(Por Julia Callejón/APL) «Pueblos como el wichí padecen un verdadero genocidio como resultado de decisiones políticas conscientes. Un gobierno que primero los desalojó de sus tierras y que luego los abandonó, porque las comunidades, resistiendo se transforman en verdaderos escollos para la explotación de rapiña del modelo extractivista.  La realidad wichí habla de un brutal déficit estructural. La ausencia de lo más básico de las necesidades humanas. Hablamos de falta de acceso a agua potable, comida y cloacas. Una población que no tiene acceso a electricidad, que no tiene acceso a la salud. Un pueblo que viaja kilómetros para atenderse en un hospital, cuyos médicos no hablan su idioma. Una comunidad que no recibe ambulancias. Un pueblo que es increpado por la policía -y la justicia- la mayoría de las veces que por algún motivo asisten a la comunidad. Que a menudo son asesinados; o reprimidos, como el fin de semana pasado que sin razón varios jóvenes fueron baleados y detenidos. Una población que no siempre tiene acceso a los magros subsidios estatales, porque muchos no cuentan con DNI. No acceden a nada porque el estado no los contempla ni los incluye. El estado no los comprende ni los quiere comprender. Carecen de todo o a casi todo lo que podamos imaginar». Fragmento saliente de la columna de J.C. que, completa, brindamos en link de más abajo.

Salta es la provincia con mayor población indígena y la etnia wichí es la más numerosa, según el censo realizado en 2010. Durante años, terratenientes y empresarios, en comunión con los gobiernos de turno, empujaron la frontera agropecuaria, despojando a los wichís de buena parte de sus tierras ancestrales, convirtiéndolos en uno de los pueblos nativos más pobres y desposeídos del país.  Gobernantes, terratenientes, empresarios, aparato judicial, aparato represivo y distintas instituciones gubernamentales, conforman un aceitado mecanismo para el despojo y usurpación de las tierras comunitarias. La frontera agropecuaria se corre día a día e irrumpe la soja donde antes estaba el monte, confinando a los habitantes a territorios cada vez más pequeños. Esto constituye un verdadero problema para el pueblo wichí que vive de esos montes, esenciales para la reproducción de su vida material y cultural.

La agricultura guiada por el capital reemplaza los ecosistemas y por este motivo los pueblos originarios son sus opositores, y su simple permanencia cuestiona el agronegocio del monocultivo transgénico. Su existencia atenta contra el “desarrollo” y el “progreso”, que la agricultura de las topadoras nos vendrían a traer, y es la razón por la cual no hay una política seria que revierta esta situación y permita a la comunidad wichí sobrevivir. Si bien Salta ha declarado la emergencia sociosanitaria, la situación no ha cambiado.

El agronegocio desmontó, en los últimos diez años, 1.400 millones de hectáreas, y desalojó a cien mil mujeres, hombres y niños. Sólo en los últimos cuatro años, Salta arrasó con casi 80 mil hectáreas de bosques. Gran parte merced al ex gobernador Juan Manuel Urtubey, que gobernó por 12 años, y autorizó ilegalmente el trabajo en zonas protegidas por la Ley de Bosques.

Sin embargo, el cambio de gobierno no ha servido, y el actualmente continúa la tala y el desmonte. Según denuncia Greenpeace, ni en cuarentena las topadoras han frenado, señalando que entre el 15 y el 31 de marzo se desmontaron un promedio de 130 hectáreas por día en la provincia. Estos desmontes destruyen la fuente de alimento de las comunidades, los dejan sin agua y transforma a sus territorios en desiertos.

La situación es la misma desde hace muchos años y ningún gobierno dio una respuesta de fondo al problema. Poco podíamos esperar del macrismo, pero el compromiso que supuestamente mantiene el gobierno actual con los Derechos Humanos (así como los 12 años de kirchnerismo anteriores), ha quedado reservado mayormente a declaraciones políticas sobre la última dictadura cívico-militar, sin redundar en medidas que garanticen efectivamente derechos esenciales para la vida de amplias franjas de la población, y desde ya los derechos no alcanzan a comunidades pobres e indígenas. Este Estado, que sustenta buena parte de su modelo en actividades como la soja, el petróleo y la minería, siempre atenta contra los pueblos originarios, cuando honrar sus derechos confronta con intereses económicos.

UN MODELO GENOCIDA

Pueblos como el wichí padecen un verdadero genocidio como resultado de decisiones políticas conscientes. Un gobierno que primero los desalojó de sus tierras y que luego los abandonó, porque las comunidades, resistiendo se transforman en verdaderos escollos para la explotación de rapiña del modelo extractivista.  La realidad wichí habla de un brutal déficit estructural. La ausencia de lo más básico de las necesidades humanas. Hablamos de falta de acceso a agua potable, comida y cloacas. Una población que no tiene acceso a electricidad, que no tiene acceso a la salud. Un pueblo que viaja kilómetros para atenderse en un hospital, cuyos médicos no hablan su idioma. Una comunidad que no recibe ambulancias. Un pueblo que es increpado por la policía -y la justicia- la mayoría de las veces que por algún motivo asisten a la comunidad. Que a menudo son asesinados; o reprimidos, como el fin de semana pasado que sin razón varios jóvenes fueron baleados y detenidos. Una población que no siempre tiene acceso a los magros subsidios estatales, porque muchos no cuentan con DNI. No acceden a nada porque el estado no los contempla ni los incluye. El estado no los comprende ni los quiere comprender. Carecen de todo o a casi todo lo que podamos imaginar

A las muertes por desnutrición y deshidratación, se suman dengue y chagas, y ahora también la amenaza inminente del COVID 19. En lo que pareciera el fin del plan de apropiación de tierras, observamos absortos un pueblo que muere lentamente. Sobre ellos no hay cifras oficiales: denuncian 13 muertos en enero y 12 en febrero, solo si contamos niños desnutridos. De marzo no hay demasiada información, pero sabemos que los números se incrementan considerablemente si incluimos adultos, ancianos, muertes de mujeres en partos, y ahora los suicidios que se suman como el nuevo flagelo.