos de este país para postergar nuestro sueño común de construir una sociedad sin explotación, sin opresión y sin represión.

A 47 años de la noche y niebla argentina, nosotros seguiremos exigiendo:

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES!

CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA!

JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

BASTA DE BENEFICIOS A LOS GENOCIDAS!

BASTA DE DILACIONES Y PEREZA DEL ESTADO!

BASTA DE GATILLO FÁCIL, DESAPARICIONES FORZADAS, TORTURAS Y MUERTES EN LUGARES DE ENCIERRO, Y CAUSAS ARMADAS POR LA POLICÍA Y LA JUSTICIA!

TODOS LOS GOBIERNOS TORTURAN, FUSILAN Y DESPARECEN!

NO ES VIOLENCIA INSTITUCIONAL, ES RERESIÓN ESTATAL!