Con este título comienza el comunicado de Guardianes del Yvera, un grupo ambientalista de la provincia de Corrientes. Ellxs, el pasado 3 de diciembre, dieron a conocer como en un contexto de crisis hídrica, de sequía prolongada, de reducción del caudal de los ríos principales y de riesgo de incendios, hay empresarios privados que tienen la total libertad de drenar un río. Contactos de prensa: Miriam Sotelo 3782 414422/ Cristian Piriz 3794 598172/ Florencia Romero Marain 3794 376896

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“AMBIENTALISTAS EXIGEN UN CAUDAL ECOLÓGICO PARA QUE LOS RÍOS Y HUMEDALES NO MUERAN 

Esta semana se conocieron las noticias que el río Miriñay se secó por la acción  irresponsable e ilegal de la empresa arrocera Marcos Schmukler S.A. que construyó  un terraplén a la altura del kilómetro 126, cerca de Curuzú Cuatiá, y que el río  Corriente o Aruhary (nombre en guaraní que significa “que trae agua”) dejó su cauce al  descubierto muy cerca de Palmita, a unos 10 kilómetros de Perugorría, por la acción  de varias bombas, propiedad de la varias veces denunciada multinacional Adecoagro. 

“No es la primera vez que se realiza la construcción de una obra hidráulica por parte  de compañías que administran empresas dedicadas a diferentes actividades  productivas, sin tener en cuenta el impacto sobre el ambiente, su fauna y su flora y la  alteración de los ciclos naturales que regulan estos ecosistemas” indicó Miriam Sotelo, miembro de la comunidad indígena Yahavere y CPI del pueblo guaraní de Corrientes. 

“En el 2006 Hacienda San Eugenio (en aquellos años Forestal Andina) construyó un  terraplén en el paraje Yahavere, Concepción, de más de 20 km de extensión  afectando la escorrentía de las aguas y la vida de toda mi comunidad” recordó Sotelo, quien también es integrante fundadora de Guardianes del Yverá.

MÁS ANTECEDENTES

En el 2009 la senadora Josefina Meabe de Mathó es denunciada por desarrollar  explotaciones arroceras ilegales en la reserva Iberá, robando aguas públicas en  reiteradas ocasiones. 

En el 2011 se frena un mega proyecto arrocero de los hermanos Aranda y George  Soros que pretendía desviar el curso de agua del arroyo Ayuí y represarlo. 

En el 2013 fue denunciado un nuevo terraplén ubicado en los Esteros del Gallo  Sapukay, Mercedes, con similares consecuencias que en Yahavere, posteriormente  resuelto por la justicia a favor de los pobladores denunciantes.

En ese mismo año se impulsó la instalación de una planta de celulosa sobre el río  Paraná a la altura de Ituzaingó, que se frenó por la presión social. 

En el 2017 se realizaron con autorización de los organismos de control dragados en el  Riachuelo, destruyendo su ribera y generando más problemas que soluciones  respecto a las inundaciones que afectaban a las poblaciones vecinas. 

“El caso reciente en Curuzú Cuatiá y los antecedentes demuestran lo que sucede  cuando se prioriza el interés económico de unos pocos por sobre el bienestar de los

ecosistemas y sus pobladores” consideró Emilio Spataro, asesor técnico de la  organización.

“Entendemos que es fundamental como criterio el caudal ecológico a la hora de  autorizar obras de este tipo. Esto significa que el agua que se extrae de ríos, arroyos y  todo cuerpo de agua no supere la cantidad necesaria para que los ecosistemas sigan  funcionando y garantizando los bienes comunes y servicios ecosistémicos de los que  dependen las comunidades y poblaciones que habitan allí, garantizando la calidad y  régimen de flujo de la misma”, explicó Spataro.

“La legislación provincial establece la creación de comités de cuencas al momento  previo de definir la utilización del agua en cualquier tipo de actividad productiva, pero  la autoridad de aplicación, el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), no  convoca a la sociedad o solo hace partícipes a los empresarios y funcionarios afines,  como si las aguas fueran propiedad de unos pocos” declaró Cristian Piriz, miembro de  Guardianes del Yvera y de la Red Nacional de Humedales (ReNaHU).

“Exigimos que el ICAA priorice el caudal ecológico como instrumento de gestión, a la  hora de evaluar los estudios de impacto ambiental pertinentes y convoque los comités  de cuenca expresados en la constitución de la provincia cada vez que se intente llevar  adelante proyectos que pretendan utilizar el agua como medio para la obtención de  beneficios económicos, no queremos que las arroceras se lleven el agua que el río  trae” remarcó Piriz. 

Dados todos estos antecedentes mencionados, “no se puede continuar con una lógica  puramente productivista que no contemple las consecuencias y daños que  repetidamente se han generado. Hace años que nuestra región atraviesa una sequía  única en todo el siglo, tres años seguidos del fenómeno de la niña, producido por la  crisis climática. Esta situación no es nueva, pero al igual que con los incendios de este  verano, el gobierno no prevé, no organiza ni prepara medidas hasta que el daño al  ambiente y a toda la población, está hecho” sintetizó la licenciada en biología

Florencia Romero Marain del equipo de enfoques ecosistémicos de la organización. 

El agua de ríos y humedales no son solo para unos pocos, son bienes comunes que  debemos preservar. 

¡QUE LAS ARROCERAS NO MATEN NUESTROS DOS MAYORES RIOS  INTERIORES! 

¡SALVEMOS EL MIRIÑAY Y EL CORRIENTE!”