(Por Julia Callejón/ APL)En los primeros diez días del 2024 se reportó un aumento de la persecución y la criminalización de la protesta. Las medidas atacan a sindicatos, referentes sociales y políticos y a comunidades originarias. A la par crecen los desalojos y los ataques a los sectores más vulnerables.
Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas están detenidos, en prisión preventiva de 60 días, por haber tuiteado un rumor sobre el exgobernador Gerardo Morales, un claro hecho de cercenamiento a la libertad de expresión y una muestra más de la política de persecución del gobierno provincial a militantes políticos de signo contrario. Las familias de los imputados denunciaron irregularidades en las detenciones (realizadas por policías de civil, en vehículos sin patente y en la vía pública), además de la inaudita prisión preventiva de 60 días para una acusación menor. Resulta difícil de explicar cómo el fiscal Walter Rondón, pretende adjudicarles delitos graves, como la supresión de identidad, equiparando el tuiteo con delitos de lesa humanidad (como la apropiación de bebes), ni cómo el Juez Assef dio lugar al pedido de preventiva de 60 días en el penal N° 1 de Gorriti.
Pero esta grave situación no es un hecho aislado sino parte de una política estatal coercitiva que quiere hacer pasar el ajuste, la periodización y la brutal entrega de los recursos naturales a fuerza de represión. Así, el gobierno provincial, con complicidad del Poder Judicial -y el Ministerio Público de la Acusación-, buscan aleccionar a las organizaciones políticas, sociales y sindicales que se movilizaron en contra la reforma de la Constitución Provincial, votada por Gerardo Morales y el peronismo, en junio del año pasado.
De esta rebelión popular contra la reforma, quedó un saldo represivo importante, con decenas de personas, multadas judicializadas, e incluso encarceladas. Justamente por enfrentar esta nueva Constitución que atenta contra el derecho legítimo a la protesta y profundiza la criminalización de los luchadores. Ellos también recibieron citaciones en estos días, y se reactivaron sus causas, pues pretenden llevarlos a un juicio acelerado.
A su vez en esta misma semana siete mujeres pertenecientes a la Comunidad Kolla de Caspalá fueron imputadas y citadas por la fiscalía N⁰ 5 de la localidad de Humahuaca por “daños agravados, robo agravado y usurpación”. Se trata de la reactivación de otra de las causas armadas de este gobierno, y que nació cuando el estado provincial jujeño, en noviembre del año 2021 (sin consulta previa, libre e informada), usando a las fuerzas policiales para reprimir, avanzó sobre espacios comunitarios ancestrales, que son usados con fines recreativos y culturales por la comunidad, pero que el Gobierno de la Provincia de Jujuy quiere expropiar.
Por último el viernes 5, delegados del Seom (Sindicato de Empleados y Obreros Municipales) asistieron al Municipio de San Salvador de Jujuy reclamando que el Intendente radical Jorge Chuli, cumpliera con el compromiso del pase a planta permanente de trabajadores precarizados de la municipalidad. La jornada finalizó con denuncias penales hacia integrantes del Seom, por la que se habría librado el pedido de detención de prácticamente toda la comisión directiva del sindicato (aunque estas no se llevo a cabo por el repudio generalizado). Se busca descabezar esta organización sindical que denuncia irregularidades con los trabajadores en los municipios, en un contexto nacional de avanzada represiva de la mano de despidos masivos perpetrado por el gobierno ultraderechista de Milei.
Resulta sorprendente la celeridad con la que actúa la justicia provincial cuando se trata de defender los intereses de políticos patronales, o cuando se quiere penalizar a quienes se oponen a los planes de saqueo de las grandes corporaciones, cuando lamentablemente aún no ha logrado avanzar en nada sobre el esclarecimiento de la amenaza de muerte que sufrió la diputada del FIT Unidad, Natalia Morales, en el mes de diciembre. Las fuerzas policiales y la justicia no deben estar al servicio de reparar los orgullos heridos de ricos y poderosos de la provincia, ni mucho menos se puede aceptar que se envíe a personas a la cárcel por caprichos personales. Pedimos la inmediata libertad de Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas. El cese de toda persecución y hostigamiento a la oposición del gobierno radical de Sadir-Morales en Jujuy. Que caigan las causas armadas a los luchadores sociales.