Desde el Colectivo contra el Gatillo Fácil de La Plata invitamos a familiares de víctimas de la represión estatal y organizaciones sociales y políticas a acompañarnos en la realización de la 3° marcha contra el gatillo fácil y la represión en La Plata, que se realizará el jueves 26 de agosto a las 15 hs, para continuar denunciando que la represión sigue siendo política de Estado. Un año más nos convoca a la realización de la Marcha contra el Gatillo Fácil y la Represión en La Plata. Desde nuestro espacio hemos impulsado esta actividad porque vemos la necesidad de salir a responder en las calles a toda una política represiva que se despliega desde el Estado en los casos de gatillo fácil, muertes por torturas en cárceles y comisarías, desapariciones forzadas, pero también en el armado de causas, las detenciones arbitrarias, y los crímenes de transodio que se producen con complicidad policial y judicial.
Entendemos que ciertos sectores del progresismo se han alistado rápidamente para denunciar los crímenes de la derecha en el poder, pero se niegan a hablar de represión cuando son gobierno. Nosotros entendemos que gobierne quien gobierne, con o sin cuarentena, la represión sigue siendo una política de Estado. Por eso están presentes en nuestro reclamo Darián Barzábal, Ezequiel Heredia, Cristian “Rusito” Perez, Víctor González, Damián Corvalán, Mauricio Andrada, Ismael Perusatto, Daniel Migone, Miguel Bru, Andrés Nuñez, Jorge Julio López, Soledad Bowers, Nicolás Vargas, Sebastián Nicora, Braian Mogica, Néstor Canizzo, Rodrigo Simonetti, Maximiliano Campos, Matías Marincovich, Germán Ramón Gomez, Johana Ramallo, Tehuel De la Torre, Soraya De la Fuente y tantxs otrxs que nos arrebataron en nuestra ciudad y sus proximidades.
La tregua que prometió el gobierno de Alberto Fernández sobre la represión, con su ministra de Inseguridad Sabina Frederic anunciando derogar la “Doctrina Chocobar” duró lo que sus policías tardaron en volver a apretar el gatillo. Nuestrxs pibxs siguen sufriendo el hambre y la marginación y son blanco de la discrecionalidad en el accionar policial.
En este año y medio signado por la crisis sanitaria producto del Covid-19, también estuvo marcado a nivel nacional por una escalada represiva para sostener la cuarentena en todo el país, que se cobró la vida de más de 350 personas en 250 días de aislamiento obligatorio.
El jefe político de La Bonaerense, el carapintada Sergio Berni, asumió diciendo que no es momento para los tibios y los librepensadores, capitaneó la represión en cuarentena, justificó tanto al asesino Luis Chocobar cuando fue llevado a juicio, como los linchamientos públicos de pibxs y los casos de injusticia por mano propia. Además se encargó de encubrir sistemáticamente a los policías Siomara Flores, Alberto González, Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhuinca, principales señalados en la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Con la excusa de violar la cuarentena el año pasado también se cometieron las desapariciones forzadas de Ariel Valerián en Jujuy y de Luis Espinoza en Tucumán, a lo que sumamos el caso de Francisco Cruz en Florencio Varela,. La represión en el año de la pandemia produjo una muerte cada 20 horas a manos de las policías y servicios penitenciarios en todo el país. Las muertes en lugares de encierro se incrementaron, se cortaron las visitas y se cercenaron los derechos a lxs presxs por causas sociales. Las causas armadas por la policía siguen siendo moneda corriente en todas las jurisdicciones y desde nuestro espacio venimos acompañando a las familias para desarmar los mamarrachos judiciales que elabora la Policía Bonaerense junto a los fiscales, como en los casos de Ezequiel Bazán, Jorge Daniel López y Marcos Bazán.
Los crímenes transodiantes se han agudizado en nuestra región, como ocurrió en los casos de Tehuel De la Torre y Soraya De la Fuente, una trama de impunidades donde también son cómplices la policía y justicia.
Sabemos que hay más de 7.500 personas asesinadas por las fuerzas represivas en los últimos 35 años de democracia. Que el 48% de los casos corresponde a las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Otro 25% a la de Mauricio Macri. Y otro 5% a la de Alberto Fernández. Estos no son sólo números, son las vidas de más de 5.800 personas en los últimos 27 años.
En la calle nos reprimen, nos matan, nos hostigan. En los tribunales nos quieren golpear duro con fallos como los que dejaron impunes los casos de Omar Cigarán y Mauricio Andrada, y la que ninguneó la vida de Juan Pablo Kukoc con una sentencia irrisoria al asesino Luis Chocobar. Sin embargo, en la calle nos fortalecemos y redoblamos nuestros esfuerzos para hacer que la verdadera justicia sean la condena social a los asesinos de uniforme y la denuncia a los responsables políticos de las muertes impunes de miles de pibxs en la provincia de Buenos Aires.
Con la ley 26.811 el gobierno kirchnerista instaló en 2012 al 8 de mayo como “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional”. Desde hace un tiempo se ha popularizado en la militancia, en los medios y la sociedad toda ese término para referirse a hechos represivos producidos por las fuerzas de inseguridad estatales. Desde nuestro espacio partimos de entender que diferentes instituciones (estatales o no) atraviesan nuestras vidas y nos imponen formas de sentir, pensar, hacer, decir y, en definitiva, de vivir. Ello se da muchas veces de manera violenta y otras de forma más sutil, consensuada y casi imperceptible. Afirmamos que esta violencia no es legítima ya que su finalidad es la de sostener un orden social injusto. Para nosotrxs el concepto mismo de “violencia institucional” esconde más de lo que explica: omite (consciente o inconscientemente) el cuestionamiento central al Estado como una forma de organización política y social que reproduce diferentes sistemas de dominación como son el capitalismo y el patriarcado, fuentes de desigualdad y exclusión. Así la amplitud que se le da al concepto no es inocente, ya que iguala prácticas que son esencialmente diferentes. Las violencias y exclusiones en el ámbito de la salud y la educación y en algunos aspectos del servicio de justicia, son cualitativamente distintas a la utilización de aparato represivo nacido y sostenido para ese fin. Pareciera que el concepto “Violencia Institucional” admite la legitimidad de algunas violencias estatales, buscando combatir los supuestos “excesos” de ciertas instituciones como la Policía o el Servicio Penitenciario. En verdad las fuerzas represivas, las que ejercen el monopolio legal del uso de la fuerza tan defendido por quienes creen en la absolutización del Estado de Derecho, no cometen actos inadecuados de violencia sino que son constitutivamente violentas.
Nosotrxs preferimos hacerlo más sencillo. Entendemos que el concepto de Represión Estatal da cuenta más precisamente de la naturaleza de las prácticas con que las fuerzas del Estado ejercen violencia física y simbólica sobre nosotrxs. Entendemos que la represión no debe esconderse como “Violencia Institucional”.
PORQUE CON O SIN PANDEMIA LA REPRESIÓN ES POLÍTICA DE ESTADO, MARCHAMOS PARA EXIGIR:
-¡BASTA DE GATILLO FÁCIL!
– NI UN PIBE NI UNA PIBA MENOS! NI UNA BALA MÁS!
– ¡FUERA BERNI! EL ESTADO ES RESPONSABLE
-¡BASTA DE TORTURAS Y MUERTES EN CÁRCELES, COMISARÍAS, CENTROS CERRADOS Y OTROS LUGARES DE ENCIERRO!
-¡BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS, DETENCIONES ARBITRARIAS Y CAUSAS ARM