OPINIÓN – ENFOQUES

Las cárceles argentinas en tiempos del coronavirus

(Por Venceremos) Mucho antes de la actual emergencia sanitaria, Argentina tiene declarada la emergencia penitenciaria, con vencimiento previsto para el año 2022. A la estructuralmente oprobiosa situación que atraviesa la población encerrada, debe sumársele el agravamiento registrado en los últimos años, en los que la huella represiva del macrismo es notoria: hoy hay alrededor de 100.000 presos, con un aumento exponencial del 55% en los últimos seis años. (…)No desconocemos el carácter disciplinador y de control social que alimenta a los sostenedores del sistema, sobre todo si se informa que el 72% de los delitos que llevan a la cárcel a una persona en nuestro país es de carácter patrimonial. Peor aún, si el 57% de las personas presas no tiene sentencia firme, y si Argentina ingresó en el lote de los países latinoamericanos con más alta tasa de prisionalización promedio.

La gestión Cambiemos incrementó la población carcelaria en un 36,5% (17 mil presos más en la gestión Macri, Bullrich y Garavano.) Más de 65.000 detenidxs están repartidxs entre el Servicio Penitenciario Federal y el de la provincia de Buenos Aires, lo que equivale aproximadamente al 69% de las personas presas de todo el país.

La situación de todxs, reunidos en 301 establecimientos a lo largo y ancho del país, sin embargo tiene un mismo denominador: las condiciones inhumanas a las que son sometidxs. Es imposible soslayar la gravedad de esta cuestión de cara a la pandemia y a las regionales más habituales, como el dengue y el sarampión. Vale para todos los sitios de encierro (centros para jóvenes, neuropsiquiátricos, comisarías, etc.).

Con una superpoblación por encima del 12% (según datos del SPF), no sólo resalta el hacinamiento, además está el déficit sanitario con elevados índices de mortalidad por problemas de salud no asistidos y la ausencia total de prevención por la atávica falta de higiene. La población carcelaria se expone -tal vez como ninguna otra- como auténtica población en especial riesgo.

Pero, pese a la contundencia de estos datos recogidos de las mismas fuentes oficiales (Ministerio de Justicia de la Nación a la cabeza), cabe preguntarse si con la misma conciencia de gravedad se los afronta.

Dudamos que así sea. Si partimos, por ejemplo, de la situación de las mujeres detenidas, hay 21 casos que son flagrantes violaciones a los derechos humanos consagrados por leyes especiales, ya que permanecen en esa condición embarazadas o conviviendo con hijas o hijos menores, dos situaciones contempladas en la ley 26.472 como eximentes de prisión. Se impone para todas ellas la inmediata libertad o, en su caso, la morigeración de la detención con cumplimiento en domiciliaria.

Lo mismo para población mayor de 65 años, o portadores de enfermedades que lxs colocan en riesgo de vida si se contagian cualquiera de las tres variantes que nos amenazan. Es imprescindible una evaluación puntual de sus casos y de inmediato garantizarles la morigeración de la detención, alejándolxs del inminente peligro.

Al mismo tiempo, se impone establecer el nivel de vacunación antisarampionosa de la población carcelaria y la apertura de la campaña antigripal en todos los sitios de encierro, el suministro de barbijos, jabón, detergentes, alcohol en gel y garantizar condiciones de ventilación constante en el sistema de pabellones o calabozos. Son elementales condiciones que permitirían atemperar los riesgos a los que se encuentra sometida la población de encierro.

No desconocemos el carácter disciplinador y de control social que alimenta a los sostenedores del sistema, sobre todo si se informa que el 72% de los delitos que llevan a la cárcel a una persona en nuestro país es de carácter patrimonial. Peor aún, si el 57% de las personas presas no tiene sentencia firme, y si Argentina ingresó en el lote de los países latinoamericanos con más alta tasa de prisionalización promedio.

Hoy lxs presxs se organizan para defenderse de esta condena, pero corresponde al estado no agravar esa situación, porque sin esa premisa el derecho ha pasado a segundo término, y esa es una característica propia de los estados de excepción. Una vez más, la suspensión del derecho como única respuesta a las crisis.

La crisis en Italia llevó a un estallido generalizado de las cárceles, resultado natural en un país emblema del capitalismo: ha privilegiado la ganancia por sobre la igualdad, y entonces, así como han naturalizado elegir entre quién sobrevive y quién no al virus, han decretado, sin firma, que lxs presxs ni siquiera forman parte de las listas.

Ahora importa que se cumpla cuanto antes con la atención de la población de encierro. Por ella en primer lugar, también por sus familias sometidas al escarnio y a la desolación y por todos los que aspiramos a una vida digna.