Recientemente, la justicia platense decidió concederle el arresto domiciliario al policía bonaerense Alfredo Jorge González, condenado a perpetua en 2010 por torturas seguidas de muerte de Andrés Núñez, hecho ocurrido el 28 de septiembre de 1990 a manos de efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Plata. González, detenido en 2007, estaba purgando una pena efectiva de 25 años y venía solicitando distintos beneficios anticipados amparado en la posibilidad que otorga el cumplimiento efectivo de 3/4 partes del total de la pena. Finalmente la jueza platense Laura Irma Lasaga, presidenta de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, le otorgó la libertad condicional.

El caso es paradigmático, porque no se trata de un delito común, sino de una «grave violación a los Derechos Humanos», y así lo reconoció la Suprema Corte bonaerense en fallos de 2013 y 2014 para evitar el cierre por prescripción de un expediente que lleva 32 años y en el que queda mucho por juzgar. Lo sucedido con Andrés no fue el primer caso de desaparición forzada en democracia. Ni tampoco el último.

La situación de los policías que secuestraron, torturaron y desaparecieron a Andrés sigue siendo dispar: el cabo Víctor Dos Santos, condenado a perpetua junto a González en 2010, murió preso por Covid en 2020, el comisario Luis Raúl Ponce, estuvo prófugo 22 años, fue capturado en 2012 en Neuquén y condenado a reclusión perpetua en 2017, Pablo Martín Gerez, el principal autor del hecho, continúa prófugo desde hace  más de 25 años, y los agentes Gustavo Veiga, Ernesto Zavala, Pedro Costilla y César Carrizo están procesados por encubrir el crimen y a la espera de juicio desde hace 4 años.

La causa por el crimen de Andrés se juzgó como torturas seguidas de muerte, aunque se trate de una desaparición forzada de persona seguida de muerte. Ocurre que el caso se instruye por el viejo Código Penal que encuadraba el hecho en esa figura. Pero además operó la tardanza del Estado argentino, que recién reglamentó la figura penal de la desaparición forzada en 2011, cuando llevamos más de 220 casos en 39 años de gobiernos constitucionales.

El Estado, que a 32 años de los hechos todavía no terminó de juzgar el caso, pretende ahora que los familiares de Andrés, que en estos años de lucha han recibido amenazas y amedrentamientos, convivan en sociedad con el asesino González.

Desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil y el Espacio de Lucha Nilda Eloy rechazamos estos beneficios a policías asesinos y seguiremos exigiendo cárcel común, perpetua y efectiva. Juicio y castigo ya a Pablo Martín Gerez y a los encubridores del crimen de Andrés.

Estos crímenes atroces no pueden esconderse tras el eufemismo de “violencia institucional”, no se trata de un par de funcionarios que hay que corregir o reformar, sino de toda una política represiva que el Estado despliega y se ha llevado la vida de más de 8.200 personas desde diciembre de 1983.

* JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA SEGUIDA DE MUERTE DE ANDRÉS NUÑEZ.

* BUSQUEN, DETENGAN Y JUZGUEN AL PRÓFUGO PABLO MARTÍN GEREZ YA!!!!

* FECHA DE JUICIO YA A LOS ENCUBRIDORES COSTILLA, ZAVALA, CARRIZO Y VEIGA.

* NINGÚN BENEFICIO A LOS ASESINOS PRESOS GONZÁLEZ Y PONCE.

* BASTA DE MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS.

* BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS EN DEMOCRACIA.

*NO ES VIOLENCIA INSTITUCIONAL, ES REPRESIÓN ESTATAL.