Justicia por Gurí Farfán asesinado por la policía de Salta en 2019

(Texto y fotos: Juan Cicale/APL) Familiares, amigos y organizaciones se concentraron frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el miércoles 3 de noviembre, para exigir ser atendidos por el funcionario responsable del área en reclamo de justicia. Inicialmente fueron atendidos en la vereda por el Sr. Nicolás Rapetti, jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos. El funcionario sostuvo que el tema no era de su incumbencia y que los familiares se dirigieran a la sede ubicada en la ESMA, sin contemplar la distancia que media entre el ministerio y dicho predio ni considerar que los familiares habían viajado a CABA desde provincias tan alejadas como Salta, Córdoba y Buenos Aires. Ante la insistencia de Jorge Farfán, padre de Gurí Farfán, este señor accedió a llamar al responsable del área, Sr. Mariano Przybylski, director nacional de políticas contra la violencia institucional. Una hora después llegó este director y se improvisó otra reunión en donde acordó recibir a Jorge Farfán el viernes 5. Esta entrevista también tuvo lugar en la vereda del edificio de ministerio, y también los familiares tuvieron que escuchar justificaciones burocráticas y explicaciones insustanciales.

Se reproduce el informe de la Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de la Provincia de Salta:

¡BASTA DE MANEJOS TURBIOS DE LA JUSTICIA!

Desde la Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de la Provincia de Salta rechazamos el envío de las muestras biológicas de la causa por el asesinato de “Gurí” Farfán a la Ciudad de Buenos Aires. Y seguimos señalando que Gurí murió torturado por la Policía de Salta en la Comisaría del barrio Santa Ana 1 el 8 de febrero de 2019. Una muerte más a manos del aparato represivo en cuya investigación hubo encubrimiento y manipulación desde el principio.

La familia de Gurí presentó un escrito oponiéndose al envío de muestras de orina, sangre, humor vítreo y pool de vísceras al laboratorio de la morgue judicial de la Corte Suprema de la Nación en Ciudad de Buenos Aires, habilitado por el Juzgado de Garantías 6 a pedido del nuevo fiscal de la causa Leandro Flores. Todo el mundo sabe que en ciencia forense las muestras pierden fidelidad cuando pasa el tiempo. Ni siquiera tenemos seGurídad de que las muestras que van a enviar son las de Gurí, y la familia nunca tuvo acceso a la cadena de custodia de esas muestras.

A más de 2 años de ocurridos los hechos, el asesinato de Jorge “Gurí” Farfán sigue impune y la justicia de Salta aún no determinó cómo y porqué fue asesinado. Los fiscales quisieron llevar el caso a una discusión técnica, para avalar la teoría de que la causa de muerte habría sido provocada por un edema pulmonar y paro cardio -respiratorio, atribuido al consumo de drogas (alcohol, cocaína y restos de marihuana). Sin embargo los primeros análisis de la autopsia realizada al cuerpo de Gurí dieron negativo y marcaron que no había registro dosable de drogas. Allí un informe del médico Marcos Cabezas dijo que la causa de muerte era traumatismo de cráneo, certificado en el encéfalo hematoma y en el edema cerebral que le produjo micro-hemorragia en sustancia blanca, ambos elementos certificados en aquella oportunidad.

El Cuerpo de Investigadores Fiscales de Salta (CIF) no puede afirmar que Gurí murió de intoxicación porque no hay elementos que así lo certifiquen. Aún si hubiera habido algún consumo detectado tampoco existe un análisis cuantitativo de droga en la sangre para saber qué dosis tenía el joven y si era letal. Y lo que no hizo a tiempo la justicia salteña ahora nos quieren hacer creer que lo va a hacer a destiempo la justicia porteña. La inconsistencia del planteo del CIF en la causa de Gurí estuvo claro en la junta médica realizada hace 2 años, donde estuvieron presentes el traumatólogo Miguel Matteo, sugerido por el Colegio de Médicos de Salta, y la médica del Servicio Médico Forense del Poder Judicial, Ana María Vega. Pero si la familia de Gurí no hubiera puesto un perito de parte la teoría oficial hubiera pasado sin cuestionamientos. Porque quedó claro que Gurí tenía golpes, hematomas y escoriaciones en la cabeza, en el cuello y en el pecho. Tenía morado en la zona pectoral, golpes en la cabeza y sangre en la nariz. Esos elementos fueron agregados a la junta médica pero para la fiscalía no tenían relevancia porque según ellos “los golpes no eran de una envergadura tal para causarle la muerte a una persona”. Ocultan los fiscales que en el primer informe un médico afirmó que la causa de muerte fue traumatismo de cráneo y de tórax. Y se dedican todo el tiempo a ensuciar a la víctima buscando una causal de intoxicación que no existió y que hoy es incomprobable por el paso del tiempo.

En aquella junta médica realizada en 2019 el perito de parte de la familia de Gurí, Benito Mena, desarrolló que las lesiones traumáticas leves o moderadas pueden provocar la muerte, aunque en casos muy restringidos cercanos al 1% de los casos, y que su efecto fisiopatológico provoca resultados de infarto de corazón o bien edema pulmonar o cerebral, lo cual sería la causal de muerte. A su vez, Mena explicó que tal mecanismo es similar a la causal de muerte en un caso de abuso de drogas, pero en este caso el análisis anatopatológico y toxicológico practicados al cuerpo de Gurí dieron por resultado que no había restos letales de drogas en su cuerpo. Sin embargo, y aún con el análisis de orina que no puede indicar la cantidad de droga pretendida por los fiscales y descartaría que la muerte haya sido producida por intoxicación, con el de sangre que se realizó a los 8 meses y no es valedero, además del análisis de humor vítreo que dio negativo de cocaína y el de pool de vísceras que no se realizó, y con las lesiones visibles en el rostro, en el cuello y en la cabeza, evidentemente producidas por traumatismos practicados por los agentes policiales que lo detuvieron, los peritos del Estado salteño se niegan a aceptar que a Gurí lo mató a palos la Policía de Salta. En ningún momento explican cómo pudo morir de sobredosis un chico joven y sin antecedentes médicos de patologías cerebro-vasculares, cuyos análisis no arrojan elementos que puedan servir a la teoría de la muerte súbita por intoxicación. Y se niegan a reconocer que la base de las lesiones que presentaba el cuerpo, los traumatismos en ojo y pómulo y cerebrales, son el único elemento que determinaría la posibilidad de una causal formal de muerte en el marco de una detención violenta de parte de las fuerzas de inseGurídad.

Un registro de la junta médica realizada puede verse en

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Y en el hipotético caso de que Gurí haya consumido estupefacientes la noche en que murió no significa que haya muerto por causa de ese consumo y mucho menos justifica su muerte a palos en la comisaría de Santa Ana. Los análisis técnicos no profundizados en el primer momento de la causa tienden a parecerse a un ocultamiento de elementos para determinar la causal real de muerte, más que a una determinación científica fehaciente de cómo y por qué murió Gurí. Y justamente no pueden volver a realizarse pasado tanto tiempo porque no pueden llegar a determinar con seGurídad elementos no generados al inicio de la investigación.

Y aquí entra en juego una cuestión política: la creciente “cientifización” de la impunidad, que nos presenta nuevas maneras de construir sentido sobre el accionar de las fuerzas represivas. Recordemos que en el caso de Santiago Maldonado el juez Gustavo Lleral intentó cerrar la causa tras 27 meses de pesquisas y trató de hacer pasar la “teoría del ahogado” imponiendo que en el hecho no hay delito que perseguir. A 3 años de impunidad en el caso de Santiago la causa no tiene juez, el gendarme Emanuel Echazú fue desprocesado y la investigación está paralizada. El Estado nunca explicó el acomodamiento caprichoso de la causal de muerte de Santiago entre el paro cardio-respiratorio por el frío o bien el ahogamiento, la imposibilidad de que el río hubiera ocultado y/o arrastrado desde caudal arriba el cuerpo, la no coincidencia plena de elementos microscópicos en el agua y en el interior del cuerpo, así como la ausencia de signos de arrastre o marcas que presentaba el cuerpo habiendo sido encontrado en un lecho plagado de ramas y raíces.

En el caso de Facundo Astudillo Castro las definiciones de la jueza Gabriela Marrón y del fiscal Santiago Ulpiano Martínez se encargaron de minimizar los elementos que llevan a la certificar la muerte por politraumatismos que pueden incluir submarino seco (del cual resulta el “diente rosa”) y el descarte del cuerpo de parte de los policías bonaerenses Siomara Flores, Alberto González, Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhuinca.

Como siempre se obliga a la familia como querella a explicar que hicieron los responsables en cada momento, cuando es el Estado quien tiene que dar explicaciones.

Y en el caso de Gurí, como en tantos otros, las respuestas del Estado son inconsistentes. Las preguntas elementales que toda autopsia debe proponerse dilucidar son cuándo, dónde, cómo y por qué murió una persona. Pero la historia demuestra que, en los casos de muertes traumáticas en lugares de encierro como cárceles y comisarías, como en las desapariciones forzadas seguidas de muerte, donde los cuerpos fueron manipulados, deformados y hasta destrozados, esas respuestas son más que esquivas.

Por eso el 3 de noviembre por la mañana nos vamos a estar manifestando frente al Ministerio de Justicia de Nación en la Ciudad de Buenos Aires exigiendo una investigación seria, cárcel común a los responsables, que se aparte a los policías asesinos de Gurí.

La verdadera justicia no depende de ninguna sentencia sino de nuestra propia capacidad para seguir luchando en contra de este sistema perverso.

Juicio y castigo para los asesinos de JORGE GURÍ FARFÁN y de todas las víctimas asesinadas en manos de la policía de Salta y de todo el país.

¡BASTA DE GATILLO FÁCIL! Ni un pibe , ni una piba menos , ni una bala más.

¡BASTA DE MUERTES Y TORTURAS EN CÁRCELES, COMISARÍAS E INSTITUTOS DE MENORES!