18 años de Impunidad en la Masacre de Avellaneda- 18 años de lucha por Justicia para Darío Santillán y Maximiliano Kosteki- Juicio y castigo a los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda: Eduardo Duhalde -Felipe Solá- Aníbal Fernández- Juan José Álvarez – Alfredo Atanasoff – Luis Genoud – Jorge Matzkin – Oscar Rodríguez- Los Asesinos de Ayer No Pueden Ser Los Salvadores De Hoy- Con ellos no!

A dieciocho años de los asesinatos de Darío y Maxi seguimos exigiendo juicio y castigo para los responsables políticos e intelectuales de la Masacre de Avellaneda.

El 26 de junio del 2002 el gobierno de Eduardo Duhalde intentó quebrar a sangre y fuego al movimiento piquetero que enfrentaba el hambre y la desocupación. Buscaba desatar una ofensiva contra el movimiento popular, disciplinar a les trabajadores y el pueblo para continuar cargando sobre sus espaldas los costos de la crisis capitalista y recomponer una gobernabilidad que había sido quebrada en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 y que aún continuaba endeble.

La feroz represión fue decidida desde la cúpula del poder político de aquel momento, con el respaldo de los grupos económicos y de poder y bajo la supervisión imperialista yanqui, como parte de su estrategia regional para los “conflictos de baja intensidad”. Involucró a las policías Federal y Bonaerense, a la Gendarmería, a Prefectura y a los servicios de Inteligencia.

No sólo costó las vidas de Darío y Maxi: ese día hubo más de cuarenta compañeros y compañeras heridas con balas de plomo y centenares de personas detenidas en las comisarías aledañas, en las cuales una gran cantidad de compañeros y compañeras fueron torturados y golpeados.

A partir del día siguiente, miles ganamos las calles para reclamar juicio y castigo a los responsables. Quedó al desnudo que se trató de una programada acción estatal de represión y la responsabilidad política del gobierno de Duhalde. Como consecuencia de ello, la crisis de su gobierno fue tal que tuvo que convocar a elecciones y dejar el gobierno al año siguiente.

La versión oficial de los hechos, difundida a través de los medios de comunicación hegemónicos, era que las muertes de nuestros compañeros eran producto de un enfrentamiento interno y que las organizaciones piqueteras éramos responsables de ello. Entre quienes emitían esta mentira a través de conferencias de prensa televisivas, estaban Aníbal Fernández, Secretario General de la Presidencia y Juan José Alvarez, Secretario de Seguridad de la Nación. También Felipe Solá se encargó de distribuir esta versión. Cuenta Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, que ese mismo día mientras miraba por la tele la represión prácticamente en directo al mediodía, llamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires para preguntarle sobre lo que estaba sucediendo en Avellaneda. Solá la atendió y le respondió: “Quédese tranquila Norita, es una pelea entre pobres”. Este testimonio Norita lo declaró en la Causa Federal que se tramita en los Tribunales de Comodoro Py. Gracias al arriesgado compromiso de les trabajadores de prensa, sobre todo las fotografías de Pepe Mateos y Ruso Kowaleswky, revelaron la verdad de lo sucedido aquel mediodía en el interior de la estación de trenes de Avellaneda.

Logramos las condenas ejemplares del comisario Alfredo Fanchiotti y del cabo Alejandro Acosta por los homicidios de Darío y Maxi, pero lo cierto es que los responsables políticos de aquella represión criminal siguen impunes.

A pesar de todas las evidencias que aportaron familiares y compañeres de Darío y Maxi las causas judiciales que deben investigar las responsabilidades políticas de la masacre permanecen en un estado de letargo judicial. La causa federal, instruida para acusar a los funcionarios nacionales está cajoneada en el juzgado de Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py. Pasaron cuatro fiscales que dejaron retrasar la investigación.  Sin embargo, desde hace algunos años, logramos reabrir la causa federal, pero continúa sin avances. La causa provincial, determinada para el gobernador de la provincia y los miembros del ejecutivo, a cargo de la Jueza Marisa Salvo, titular del juzgado de garantías n.º 5 de Lomas de Zamora permanece inmóvil, casi como cuando Mabel Ruiz, mamá de Maxi, la iniciara. Y más aún, con un dictado de archivo.

Todos los avances en la causa han sido, pura y exclusivamente esfuerzo de les familiares y compañeres de Darío y Maxi, y sus organizaciones, y cientos de colectivas, agrupaciones y organizaciones piqueteras culturales, gremiales, de derechos humanes, políticas, y de les compañeres abogades.

Durante estos dieciocho años de impunidad pasaron distintos gobiernos. Ninguno investigó las responsabilidades políticas e intelectuales de la masacre del Puente Pueyrredón. Ni el de Néstor Kirchner quien prometió investigar hasta las últimas  consecuencias, ni el de Cristina Fernández de Kirchner, ni el de Mauricio Macri (partidario confeso de la represión estatal), y hasta el momento, tampoco el de Alberto Fernández. Todos estos gobiernos sostuvieron vínculos políticos con los responsables intelectuales y políticos de la masacre, y en varios casos compartieron candidaturas electorales o les dieron cargos en ministerios y otros ámbitos del estado.

La política de encubrimiento de los sucesivos gobiernos también lo fue en los siguientes asesinatos de luchadores en ocasión de movilizaciones como Mariano Ferreyra y el docente Carlos Fuentealba.  En los tres casos Aníbal Fernández tenía un cargo determinante en el 2003 Secretario de la presidencia, en el 2007 Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en el 2010 Ministro del Interior.

Denunciamos el nombramiento de Aníbal Fernández como interventor de Yacimientos Carboníferos Fiscales, en la mina de Río Turbio. Este verborrágico personaje se jactaba de contar con información de la SIDE que espiaba a las organizaciones piqueteras. Fue una pieza clave en difundir la versión oficial de la represión en el puente y la estación Avellaneda. Tampoco nunca fue citado a ninguna clase de declaración ni siquiera informativa por parte de la justicia federal.

Repudiamos la designación de Felipe Solá como Ministro de Relaciones Exteriores. Hizo lo posible para que su cipayismo se notara al apoyar las medidas del gobierno de los EEUU contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. Mantuvo silencio ante el Golpe de Estado contra la hermana República Plurinacional de Bolivia, y no movió ni un solo dedo para repatriar a Facundo Molares, periodista argentino, que al día de hoy la dictadura boliviana lo mantiene preso y en una situación de delicado estado de salud.

Con estas acciones Solá y el Gobierno de Fernández mostraron la subordinación colonial al imperialismo, de su política exterior.

Felipe Solá es autor confeso en su responsabilidad política como gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el momento de la Masacre de Pueyrredón, cuando como conocedor de causa expreso ante el Senado respecto de la represión de este 24 de octubre contra quienes manifestaban cuestionando la Ley de Presupuesto 2019: “Hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que bueno son policías que están en la calle y le pegan a cualquiera. ¡No es cierto! Se los digo después de haber sido seis años gobernador. La policía primero sabe cuáles son las órdenes, sabe cómo es la orden. Sabe cómo es el protocolo. Firma un protocolo, se lo digo por experiencia antes de salir” (…) “No disociemos la actuación policial de la decisión política porque eso no es así. No lo comprobé ideológicamente, lo comprobé trabajando”. Esta vez Solá dijo la verdad. Tan clara como el agua clara. Sin embargo nunca fue citado ante la justicia.

Repudiamos también que el presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof hayan recibido a Eduardo Duhalde y elogiaran su gobierno que se caracterizó por  la megadevaluación que marcó la salida de la convertibilidad, lo que generó condiciones favorables para las exportadoras, lo que luego empalmaría con un récord histórico de los precios internacionales de las materias primas. Esos ingresos extraordinarios, de todas maneras, no sirvieron para industrializar al país sino para financiar la fuga de capitales y el pago de la deuda, que solo durante el 2002 (año en que Duhalde fue presidente) rondó los 21.500 millones de dólares, nada menos que el 22% del PBI. El boom exportador de los años siguientes no mejoró la situación “productiva” del trabajo, ya que un tercio de la fuerza laboral fue sumida en la precariedad, y ese marco se produjo la multitudinaria movilización en la que fueron asesinados Kosteki y Santillán.

Los halagos del Presidente Alberto Fernández a quien es el máximo responsable político del asesinato de Kosteki y Santillán y la reivindicación de su rol de “bombero” – un bombero que quiso apagar el fuego con sangre del pueblo-  mostraron que Alberto Fernández, desde antes de asumir, abría el paraguas ante la situación inflamable en que ocuparía la Casa Rosada, con una crisis social rampante y un movimiento obrero con reservas de lucha.

Durante estos dieciocho años todos los gobiernos buscaron que abandonáramos las calles. Nunca lo hicimos. No cedimos ante el chantaje ni ante la represión. Seguimos luchando y movilizando contra la represión, el hambre, los ajustes y las políticas antipopulares.

Por todo esto, exigimos castigo:

A Eduardo Duhalde, el principal responsable de la represión.

A Aníbal Fernández, ex secretario general de la presidencia.

A Juan José Álvarez, ex secretario de Seguridad Interior de la Nación,

A Alfredo Atanasoff, ex Jefe de Gabinete de Duhalde

Al ex ministro de Justicia de la Nación, Jorge Vanossi.

A Luis Genoud, ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, hoy miembro de la Corte Suprema de Justicia Bonaerense.

Y al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, actual Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación.

Todos ellos siguen participando en los partidos del poder y siendo candidatos en las elecciones. ¡Son nuestros candidatos a la cárcel!

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A 18 años de aquella masacre que costara la vida a nuestros compañeros, el pueblo sigue luchando contra los responsables de la pobreza estructural que sufrimos les trabajadores natives, migrantes y originiaries de nuestro país.

La expansión pandémica del covid 19 agravó aún más la crisis capitalista y puso al desnudo las consecuencias de la continuidad de políticas antipopulares, del vaciamiento del sistema de salud pública y los niveles de pobreza, indigencia y precarización de la vida.

La pandemia es diferente para los ricos y ricas, elles pueden quedarse en su casa calentitos y con la heladera llena, mientras las familias pobres, trabajadoras y de barrios humildes, tienen que salir a buscar su sustento diario porque de otra manera no tienen para comer.  Los comedores y las ollas populares estallan de vecines que buscan sus viandas en las barriadas populares de todo el país.

Desde que empezó la pandemia muchos empresarios vieron una oportunidad para atacar a las y los trabajadores. En este tiempo más de 4,8 millones de trabajadores fueron afectados por despidos, suspensiones o rebajas salariales. Así actuó el empresario peronista de la carne Bruzzese que lleva meses de lock out. Apoyamos la lucha de los trabajadores de Penta que vienen movilizándose contra esta patronal, que llegó a usar patotas con armas de fuego en su contra. Recientemente la empresa Latam anunció que se retirará del país y despedirá a 1700 trabajadores y trabajadoras. No a los despidos en Latam. 

En el momento de mayor contagio desde que inició el distanciamiento social miles siguen yendo a trabajar exponiéndose al contagio en el transporte público y también en sus lugares de trabajo. Las y los pibes repartidores de aplicaciones como Rappi o Glovo se ven obligades a pedalear muchos kilómetros por día para llevar el pan a su casa. Casos como el de Franco Almada que murió atropellado en Bernal demuestran la brutalidad de este tipo de trabajo precario que los empresarios quieren extender. En distintos lugares como el ferrocarril Roca, Coca Cola o en el aeropuerto, después de sufrir muchos contagios entre sus compañeres pusieron en pie comisiones de higiene y seguridad.

Frente a la brutalidad de las empresas, apoyamos la lucha de les trabajadores de la papelera Ansabo que muestran otra salida posible a esta crisi: que cada empresa que cierre sea ocupada y puesta a producir por sus trabajadores y trabajadoras.

Frente a esta crisis, la respuesta del gobierno se encaminará al fracaso en la medida en que cede a ante las presiones patronales y el pago de la deuda externa. El IFE no alcanza, los alimentos que destinan a los comedores populares son insuficientes, lo mismo que los módulos de mercadería para nuestras familias. Mientras le niegan el IFE a millones de personas el Estado le paga los sueldos a los CEOs de empresas como Clarín, Techint, entre otras. Subsidian con el ATP los sueldos de empresas multinacionales como Mc Donalds mientras miles de pequeñes comerciantes tiene que bajar persianas.

Los grandes capitalistas y la derecha opositora empujan por abandonar la cuarentena para no perder ganancias, presionan e imponen despidos, suspensiones y recortes de salarios: nuevamente buscan que la crisis la pague el pueblo trabajador, ante lo cual el gobierno solo ha mostrado pasividad. El resultado inmediato es más pobreza y el crecimiento más acentuado de la curva de contagios, derramando el virus sobre las barriadas más humildes.

Frente a esta realidad es urgente que se cobre un impuesto a las grandes fortunas. Si se aplica un impuesto extraordinario del 3% a la riqueza de los grandes multimillonarios terratenientes y a la banca privada se puede garantizar un ingreso de cuarentena de $30000 para les trabajadores precarizades durante dos meses. Atacar la ganancia capitalista se vuelve imprescindible para que el costo de la crisis sanitaria y social no recaiga sobre les trabajadores.

Es urgente fortalecer la integración del sistema de salud para que pueda en forma coordinada dar respuesta a la demanda de salud, y coordinar las prestaciones de los trabajadores de la salud para evitar la superexplotación, que genera -ante la multiplicidad de servicios en distintos establecimientos- un cruce potencial de la infección. Homenajeamos a les trabajadores, compañeres que perdieron la vida poniendo el cuerpo en la primera línea de lucha contra el hambre y la pandemia.

Argentina carga con una deuda pública que supera el 90% de su PBI, con un enorme déficit fiscal y con un Banco Central que carece de reservas, la orientación del gobierno encabezado por Alberto Fernández, fue la de subordinar toda su política al progreso de la renegociación de la deuda con los acreedores internacionales y con el FMI. La contrapartida de toda esta orientación fue una ofensiva en regla contra jubilados, trabajadores y desocupados. A través de un decreto, el gobierno operó una escandalosa confiscación de los haberes jubilatorios, en el orden de u$s 15 mil millones anuales. A su vez, anunció el fin de las “cláusulas gatillo” de actualización de los salarios según el costo de vida, que diversos gremios conquistaron con combativas huelgas en los años precedentes para preservar el poder adquisitivo de sus ingresos.

No a la deuda externa. La deuda es con el pueblo trabajador, no con el FMI ni los fondos buitres.

No con la megamineria. Utilizan nuestro hambre y el recorte de nuestros derechos básicos, juegan con el presupuesto estatal y el salario de nuestres docentes y de les empleados estatales, para traer la discusión de la rentabilidad de la megamineria y el endeudamiento. No en nuestro nombre, no a costa de nuestro futuro. Nuestros pueblos cercanos a Vaca Muerta ya sufren las consecuencias del fracking, así como en Andalgalá y San Juan las del extractivismo. De la mano de los proyectos megamineros dejaron a los pueblos desahuciados y con sus economías regionales destruidas. Por eso nos seguimos organizando para decirle ¡No a la Megaminería! ¡No al Extractivismo salvaje y asesino! ¡El agua es vida y no se negocia! 

Frente a la pobreza y miseria cada vez más graves, las luchas obreras y populares y la organización y solidaridad construidas desde abajo, nos marcan el único camino posible para que la crisis no la sigamos pagando la clase trabajadora y el pueblo. Eso expresan la persistencia de las luchas piqueteras en todo el país; las luchas de les trabajadores frente a los despidos, suspensiones y recortes salariales, contra la precarización del trabajo y de la vida, construyendo comisiones de mujeres, sosteniendo ollas y comedores populares frente al hambre, enfrentando los vaciamientos y cierres de fábricas, como en Ansabo, Penta, Vicentín, entre otras.

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Desde el inicio de la cuarentena y el distanciamiento social, el gobierno nacional –en acuerdo con gobiernos provinciales y municipales- saturaron las calles de las ciudades y barriadas con miles de policías, gendarmes y prefectos para amedrentar a la población en general y a les jóvenes pobres y trabajadores en particular. En pocos días detuvieron y accionaron legalmente contra miles de personas, en una escalada que hoy cuenta a decenas de miles de detenidos. Un despliegue de fuerzas represivas que incluyó rumores de implantación de estado de sitio (ensayado en algunos municipios) y el avance de discursos e intervenciones de tinte fascistoide como los discursos y bravuconadas del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni.

La profundización de la crisis económica y el agravamiento acelerado de la pobreza y la miseria, tienen como respuesta el recrudecimiento de la represión. El secuestro, desaparición y asesinato de Luis Armando Espinoza a manos de la policía tucumana. El salvaje ataque a una familia Qom y el abuso sexual de las mujeres de parte de efectivos de policía de la provincia del Chaco, uno de las últimas expresiones de la continua represión al pueblo Qom, cuya responsabilidad política cabe al gobernador Jorge Capitanich. En San Luis, departamento de Santa Rosa, Florencia Magalí Morales aparecía ahorcada luego de ser detenida por personal policial, en una celda de la comisaría N°25 de esa provincia. Y en los últimos días los fusilamientos de Augusto Iturralde y Diego Arzamendia en Berazategui, y el de Facundo Escalso en CABA. Estos asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad estatales se suman a las ya conocidas desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, joven mapuche, junto al extenso listado de les luchadores populares caídos en democracia. Exigimos justicia para todas las familias que vienen sufriendo y enfrentando desde el comienzo de la democracia el gatillo fácil y las políticas de represión estatal. Nos referenciamos en Luciano Arruga, y en él en todes y cada une de les pibes caídos por el fuego policial y que se niegan a ser mano de obra de la corrupción policial.

Exigimos la liberación de Sebastián Romero, detenido en Uruguay. El compañero, militante del PSTU, perseguido por el poder el poder judicial y político desde fines del 2017, por orden del gobierno de Mauricio Macri, por luchar y defenderse de la represión en la gigantesca movilización popular del 18 de diciembre de 2017, frente al Congreso de la Nación, donde se trataba la ley de reforma previsional. Exigimos la Absolución de Cesar Arakaki, militante de PO y Daniel Ruiz, militante del PSTU, llevados a juicio por los hechos del 18 de diciembre de 2017.

Repudiamos la masacre de Curuguaty como crimen de estado producida el 15 de junio 2012, que desencadenó en el Golpe de estado en Paraguay, y exigimos justicia. A pocos días de cumplirse 11 años del Golpe de estado en Honduras gritamos bien fuerte: ¡ni golpes de estado, ni golpes a las mujeres! Y ante la concreción del Golpe de estado en Bolivia producido el 10 de noviembre 2019, exigimos justicia por los masacrados en Sacaba y Senkata; junto a su familia exigimos Memoria, verdad y justicia por Sebastián Moro, periodista argentino muerto/asesinado en el marco del golpe de estado boliviano, como así también la repatriación urgente de Facundo Molares, foto reportero argentino preso político en las cárceles del gobierno de facto de Bolivia

Basta de gatillo fácil.

Basta de represión y criminalización de la protesta popular.

Basta de presas y presos políticos

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Más de cincuenta femicidios se cometieron en lo que va de la cuarentena, una mujer asesinada cada 26 hs, lo que evidencia que miles de mujeres se encuentran viviendo con violentos, abusadores y femicidas, esto no puede quedar ajeno a nuestros reclamos y luchas cotidianas. Seguimos exigiendo justicia por Anahí Benítez y denunciamos las irregularidades en el juicio y la complicidad entre el poder judicial y la policía que ocultan los hechos, arman causas, encubren responsabilidades y dejan intactas e impunes las redes que operan para la desaparición sistemática de las pibas.

En este contexto, la crisis social y económica golpea con más saña a las mujeres, trans, travestis y lesbianas, hoy en la primera línea contra el hambre, la violencia y las desigualdades de este sistema patriarcal y capitalista, como en aquel 26 de junio de 2002.

Tenemos el orgullo de pertenecer al movimiento de mujeres, lesbianas y trans que protagonizó los primeros Paros Internacionales de Mujeres, ante el escandaloso aumento de femicidios.

Esas mujeres que se siguen organizando y luchando por una vida digna todos los días, frente a los despidos y cierres de fábricas, en las organizaciones piqueteras, organizando comisiones de mujeres en lucha, y también han salido a las calles desde 2015 exigiendo #NiUnaMenos, reclamando que el Estado es responsable por la impunidad y la violencia que sufrimos las mujeres en las casas y en los barrios.

Seguimos exigiendo una respuesta para frenar el asesinato y el secuestro de mujeres en todo el país, y luchando para que el Estado tenga políticas públicas que garanticen la igualdad para las mujeres, lesbianas y trans.

Toda la potencia de la marea feminista se expresa en un movimiento que se fortalece articulándose con las luchas antirracistas, clasistas, anticoloniales y contra la heteronorma. Cada vez más nuestros sueños y nuestras luchas son feministas, disidentes y plurinacionales.

Vamos por todos los derechos que nos faltan, contra todas las opresiones de género. Sin las mujeres, trans, lesbianas, bisexuales, toda lucha va por la mitad. Vamos por más feminismo, vamos por más unidad, hasta derrotar todas las formas de opresión contra las mujeres y el conjunto de lxs oprimidxs.

¡Basta de violencia machista!

¡Basta de femicidios!

¡Ni una muerta, ni una mutilada más por aborto clandestino!

Exigimos la aparición con vida de todas las mujeres secuestradas en las redes de trata, y Justicia por todas víctimas de la violencia machista.

¡El Estado es responsable! ¡Ni una menos!

¡Niñas, no madres!

¡Separación de la iglesia y el Estado!

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Reivindicamos, a través de Darío y Maxi, a todes les mártires de las luchas obreras y populares.

A les 30 mil compañeres detenides desaparecides por la última dictadura cívico militar y a les asesinades por la represión durante la democracia

Reivindicamos a les caídes en las luchas obreras y populares:

A Víctor Choque, Teresa Rodríguez; Francisco Escobar y Mauro Ojeda asesinados en el puente Corrientes en 1999; Carlos Santillán y Oscar Barrios y Aníbal Verón en Salta en 2000 y 2001. A las víctimas de los crímenes de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, a Javier Barrionuevo y a Carlos Fuentealba. A Rosemary Churapuña, Emilio Canaviri Álvarez y Bernardo Salgueiro, asesinades en la represión del Indoamericano. A Roberto López y Sixto Gómez y Mario López, de la comunidad Qom de Formosa. A Florentín Díaz, asesinado en Castelli, Chaco. A Cristian Ferreyra y Miguel Galván, asesinados por los sicarios del agronegocio en Santiago del Estero. A Mono, Jere, Patón y César Oviedo en Rosario

A pocos meses de los 10 años del asesinato de Mariano Ferreyra, no solo homenajeamos su lucha sino que marcamos su vigencia contra la tercerización laboral y la explotación de les trabajadores.

Seguimos exigiendo justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, asesinados por las prefectura y gendarmería en la represión contra las comunidades mapuches.

Alzamos nuestra voz por la desaparición de Julio López y por el esclarecimiento de los crímenes de Luciano Arruga y Silvia Suppo. Por todos les asesinades por gatillo fácil.

Nos solidarizamos con todas las luchas de nuestros pueblos hermanes de Nuestra América, seguimos exigiendo Justicia por Berta Cáceres, lideresa del COPINH en Honduras asesinada en marzo de 2016. Exigimos justicia por las 56 niñas incineradas en Guatemala en 2018. Y castigo a los asesinos de Marielle Franco en Brasil. ¡El Estado es responsable!

Elles formaron parte de una generación de luchadores y luchadoras. La que enfrentó al menemismo y a la Alianza, la del 19 y 20 de diciembre, la que combate todos los días el hambre, la miseria, la explotación y la opresión. Son nuestra bandera para seguir construyendo el poder del pueblo.

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Volvemos al puente con el mismo reclamo de trabajo genuino; basta de precarización laboral; basta de hambre y represión.

No al pago de la deuda externa y al acuerdo con el FMI, que profundiza la miseria y la dependencia económica y social.

Expropiación sin pago de Vicentín

Por una Argentina sin explotadores ni les explotados.

Castigo a todos los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda.

Basta de criminalización de la protesta social, basta de represión.

Basta de violencia contra las mujeres, lesbianas y trans. Ni Una Menos. El Estado es responsable.

¡Cupo laboral trans ya!

Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Que sea ley.

Por tierra y vivienda digna para todes.

Fuera el imperialismo de América Latina. No a las bases militares en Argentina y Nuestra América.

Unidad de todos les luchadores y luchadoras contra la explotación y la opresión.

¡LOS ASESINOS DE AYER NO PUEDEN SER LOS SALVADORES DE HOY!

DARÍO SANTILLÁN Y MAXIMILIANO KOSTEKI, ¡PRESENTES!

Alberto Santillán (Padre de Darío)

Leonardo, Javier y Noelia Santillán (Hermanes de Darío)

Mara Kosteki (hermana de Maximiliano)

FPDS (Frente Popular Darío Santillán)

MTD Anibal Verón (Movimiento de Trabajadores Desocupados)

Polo Obrero

Movimiento de los Pueblos -FPDS CN (Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional) MULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social)

Izquierda Latinoamericana Socialista, Movimiento 8 de Abril)

FOL (Frente de organizaciones en Lucha)

MTR 12 de Abril

MTR VOTAMOS LUCHAR

CUBa MTR MIDO

MTL Rebelde en el ESA

MST TERESA VIVE

Movimiento Argentina Rebelde

Movimiento Resistencia Popular

APDH La Matanza (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)

Encuentro Militante Cachito Fukman

H.I.J.O.S. zona oeste

Hijos La Plata

CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional)

CADeP

Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil

Red Internacional por la Libertad de todos los Presos Políticos del mundo y Justicia por Nuestros Mártires

Paula Mercedes Alvarado Mamaní (Abogada de Mara Kosteki y familia Santillán)

ATE Gran Bs As SUR, CTA -A Lomas de Zamora/ ATE Alte Brown-Pte Peron/ CTA Alte Brown-Pte Perón y Agrup Pcial Víctor Choque de ATE

ATE INCAA

AGRUPACIÓN PROVINCIAL VICTOR CHOQUE DE ATE

ATE Desde Abajo

Lista Blanca Negra y Violeta ATE Desarrollo Social – SENNAF

Movimiento de Agrupaciones Clasistas (Mac) 

Corriente Sindical 18 de Diciembre

Coordinadora Sindical Clasista

Campaña Nacional Contra las Violencias hacía las Mujeres y Disidencias.

ESPACIO DE MUJERES Y DIVERSIDADES ” LAS MARIPOSAS” del MTR 12 de Abril

Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía

Plenario de Trabajadoras

Monika Ertl- mujeres en lucha

Agrupación Las Rojas

Colectiva Tatagua

Partido Obrero

Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)

MST EN EL FIT-UNIDAD

Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda UNIDAD

Nuevo Mas

PRML Partido Revolucionario Marxista Leninista

Poder Popular- Corriente de Izquierda

MARABUNTA-Corriente Social y Política

Venceremos Partido de Trabajadorxs

Abriendo Caminos

ASL (Acción Socialista Libertaria)

PCT en el ESA

Emancipación Sur

OLP Resistir y Luchar

Juventud del PTS

UJS

Agrupación Juvenil Ya Basta …

JUVENTUD SOCIALISTA DEL MST

JUV ” RAFAEL NAHUEL”

Frente Juvenil Hagamos Lo Imposible