(Por Laura Ginsberg y Pablo GitterI/Apemia )El resumen oficial de la sentencia dice que “el Estado utilizó su propia capacidad e institucionalidad para desviar la investigación a través de una serie de irregularidades… y el abandono deliberado de algunas líneas de investigación”. Por ello “todavía no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación. (…). Las múltiples falencias del Estado en la determinación de la verdad histórica sobre el atentado y su responsabilidad directa en las maniobras de encubrimiento han quedado establecidas…”.

Reconocieron 30 años de impunidad por la responsabilidad y acción deliberada del Poder Ejecutivo, el Judicial y la Fiscalía. El Estado puso toda su capacidad para obstaculizar y encubrir “la verdad histórica sobre el atentado”. Nada de ello podría haberse hecho sin la colaboración del Congreso nacional, y la complicidad de sus socios de DAIA/AMIA y de otros Estados (Israel, EE.UU., etc.).

Si Argentina actuó así, ¿cómo no pensar que la acusación internacional es una Historia Oficial, una construcción falaz para ocultar la responsabilidad criminal local, tal como se comprueba en los archivos secretos de la SIDE a disposición del juez?

La sentencia evidencia que el pueblo argentino es víctima de un pacto de impunidad que lleva 30 años.

Las reacciones contra la condena que se avecinaba empezaron antes de conocerla. En abril, Casación negó la responsabilidad del Estado en el encubrimiento del atentado y acusó a Irán de su autoría. Con esta orientación, exculparon a Galeano, los exFiscales, la dirección de SIDE y de la Policía Federal por el encubrimiento al que habían sido condenados.

En paralelo, la Fiscalía reconoció, en un informe también secreto, que la SIDE fue alertada por agencias amigas y sabía que el atentado se iba a cometer.

Ahora, el ex jefe de la SIDE Miguel Angel Toma, que ocupó distintos cargos ejecutivos y legislativos siempre vinculados a los “sótanos” del sistema, se atrevió a defender la Historia Oficial. Reivindicó su viejo informe -secreto hasta hace días– atribuyéndole un cambio del encuadre jurídico del atentado para sacarlo del análisis de la responsabilidad local y ponerlo en la órbita del supuesto terrorismo mundial.

Es exactamente lo que la Corte criticó: el abandono deliberado de pistas… Para colmo, Toma defendió que las pruebas de su informe siguieran siendo secretas.

La reacción del gobierno permanece oculta pero está en la misma frecuencia. Horas antes de conocerse la sentencia, la AFI apeló lo resuelto por el juez Lijo tratando de evitar el acceso de los Fiscales a información de los archivos secretos en poder del organismo.

La Corte IDH puso de relieve la necesidad de acceder a los archivos secretos. La restricción para conocerlos es una política deliberada del Estado argentino para obstaculizar la búsqueda de la verdad. Los archivos oficiales son prueba irrefutable de lo acontecido y permitirán develar la verdad de tamaño crimen.

Vemos difícil que el Estado nacional remueva realmente los obstáculos que pone, cuando amenaza con sanciones penales o nos niega cualquier investigación independiente para conocer la verdad.

Desde APEMIA nos proponemos entregar de manera pública las primeras conclusiones del análisis de los documentos oficiales. El trabajo realizado en los últimos 2 años respalda la hipótesis sobre la responsabilidad del Estado argentino en la masacre de nuestros familiares y amigos en la AMIA, y muestra la construcción de una Historia Oficial contra la Verdad en este crimen de terrorismo de Estado en democracia.

Abrir los archivos secretos es la condición para terminar con este pacto de impunidad.

Laura Ginsberg y Pablo Gitter, integrantes Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA)