(Por Fernanda Giribone/APL) Los 8 de marzo de cada año se conmemora el día internacional de la mujer trabajadora, el emblemático día en el que las mujeres del mundo reivindicamos nuestra tradición en aquellas obreras que murieron quemadas peleando por aumento salarial en 1908.  Este año, más que nunca por el contexto de crisis, se convoca a esta jornada de lucha internacional para que mujeres, lesbianas, travestis y trans volvamos a marchar y a parar el mundo para pelear por nuestros derechos; en contra de los femicidios, y para que la crisis económica no sea descargada sobre las espaldas de lxs más vulnerables.

A un año del inicio de la pandemia, atravesando una profunda crisis económica y sanitaria, las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras y disidencias han empeorado. La pandemia ha profundizado las desigualdades estructurales, de clase y de género. Mujeres y disidencias hemos sido lxs más afectadxs en el plano económico. También hemos visto como las tareas de cuidado y de trabajo domestico no remunerado aumentaron en el contexto de aislamiento sanitario, dejando jornadas de trabajo extenuantes. La violencia machista no dio tregua tampoco durante el aislamiento, sino que en algunos casos se incrementó porque muchas mujeres debieron realizar la cuarentena con sus maltratadores.

Pese a la creciente organización y movilización de las mujeres en contra de la violencia machista, y de los esfuerzos que la ola feminista mundial hace por visibilizar y por luchar contra este flagelo a lo largo del mundo, los números de femicidios y feminicidios no disminuyen. Cada dos horas una mujer es asesinada en Latinoamérica por el mero hecho de ser mujer. Y si bien a lo largo del mundo los países proponen medidas para erradicar o prevenir la violencia, a la hora de los hechos concretos, estas medidas son cosméticas y en general fracasan.

Pero el femicidio es la forma más extrema de la violencia patriarcal, aunque no es la única. A diario otros derechos son vulnerados. La desigualdad estructural, la pobreza y la constante precarización laboral, crece día a día en el contexto de la crisis económica capitalista, sobre todo en América Latina, dónde el trabajo informal es moneda corriente. Somos las mujeres quienes estamos sufriendo una mayor flexibilización laboral, ocupando los puestos peor pagos, además de percibir (por igual trabajo) una remuneración hasta 30 por ciento menor a la de un compañero varón. La población trans también maximizó exponencialmente su precariedad económica y vulnerabilidad. Según reportes del Observatorio de Crímenes de Odio de Argentina, en el primer semestre del 2020, producto de la pandemia, en nuestro país miles de mujeres trans quedaron inmersas en una crisis económica-habitacional, y según la Encuesta Nacional de Alquileres del Mes de Mayo, el 85 % de ellas no pudo pagar el alquiler y el 57 % se quedó sin ingresos económicos.

Los empresarios, con la complicidad de los gobiernos, aprovechan esta situación para superexplotarnos, profundizando los contratos precarios y la flexibilización,  lo que afecta principalmente a las trabajadoras en todo el mundo. Porque en un sistema de acumulación de riquezas donde la ganancia de pocos depende de la pauperización de las masas, se aprovechan también de las desigualdades de género para obtener mejores ganancias.

Asimismo el trabajo precarizado nos niega seguridad social, poniendo en riesgo nuestra salud y la de nuestras familias. Otro tema pendiente en el plano de la salud para la región son los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, especialmente el derecho al aborto, el flagelo del embarazo adolecente y las niñas-madres. Y aunque recientemente en Argentina se haya avanzado en la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en Honduras por ejemplo, se ha perdido el derecho al aborto por causales, y en línea general el tema continúa pendiente para la mayoría de los países de América Latina, donde la clandestinidad amenaza la vida de las mujeres más pobres. 

También se ha agravado en Latinoamérica la situación de las personas en contextos de movilidad humana. Muchas mujeres migrantes están en la primera línea haciendo frente a la pandemia y, además ellas están, entre las poblaciones que son más afectadas por los impactos de la pandemia. Las mujeres migrantes y refugiadas están condenadas a la inseguridad económica y física y la pobreza, al igual que otras trabajadoras, pero con efectos mucho más severos. Según números del CEPAL en América del Sur el 50,8% de las personas migrantes son mujeres, siendo la pobreza, la violencia y la desocupación las principales razones por las que se marchan de sus países de origen.  Según estimaciones de la OIT, del total de personas trabajadoras del hogar remuneradas en América Latina, un 17,2% son personas migrantes.

Por todos los derechos postergados de las mujeres y disidencias, para enfrentar los efectos de la pauperización de nuestras vidas, para exigir una vida libre de violencias organizaciones de mujeres y feministas, partidos políticos, organizaciones sociales, laborales y estudiantiles, campesinas y territoriales, para que el Estado terrorista paraguayo devuelva con vida a Lichita Villalba, volverán a movilizarse en todo el mundo por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.