(Por Kuña Mbarete/APL) “La emergencia obstétrica no es delito” es la consigna con la que se exige la libertad para Ana, detenida desde hace 8 meses en la localidad de Esquina, Corrientes. Ella enfrentará un juicio en los primeros días de agosto que intentará llevarla a prisión perpetua bajo la mirada de un sistema judicial que sigue persiguiendo a las mujeres, negando leyes existentes y desdibujando otras con el simple hecho de criminalizar a una persona que sufrió una emergencia obstétrica en su domicilio. Por lo tanto, es que se convoca a apoyar a Ana del 1 al 5 de agosto en la puerta del Juzgado de Goya, en Corrientes.

En Argentina, país donde hay 1532 personas gestantes criminalizadas por aborto, existen dos leyes que permiten la interrupción del mismo: desde hace mas de 100 años la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) y la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo)  aprobada en diciembre de 2020. Sin embargo lo que le ocurrió a Ana fue una emergencia de salud en su domicilio lo que dio como resultado un feto muerto. Es decir, nunca tuvo vida.

Sin embargo, Ana será juzgada en un claro acto disciplinador de la justicia patriarcal por Homicidio Agravado por el Vínculo o Abandono de persona seguido de muerte. Ambas acusaciones no se sostienen en la realidad de los hechos. Por eso desde la comisión que acompaña a Ana , Libres Las Queremos, surgida de la Campaña por el Derecho al Aborto señalan como desde un primer momento el sistema judicial y la prensa criminalizaron a Ana, imponiendo sobre ella una caratula qué no responde a la realidad. No puede haber abandono de persona cuando no hay persona, y eso solo es considerado a partir de qué se da un nacimiento con vida, lo cual no es el caso.

Desde el Comité de Prevención de Tortura de Corrientes resaltaron las palabras de su abogada Natalia Ávalos quien señalo: “Sufrió un parto domiciliario de un feto muerto”, en lo que se conoce como “parto en avalancha. Ella desconocía el tiempo de gestación, sintió los dolores, no llegó a pedir ayuda y tuvo el parto en la casa. Cuando la llevan a la guardia no la revisan como corresponde, no tuvo asistencia psicológica y tuvo poca asistencia médica. Si bien fue el parto de un feto muerto se la criminaliza como si hubiera nacido con vida”*.

Como señalaron desde el “Libres las queremos” en conferencia de prensa desde Esquina,  «Un 20% de las mujeres podemos pasar por éste tipo de situación de emergencia obstétrica. No todas tenemos los recursos en cuanto a lo económico a la educación para abordar ésta problemática. Inclusive quienes si tenemos los recursos hay que entender que una emergencia obstétrica es una interrupción de la gestación en cualquier período y si es domiciliaria como ocurrió en el caso de Ana, ninguna de nosotras está preparada para afrontar un hecho así. Nos debilita físicamente atravesar un hecho de éstas características, la mayoría de las veces nos desmayamos. Cuando ésto ocurre en la casa la realidad es otra y se afronta como se puede»

Esta situación no es diferente de otras criminalizaciones que sufren las personas gestantes en otras partes del país. Sin embargo la Provincia de Corrientes, conocida por su oposición a la ILE y con una realidad donde el empobrecimiento es crónico, ya cuenta con varias condenadas por este tema, siendo todas ellas del interior de la provincia, en zonas donde el acceso a la salud, la información y el asesoramiento es más complejo y limitado.

En la Unidad Penal N° 3 “Instituto Pelletier” hay 3 mujeres condenadas por esto, una de ellas a perpetua, mientras que las demás con condenas de 8 y 12 años respectivamente. Allí, en 2021, a raíz de un relevamiento realizado por la Red Derechos Humanos de Corrientes y el Observatorio de Conflictos Sociales del Nea, es que se evidencia como cerca de mitad de las condenas por lo que se denomina “ delitos contra la vida” son por abortos, emergencias obstétricas o en el postparto. Y si bien en la gran mayoría estas mujeres estaban en situaciones de violencia de género sus “condenas siguen siendo muy prolongadas (de 14 años a perpetua) en comparación a delitos como el robo o la venta de drogas”**.

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*𝙀𝙡 𝘾𝙤𝙢𝙞𝙩𝙚́ 𝙙𝙚 𝙋𝙧𝙚𝙫𝙚𝙣𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙏𝙤𝙧𝙩𝙪𝙧𝙖 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙢𝙞𝙚𝙣𝙙𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙚𝙢𝙥𝙡𝙖𝙧 𝙣𝙤𝙧𝙢𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙟𝙪��𝙜𝙖𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙥𝙚𝙘𝙩𝙞𝙫𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙜𝙚́𝙣𝙚𝙧𝙤: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078174825629

**Presas en Corrientes: un perfil de las mujeres que la sociedad castiga con el encierro: https://agenciaparalalibertad.org/presas-en-corrientes-un-perfil-de-las-mujeres-que-la-sociedad-castiga-con-el-encierro