(Por Juan Grinberg, desde Córdoba/ APL)Imaginen que viven en la casa de su familia desde hace 4 generaciones, que su bisabuelo ya vivía allí, imaginen que un día llegue la policía y les diga, sin un solo papel que lo compruebe, que ustedes no tienen derecho a estar ahí, que son usurpadores. Ésta es la pesadilla que les toca vivir a Esther Sánchez de 73 años y a su hija Beti de 52,  del Paraje La Parada , Pedanía Candelaria , Departamento de Cruz del Eje , en el lejos de todo, norte cordobés, tienen sentencia de desalojo de su campito familiar, el que habitan desde siempre , como comprueban documentos, firmados por autoridades competentes,  lo atestiguan el jefe comunal, Alejandro Cortez,  vecinos y hasta el veterinario que vacuna a sus animales hace mas de 20 años, solo una justicia ciega, que se enorgullece de serlo, puede “fallar” contra estas dos mujeres campesinas, condenándolas a la “muerte”, a perder su lugar en el mundo,  a quedar en la calle , solas, abandonadas , sufriendo, víctimas de los jueces, que debían defenderlas de esta inseguridad, de la que nunca hablan los grandes medios de comunicación.

 El 21 de marzo de este año , en 76 hojas enredadas y pésimamente redactadas,  en su  opaco estilo, la justicia condena a Esther y Beti Sánchez a la miseria, a salir de la modesta casa y el campito, que habitan con su familia, hace tantos años. Dice, la señora ciega de la espada, que está probada la propiedad del terreno, porque Carlos Aquileo Lescano recuerda en 2013, que Roque Gómez compró el terreno en 1991, por supuesto sin ningún título de propiedad, ni siquiera un modesto boleto de compra venta, al no existir documentación determinante, el juicio se basa en las declaraciones de los testigos , la Cámara Criminal Correccional de Cruz del Eje evalúa que los de la defensa ,todos vecinos del lugar y el Jefe Comunal, entre ellos , “muestran amistad con las acusadas y nerviosismo al declarar, lo que les resta credibilidad”. En cambio el testigo del demandante (y empleado del mismo) Martín Sebastián Gómez, “fue muy claro y preciso al exponer.” Y siguen evaluando, que Esther Sánchez  no tiene derecho a ese campo, “por una serie de indicios” , su avanzada edad, su adicción al  alcohol y la soledad del lugar”.

Todas las pruebas documentales  aportadas por las mujeres con sentencia de desalojo, son desestimadas, frente al testigo memorioso, que recuerda la compra del terreno.Desde el juez de paz de Villa Soto, Carlos Alberto Eguía, que acredita la posesión del terreno desde el año 1982, hasta los 18 testigos, que se contraponen a los 4  del querellante.

Como remate insólito, las desalojan de un lote que no ocupan , el fallo habla de lote 63 y la vivienda en cuestión está en el 64. Ante semejantes desaguisados corresponde la pregunta:

¿Fueron los jueces alguna vez al lugar? Es dudoso, sino se hubieran enterado, por ejemplo que Beti Sánchez hizo su primaria en la zona y que sus vecinos la conocen desde siempre,  que hay historias de amor y desencuentro, que hay fotos familiares de tres generaciones en el lugar, que tienen agua por una cisterna (pero no canillas, llevan el agua a balde) la misma la construyo el INTA, en su plan de ayuda a pequeños productores  y que también tienen un boyero solar igualmente provisto por el mismo organismo, que así reconoce la posesión y derechos al terreno de las acusadas, que trabajan muy duro con  los pocos animales que tienen y que su vida está  en un dramático suspenso, en vilo por la acción de la “justicia.

Por último, sin orden judicial de desalojo, aunque con la sentencia dictada, la policía hostiga a las víctimas , vulnerando más aun sus derechos. Todavía esta historia, no está del todo definida,  Beti y Esther van a resistir y esperan que la gente bondadosa haga oír su voz , que no se calle, que no sea indiferente.