Sobre el escritorio del Director estaba impresa la denuncia publicada por Agencia Para La Libertad el 24 de enero del corriente año en la que, sancionados por causas apócrifas armadas por el mismo Servicio Penitenciairo Bonaerense, un grupo de internos era hostigado y privado de beneficios por negarse a pagar coimas al Subdirector Prefecto Juan Domingo Montes de Oca para llevar adelante un proyecto comercial lícito y avalado por dos años de excelente reputación en administraciones anteriores.

Según narran los propios internos, las palabras del Director fueron contundentes: le aseguraba que “no iba a pasar nada, ni con ellos ni con el negocio” si “limpiaban” el nombre de Montes de Oca. La respuesta no se hizo esperar: “primero deshagan esta madeja de mentiras y detengan el hostigamiento; limpien nuestros nombres, déjenos trabajar en paz”.

Las palabras se las lleva el viento. Montes de Oca prohibió, como primera medida, que el personal del Servicio Penitenciario comprara o realizara pedidos en el kiosco de los internos – tal como contaron los propios agentes- y dio curso a la falsa denuncia por tenencia de estupefacientes dando parte al Juzgado de una sanción colectiva (expresamente prohibido por Ley) habiéndose hecho responsable el interno Marcelo Juárez Altamirano en solidaridad con sus compañeros para que no pierdan el proyecto, fruto de años de trabajo y esfuerzo.

Entre el lunes 2 y el martes 3 de febrero fueron separados los internos que compartían la casa donde se desarrollaba el proyecto. En un operativo con una treintena de oficiales desmantelaron el negocio retirando heladeras, cortadoras de fiambre, microondas, balanzas, mercadería, entre otros elementos de valor; debiendo los internos solicitar inventario de los objetos para no ser víctimas también del robo y el saqueo indiscriminado.

Los tres ocupantes de la casa se encuentran recluidos en el régimen intramuros, sin sanción consolidada y separados en diversos pabellones. El juez Ricardo Perdichizzi citó a audiencia para el viernes 6 de febrero y aún no hay noticias de los abogados defensores oficiales. Mientras tanto y lamentablemente, se disolvió un proyecto laboral de reinserción con el cual se veían beneficiados internos y personal del Servicio Penitenciario.

Fuente: Esther González, envío especial para la APL