Participan familiares de Mauro Coronel, Gury Farfán, Facundo Castro, Daiana Abregú, Alejandro Martínez  y la perito forense Virginia Créimer.

Organiza RESISTIENDO – Colectivo Nacional Contra la Represión Estatal

JUEVES 20/10 – 19 HS – Seguilo por el Facebook de Resistiendo: https://www.facebook.com/colectivo.resistiendo

Las muertes por torturas en sede policial o penitenciaria no son, en el país de los 30 mil detenidos desaparecidos, cosa del pasado. De hecho las muertes ocurridas en lugares de encierro son la primera causa de asesinatos cometidos por las fuerzas represivas del Estado en todo el país. Cuando asomamos a la problemática de la tortura podemos tender a pensar sólo en los hechos más graves, como maltratos físicos en técnicas como la picana o el “submarino seco”, sin embargo la tortura es reconocida ampliamente por la legalidad imperante como la provocación del padecimiento físico o psicológico de la persona para mortificarla o para que confiese algo. Sucede que el Estado no reconoce nunca plenamente la gravedad de sus crímenes, y así las desapariciones forzadas se investigan como “búsqueda de paradero”, el gatillo fácil como “legítima defensa” y en el caso de las torturas como “apremios” o como “severidades y vejaciones”. Si es que se investigan.

Los informes de la Procuración Penitenciaria de la Nación señalan que en el período 2011-2020 se registraron más de 13.581 denuncias por torturas y malos tratos en dependencias penitenciarias y policiales en todo el país, hechos que engrosan el Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos Tratos. Además de las agresiones físicas a los detenidos, el hecho más frecuente, se destacan también como tortura o maltrato las malas condiciones materiales de detención, las requisas vejatorias, el aislamiento, las amenazas, las deficiencias en alimentación o acceso a la salud, el robo o daño de pertenencias de los detenidos, el traslado gravoso y el impedimento de vinculación familiar o social.

En muchos casos vemos que sólo la lucha de la familia de las víctimas, junto a una representación legal y un acompañamiento pericial aguerridos, pueden destrabar el laberinto de impunidad que  el Estado edifica para confundir las investigaciones de sus propios crímenes. En ese sentido vemos una creciente “cientifización” de la impunidad que intenta meter la investigación en una discusión técnica que, además de ser excluyente para las mayorías, nos presenta nuevas maneras de construir sentido sobre lo que significa morir a manos de las fuerzas represivas estatales.

Como señala el doctor Oscar Losetti, el Estado está obligado a considerar especialmente e investigar todas las muertes ocurridas “en custodia”. Si una muerte en esas circunstancias se presume natural, deberá siempre tratarse como una muerte de causas sospechosas de criminalidad, si se define como obviamente violenta debe investigarse para discernir si se trató de un suicidio/homicidio, suicidio/accidente o un homicidio/accidente. Y así en todos los casos corresponde un autopsia medicolegal para dilucidar la cuestión. (cfr. Oscar Losetti, “Muerte en custodia, una mirada medicolegal”, en “Las ciencias forenses y los Derechos Humanos en Argentina”).

Pero el criterio general que observamos en muchos casos de represión estatal es bien otro. La existencia de un modus operandi para el encubrimiento del accionar policial en los casos de muertes violentas de personas privadas de su libertad ha sido denodadamente denunciado por la perito Virginia Créimer a partir de las causas en las que le tocó intervenir. La perito denuncia que si en un momento los armados eran tan burdos que permitían reconocer fácilmente los errores u omisiones que se desplegaban, se empieza a develar que ese accionar se realiza dentro de una “caja” , es decir un sustento económico y técnico desde estratos oficiales para perfeccionar la intervención sobre el lugar de los hechos y realizar un armado entre las dependencias periciales de las distintas fuerzas represivas para dificultar el esclarecimiento de los casos. La impunidad parece hoy construirse con la pretensión de seriedad investigativa y respaldo pseudo científico, pero también hay profesionales de la ciencia forense que arriesgan su carrera y en el acompañamiento del esclarecimiento de los crímenes de Estado.

Parte de estas problemáticas intentaremos reflejarlas en la charla de este jueves 20 de octubre. Nos acompañarán familiares de personas asesinadas en custodia estatal, como ser los casos de Mauro Coronel (muerto a consecuencia de las torturas sufridas en la comisaría 10ma de Santiago del Estero en mayo de 2020), Jorge David “Guri” Farfán (torturado y asesinado por la Policía de Salta en la Comisaría del barrio Santa Ana 1 en febrero de 2019), Facundo Castro (desaparecido y asesinado por la policía bonaerense en Mayor Buratovich en abril de 2020), Daiana Abregú (asesinada en la Estación de Policía Comunal de Laprida en junio de 2022), Alejandro Martínez (asesinado en la Comisaría 3ra de San Clemente del Tuyú en noviembre de 2021), y la perito forense Virginia Créimer, dedicada profesional de la ciencia forense que es autora del libro “La ciencia forense y los Derechos Humanos en Argentina” (Maipue 2019), y ha intervenido en causas de represión estatal en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro, Santa Fe y otras.

ORÍGENES – CONTINUIDADES

Se ha dicho hasta el cansancio que el fin último del Genocidio desplegado en nuestro país durante la última dictadura, por la vía del ocultamiento sistemático del destino final de una generación blanco de la represión estatal y la negación de sus diversas motivaciones de lucha, fue la utilización de ese apagón a la memoria como mensaje mafioso a la sociedad toda. Es que el último eslabón en la cadena del Plan Sistemático de secuestros, torturas, violaciones, apropiaciones y desapariciones, digamos la mecánica de la cosificación de los cuerpos y la responsabilidad penal de la veta médico-policial del esquema represivo lejos está aún de ser siquiera reconocida por el Estado. Algunas condenas mínimas a médicos policiales del área de Medicina Legal de La Bonaerense SA en juicios de lesa humanidad por falsear causales de muerte, utilización operativa de tumbas NN y asentamiento irregular de defunciones en libros y fichas oficiales, ilustran la situación. Un ejercicio interesante es cotejar las terribles coincidencias entre las modalidades, excusas e invenciones con que justificaron su accionar los médicos policiales para encubrir el genocidio desde la Morgue Policial de La Plata, en contraste con las impunidades desplegadas desde la gestión estatal de la provincia de Buenos Aires y el municipio platense en la misma Morgue, con las víctimas fatales del crimen social de las inundaciones del 2 de abril de 2013. Esa maquinaria burocrática desaparecedora de cuerpos parece estar aún vigente en cada caso que comprometa la responsabilidad estatal en hechos represivos. Un extenso desarrollo de esta cuestión puede verse en una nota realizada por J.C.A. para HLP aquí https://hijosprensa.blogspot.com/2014/06/la-burocracia-desaparecedora-de-cuerpos.html

LOS CASOS

Mauro Ezequiel Coronel, un joven santiagueño de 22 años, padre de 4 niñxs, que fue detenido el viernes 1° de mayo de 2020 en la Comisaría 10ma de la capital santiagueña y producto de las torturas allí recibidas falleció en el Hospital Regional local cuatro días después. Su madre, Laura Coronel, fue a la comisaría tras enterarse de la detención y escuchó los gritos de su hijo que venían desde el fondo. En un descuido del personal policial, la mamá de Mauro logró ingresar hacia la oficina donde estaba su hijo y observó que se encontraba arrodillado, con una bolsa de nylon en la cabeza y rodeado de unos cinco policías, mientras gritaba “¡mamá sácame de acá me están matando!… ¡Ma, ayudáme!”. Los policías retiraron a Laura del lugar pero siguió escuchando los gritos por un rato hasta que se hizo silencio. Después de eso a Laura le negaron que Mauro estuviera en esa dependencia y tuvo que hacer un recorrido en vano por otras. Finalmente encontró a Mauro en una cama del hospital custodiado por dos policías. Estaba desfigurado por los golpes y vomitaba sangre.

En el hecho se conoció un video probablemente filmado por los policías, donde se ve a Mauro en ropa interior atado a un palo en el patio de la comisaría, con signos de golpes y donde le echan agua y se burlan de él. La imagen no difería mucho de lo sucedido en cualquier campo de concentración y exterminio del mundo en el siglo XX. El informe forense realizado sobre el cuerpo del joven reveló que falleció por paro cardiorespiratorio debido a una falla multiorgánica y que presentaba múltiples traumatismos en la cabeza, los brazos, el abdomen y las piernas que le produjeron hematomas y una infección generalizada.

La causa por el asesinato de Mauro no ha avanzado, y la justicia quiere determinar que Mauro murió de neumonía, como si no hubiesen existido el amarramiento vejatorio a un palo como en la edad media, los golpes, el agua fría en invierno y sabrán los policías de la 10 ma cuantas cosas más. Además el ministro de Gobierno y Seguridad de la Provincia de Santiago del Estero, Marcelo Barbur, intentó instalar que la detención de Mauro fue por un hecho de violencia de género y no en el marco de la cuarentena por el Covid-19, como si eso justificara el evidente accionar represivo de su policía, y que “no fue una muerte por violencia, sino por un cuadro infeccioso”.

Jorge David “Guri” Farfán murió tras ser robado y golpeado por un grupo de personas en la calle, luego detenido y torturado por la Policía de Salta en la Comisaría del barrio Santa Ana 1 el 8 de febrero de 2019. Otra muerte a manos del aparato represivo en cuya investigación hubo encubrimiento y manipulación desde el principio. A más de 2 años de ocurridos los hechos, el asesinato de Jorge “Guri” Farfán sigue impune y la justicia de Salta aún no determinó cómo y porqué fue asesinado. Los fiscales quisieron llevar el caso a una discusión técnica, para avalar la teoría de que la causal de muerte habría sido provocada por un edema pulmonar y paro cardio -respiratorio, atribuido al consumo de drogas. Sin embargo los primeros análisis de la autopsia realizada al cuerpo de Guri dieron negativo y marcaron que no había registro dosable de drogas. Allí un informe del médico Marcos Cabezas dijo que la causal de muerte era traumatismo de cráneo, certificado en un encéfalo hematoma y en un edema cerebral que le produjo micro-hemorragia en sustancia blanca.

El Cuerpo de Investigadores Fiscales de Salta (CIF) no puede afirmar que Guri murió de intoxicación porque no hay elementos que así lo certifiquen. En una junta médica donde estuvieron presentes el traumatólogo Miguel Matteo, sugerido por el Colegio de Médicos de Salta, y la médica del Servicio Médico Forense del Poder Judicial salteño, Ana María Vega, quedó en evidencia que los peritos oficiales se deshacen de la tarea de descartar un hecho criminal ocurrido en custodia del estado, tarea obligatoria en estos casos.  Si la familia de Guri no hubiera puesto un perito de parte la teoría oficial hubiera pasado sin cuestionamientos. Porque quedó claro que Guri tenía golpes, hematomas y escoriaciones en la cabeza, en el cuello y en el pecho. Tenía visiblemente morada la zona pectoral, rastros de golpes en la cabeza y sangre en la nariz. Esos elementos fueron agregados a la junta médica pero para la fiscalía no tenían relevancia porque según ellos “los golpes no eran de una envergadura tal para causarle la muerte a una persona”. Ocultan los fiscales que en el primer informe un médico afirmó que la causa de muerte fue traumatismo de cráneo y de tórax. Y se dedican todo el tiempo a ensuciar a la víctima buscando una causal de intoxicación que no existió y que hoy es incomprobable por el paso del tiempo. El perito de la familia, Benito Mena, dijo que las lesiones traumáticas leves o moderadas pueden provocar la muerte, aunque en casos muy restringidos cercanos al 1% de los casos, y que su efecto fisiopatológico provoca resultados de infarto de corazón o bien edema pulmonar o cerebral, lo cual sería la causal de muerte. A su vez, Mena explicó que tal mecanismo es similar a la causal de muerte en un caso de abuso de drogas, pero en este caso el análisis anatopatológico y toxicológico practicados al cuerpo de Guri dieron por resultado que no había restos letales de drogas en su cuerpo. Sin embargo, y aún con el análisis de orina que no puede indicar la cantidad de droga pretendida por los fiscales y descartaría que la muerte haya sido producida por intoxicación, con el de sangre que se realizó a los 8 meses y no es valedero, además del análisis de humor vítreo que dio negativo de cocaína y el de pool de vísceras que no se realizó, y con las lesiones visibles en el rostro, en el cuello y en la cabeza, evidentemente producidas por traumatismos practicados por los agentes policiales que lo detuvieron, los peritos del Estado salteño se niegan a aceptar que a Guri lo mató a palos la Policía de Salta. En ningún momento explican cómo pudo morir de sobredosis un chico joven y sin antecedentes médicos de patologías cerebro-vasculares, cuyos análisis no arrojan elementos que puedan servir a la teoría de la muerte súbita por intoxicación. Y se niegan a reconocer, aún con análisis del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que la base de las lesiones que presentaba el cuerpo son el único elemento que determinaría la posibilidad de una causal formal de muerte en el marco de una detención violenta de parte de las fuerzas de inseguridad.

En el caso de Facundo Astudillo Castro, joven asesinado tras ser detenido en Mayor Buratovich por La Mejor Maldita Policía del Mundo en abril de 2020 y por violar la cuarentena obligatoria durante la pandemia de Covid 19, hay muchas preguntas sin responder. En principio la autopsia del cuerpo de Facundo se dio en un “falso ateneo de peritos” donde se generó un informe direccionado, con consideraciones y conclusiones, impidiendo que la perito de la familia ejerza su derecho. Así, estuvieron en el acto cinco forenses del EAAF (organismo nombrado perito oficial), cinco del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia, una perito del Conicet, tres de la Universidad Nacional del Sur, y Virginia Creimer como perito de la familia de Facundo, referente de la Consultora Pericial de Ciencias Forenses. Pero para cuando la perito de la familia llegó, el informe ya había sido firmado, no dando lugar a la discusión.

Para continuar la autopsia de Facundo fue realizada sin tener en cuenta el contexto en el que sucedieron los hechos, su detención por efectivos de La Bonaerense SA, y sin respetar el Protocolo de Minnesota, un modelo recomendado internacionalmente desde hace casi 30 años para la investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, y está orientado a evitar que los funcionarios del Estado sospechosos de cometer estos crímenes graves puedan actuar o influir en la investigación. Además los primeros trámites de la investigación federal fueron direccionados para salvar a la policía y no para investigar realmente los hechos. Sobre la fecha de muerte tampoco no hay certeza: “No surgen elementos que permitan suponer que los restos humanos hayan estado en otro ambiente distinto al del hallazgo durante el intervalo postmortem”, que según el informe “sería no menor a 30 días”. Sumado a esto la jueza federal Gabriela Marrón relativizó el borrado de mensajes y aplicaciones en los celulares secuestrados a los policías implicados y los informes que certifican el movimiento del patrullero en que habrían llevado a Facundo, cuando la versión oficial insistía en que nunca se movió del lugar donde estaba realizando el control y que Facundo nunca estuvo en ese vehículo.

Las hipótesis que maneja la querella son muerte por politraumatismos que pueden incluir submarino seco (del cual resulta la evidencia llamada “diente rosa”) y el descarte del cuerpo en el lugar del hallazgo. Pero no es la querella sino el Estado quien tiene que dar esas explicaciones. En cambio el encubrimiento en la causa de Facundo fue desde la Jefatura Departamental 19 de Bahía Blanca hasta el propio ministro de Inseguridad Sergio Berni. Hasta la jueza Marrón, apartada de la causa tras un año y medio de demoras, habló en uno de sus fallos de “la ciencia y la técnica” que ayudarían a esclarecer el hecho, aunque para apoyar su visión de la causa. La misma ciencia y técnica que no pudo decir si en Villarino Viejo hubo suicidio, homicidio o accidente, aunque algunos vayan por la tercera opción como la única. Lo cierto es que esa verdad es la que los policías bonaerenses Siomara Flores, Alberto González, Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhuinca quisieron ahogar en un cangrejal.

Daiana Soledad Abregú, una joven madre de Laprida, fue demorada por la policía el 7 de junio de 2022 cerca de las siete de la mañana a la salida de un boliche por “adulteración del orden público” y por provocar daños en un vehículo estacionado. Fue trasladada a la Estación de Policía Comunal de Laprida y horas más tarde fue encontrada muerta en una de las celdas. El parte policial indicaba que Daiana “se quitó la vida, concurriendo ambulancia con médico de guardia del hospital local, continuando con maniobras de RCP, sin lograr su reanimación”. Según los policías “la encontraron fallecida” a eso de las 15.30 del domingo. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y la versión oficial trató de instalar el suicidio. Recién un mes después los cinco policías de La Bonaerense SA que estaban de guardia en la estación policial, Vanesa Soledad Núñez, Juliana Zelaya, Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Di Bin y Leandro Fhur, fueron detenidos. Mientras tanto el ministerio de Inseguridad protegió a los jefes policiales de Laprida Marcelo Amaya y Cristian Barrios y los trasladó a Tres Arroyos. Luego un informe forense señaló que la mecánica era compatible con un suicidio, por lo que los cinco policías implicados fueron excarcelados. No era la primera vez que  Diana se la llevaba la Policía: había estado dos veces en la seccional y, como consejo, les había dicho a sus hermanas menores ‘No hagan lío porque ahí las milicas te matan a palos’. En la dependencia de Laprida hubo cuatro personas muertas por supuestos suicidios en los últimos diez años, y dos casos de personas que sobrevivieron a tormentos policiales. La médica de la Asesoría Pericial de Azul, Claudia Ochoteco, estuvo a cargo de la primera autopsia que indicó que Daiana murió por ahorcamiento, cuando la reautopsia concluyó que no tenía lesiones internas en el cuello ni surco de ahorcamiento y que la muerte fue por asfixia. Por ello los policías fueron indagados por “homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de sus funciones”. Una tercera autopsia indicó que la joven murió por “asfixia mecánica por sofocación” y que su cuello tenía lesiones “con signos de autodefensa”.

Alejandro Nicolás Martínez, un comerciante de 35 años oriundo de Brandsen había ido a San Clemente del Tuyú con una suma importante de dinero para realizar un negocio y se alojó en el hotel Fontainebleau. Al parecer el 18 de noviembre de 2021 sufrió una crisis nerviosa, provocó algunos daños en el hotel y los empleados del lugar lo trataron de calmar. Tras acompañarlo a su habitación llamaron a la Policía, que lo detuvo de inmediato y, en lugar de actuar en atención a una situación de salud mental, lo llevaron a la comisaría 3ra de San Clemente. Las cámaras del lugar registraron la detención, y allí se ve a Alejandro esposado y en calma. cuando se lo llevaron esposado y tranquilo. Horas más tarde murió en la sede policial. A sus familiares les dijeron que había sufrido un paro cardíaco, pero durante la autopsia los peritos forenses revelaron que Martínez tenía golpes y que murió por un mecanismo de asfixia.

En este caso también operó el encubrimiento oficial, ya que a dos días de la muerte de Martínez, Berni salió a hablar en los medios, dijo que las heridas de Martínez era autogolpes “por un brote que tuvo” y acusó a la víctima de haber sido detenido “tres veces en menos de una semana”, que días antes lo habían encontrado “tirado en la calle, totalmente drogado” y hasta que había intentado “robar en una casa” pero “afortunadamente llegó la Policía y lo detuvo”. Además  Berni cuestionó la autopsia realizada en la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, al decir que “No hay nada que me cierre de la autopsia, nunca vi una pericia de este tipo y, la verdad, es bastante superficial. Por eso pedimos una nueva autopsia y nuevas medidas”.

Pese al esfuerzo oficial por direccionar la investigación las autopsias detectaron multiplicidad de lesiones en casi todo el cuerpo de Martínez, desde la cabeza hasta las manos y los pies. Coincidieron en “un cuadro asfíctico tanto por sofocación” (impedimento de ingreso de oxígeno por nariz y boca) “como compresión extrínseca tóraco abdominal” y “asfixia posicional” (sujeción de la víctima boca abajo). Además se halló en el tórax una lesión semicircular de 7 cm, “compatible con el golpe o choque con o contra un elemento figurado” de “una intensidad tal” que le produjo una fractura letal de tres costillas.

Hace poco el Juzgado de Garantías 4 de Mar Del Tuyú elevó la causa a juicio, donde los oficiales José Pereyra, Christian Rohr y Maximiliano Munche, detenidos en Batán, serán juzgados como coautores de “homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento, por el concurso premeditado de más de dos personas y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad abusando de sus funciones”. Otros seis policías, Laura Chiarullo, Evelyn Garófalo, Jaqueline Mansilla, Carla Cantarella, Sandro Mujica y Miguel Boulos están acusados como partícipes secundarios.

Desde Resistiendo – Colectivo Nacional Contra la Represión Estatal seguimos denunciando la represión estatal en todas sus formas, e invitamos a acompañar la actividad de este jueves 20 de octubre para continuar visibilizando la problemática de las muertes impunes ocurridas a manos de las fuerzas represivas del Estado y para profundizar en algunas cuestiones que muy preocupantes que observamos en las investigaciones de esos casos.