(Julia Callejón/APL)La Coordinadora contra la Represión y Criminalización de la Protesta de Jujuy (CoRePyCriPro), junto a vecinos del Barrio Campo Verde presentaron un pedido de audiencia a la CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el agravamiento de la represión y la criminalización de la protesta social por parte del Estado en Jujuy.La Presentación incluye más de 38 testimonios de vecinos del Barrio Campo Verde y 9 de Julio, que sufrieron distintas situaciones represivas por parte de las fuerzas policiales del Estado provincial durante el mes de marzo, tras defender un espacio público de uso recreativo para las familias, que el gobierno usurpó para la construcción de un colegio.La disputa comenzó con el empecinamiento del gobierno por utilizar el espacio de “la cancha” para la escuela, a pesar del pedido de la comunidad para que se construya en algún otro de los tantos predios en desuso con los que cuenta el barrio. El Gobernador Gerardo Morales continuó con la construcción del establecimiento educativo, por lo que volcó todo el aparato represivo sobre el barrio. El Gobernador Gerardo Morales personalmente festejó el emprendimiento con un acto en la misma cancha, en el que acusó a los vecinos de “ignorantes”, y de “egoístas” por priorizar el esparcimiento sobre la educación. Estableciendo la falsa dicotomía entre la escuela o la cancha. Por este conflicto, la desalojó a los vecinos en dos oportunidades: el 8 y 17 de marzo. Como resultado de estas represiones se arrojaron gases lacrimógenos, se avanzó sobre mujeres y niños, se golpearon ancianos y mujeres embarazadas, hubo heridos con balas de goma y también detenidos. La policía ocupó el barrio, dejándolo sitiado por semanas. Y los vecinos aún conviven con la constante vigilancia y hostigamiento de la policía (uniformados y de civil).
Estos graves hechos se encuentran enmarcados en un contexto de agravamiento y vulneración de derechos democráticos en toda la provincia. Esta situación se expresa a través de la criminalización de la pobreza, la represión a la protesta social, el uso del Código contravencional, las detenciones arbitrarias, las persecuciones y la proscripción a luchadores sociales, entre otras prácticas represivas.
La Coordinadora CoRePyProCri, integrada por un amplio arco de organizaciones sociales, sindicales y políticas, junto a sectores en lucha, viene denunciando estos graves hechos represivos en la provincia. Ahora junto a los vecinos de Campo Verde se han recabado las declaraciones sobre la represión policial, y los posteriores hechos de violencia institucional y violación de derechos humanos, de la que es responsable el Gobierno provincial, y ahora se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.