sobreseimiento parcial por falta de méritos de Debora Vera y Florencia Melo, quienes en el día de ayer recuperaron su libertad, tras 3 semanas se detención en la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche y 20 días en huelga de hambre. A su vez, la jueza federal dictó el procesamiento y prisión preventiva a las cuatro lamngen que se encuentran con prisión domiciliaria, entre ellas la machi Betiana y ordenó pedido de captura para Matías Santana, Cristian y Juan Pablo Colhuan y Yesica Bonnefoi,  integrantes de la Lof Lafken Winku Mapu.

La jueza federal subrogante Silvina Domínguez ordenó el procesamiento con prisión preventiva para ocho lamngen de la lof Lafken Winkul Mapu bajo el presunto delito de «usurpación por despojo».

Se trata de la  machi Betiana Colhuan, Romina Rosas, Martha Jaramillo y María Celeste Ardaiz; todas ellas tomadas de cautivas junto a sus pichikeche (niños) tras el ataque a la lof ejecutado por el Comando Unificado de las fuerzas racistas del gobierno kirchnerista y el gobierno provincial.

El procesamiento no solo recae en las lamngen que llevan 20 días en huelga de hambre exigiendo al libertad inmediata y el respeto al rewe (sitio ceremonial), al derecho de vida de una machi por su condición cultural y espiritual; sino que ahora también continua la caza hacia cuatro integrantes de la comunidad; de los que se dispuso el pedido de captura: Matías Santana, Cristian y Juan Pablo Colhuan y Yesica Bonnefoi.

Mediante una resolución de más de 100 carillas, Silvia Domínguez levantó el secreto de sumario y pidió que se conforme una mesa de diálogo de la que participen representantes del Estado, organismos de derechos humanos y universidades.

¿Será legal violar el derecho a la defensa durante todo este tiempo? Como se mantuvo el secreto de sumario, no hubo control ni acceso de los defensores en todo lo ocurrido.

¿Hasta cuando  se seguirá vulnerando los derechos a una niñez mapuche en paz, en donde los niñxs puedan descansar en armonía, sin sentir el horror de que un grupo de uniformados lleguen en la madrugada a llevarse a sus padres, golpear a sus madres y hacerlas parir en estado de cautiverio?

Ala machi Betiana Colhuan, Martha Jaramillo y Romina Rosas la jueza las consideró “prima facie” coautoras penalmente responsables de la usurpación de los predios correspondientes al ex Hotel Mascardi y a la finca “La Escondida”. Les impuso un embargo por 10 millones de pesos, y de 5 millones para el resto de los acusados.

Laura Taffetani, abogada de la Gremial de abogados y defensora de varios miembros de la gremial expuso:

“Se confirma lo que habíamos adelantado, usaron una causa para provocar el desalojo de todos los demás lugares en forma ilegal porque tanto los predios del ex hotel Mascardi, Gas del Estado y demás, estaban en juicio, estaban en proceso y no correspondía el desalojo. Utilizan la causa de Los Radales y el incendio a la casilla de los gendarmes para justificar la medida que tomaron. En la resolución, la jueza acumula las causas luego de haber hecho todo el procedimiento.
 Primero, violaron absolutamente el derecho de defensa y debido al secreto de sumario dispuesto no hubo control de la defensa de todo lo que pasó”.

El equipo de la defensa tiene ahora tres días para presentar a la Cámara de Casación el pedido de nulidad de la causa, mientras la jueza ordenó el silencio y  los tuvo veinte días alejados del proceso y con total desconocimiento de los argumentos que, de todas formas preveía el equipo de la Gremial, son insostenibles.

“A las seis mujeres que estuvieron detenidas las sobreseen de la causa de Los Radales, o sea el motivo por el que se llevó adelante todo el proceso y por el que permanecieron detenidas; y les dictan prisión preventiva por usurpación de un territorio cuyo litigio ya estaba en otras causas con proceso judicial. Lo más grave aún es que les dictan prisión preventiva en un delito que es excarcelable; la usurpación tiene una pena de tres años, es objetivamente excarcelable”, sostiene Taffetani.

La defensa planteará la nulidad de todo lo actuado por la jueza federal y exigirá la libertad de los procesados y la restitución de los territorios a la comunidad.

Sobre el procesamiento de Matías Santana, la abogada señala que no se entiende por qué se lo procesa: el joven no se encontraba en el lugar, no estaba implicado en las otras causas, “la liga por ser compañero, no hay explicación jurídica. No hay pruebas que fundamenten la decisión que se tomó”, concluye.

Como vemos, la caza sigue; y la justicia solo se aplica para proteger a los negociados políticos e intereses extranjeros.

MACHI BETIANA A SU REWE

DESMILITARIZACION DE TODO WALLMAPU

BASTA DE VIOENCIA CONTRA LA NIÑEZ MAPUCHE

Fuente: Radio Canal abierto –entrevista a Laura Taffetani