(Por Hilda Presman-Red de Derechos Humanos)Recientemente, se cumplió el primer aniversario del asesinato a golpes de Exequiel –Manchita- García, detenido sin procesamiento firme, en la Unidad Penal 6 de San Cayetano, Corrientes. Su madre Laura Silvero, junto a otras víctimas de violencia estatal señalizaron la garita frente al control caminero, en el acceso a la unidad penal n 6, en Paso Pesoa, San Cayetano, con un cartel que reclama Justicia y responsabiliza al Estado Provincial por los crímenes en cárceles y comisarías. El trabajo de herrería del Cartel ha sido confeccionado por la familia Maura, familiares de kevin Candia, asesinado en la UP1 e 21 abril 2020. El trabajo artístico fue realizado por el artista plástico Daniel Cian, militante de HIJOS Corrientes
Coincidentemente, se cumplieron diez años de la feroz golpiza, que recibiera Raúl Abel Sánchez, en el entonces anexo de la Up1 en San Cayetano, en represalia a las repercusiones que ahí hubiera tras la represión por un conflicto en el penal 1 el 12 enero del 2012. Sánchez agonizó esposado a una cama del Hospital Escuela y falleció un mes después. Su muerte esta impune.
Manchita García y Raúl Sánchez, son dos de los 10 casos de personas fallecidas por responsabilidad estatal (del servicio penitenciario y del poder judicial que determinó su privación de libertad) en esa unidad penal, cárcel de procesados, inaugurada en febrero del 2005.
Ellos son:
1.- Duarte, Carlos Alberto 25/12 2006 (ahorcado)
2.- Tuama, Carlos Raúl, 20 /5/2011 (apuñalado)
3.- Sánchez, Raul Abel 16/2/2012 (muerto agolpes)
4.- Casco, Nelson 30/5/2013 (apuñalado)
5.- Bianchetti, Carlos 29/4/2014 (Quemado)
6.- Paniagua Francisco 29/8/2014 (ahorcado)
7.- Enciso Damián 14/3/2017 (abandono tras golpes)
8.- Pared Leandro José 29/8/2017 ( abandono ¿golpes?)
9.- García Exequiel 13/1/2021 (muerto a golpes)
10.- Ayala Gonzalo Martín 26/1/2021 (apuñalado)
Estas muertes se produjeron por acción directa de las fuerzas represivas, encargadas de su custodia y resguardo, por tercerización de la violencia entre presos, facilitada por el servicio penitenciario, por incumplimiento de su rol de cuidado en cuestiones de salud, o por facilitar, instigar o no prevenir autoagresiones y suicidios.-
Según los Informes de la Correpi a nivel nacional que se corresponden con los registros que la Red de Derechos Humanos junto al Observatorio de Conflictos Sociales del Nea, dependiente de la Unne, @observatorioconflictosnea, realiza a nivel local, se puede concluir que estar en un calabozo, de cárcel o comisaria, bajo custodia de fuerzas de (in)seguridad, es la principal causa de muerte por la acción represiva del estado, seguida de los fusilamientos por gatillo fácil.
Esto está directamente vinculado al endurecimiento del sistema penal del 2004 en adelante, a la triplicación casi, en los últimos años, de los índices de encarcelamiento, a la superpoblación y hacinamiento en cárceles y comisarías, al abuso de la prisión preventiva para los excluidos y pobres que el sistema atrapa. También al abandono del deber de cuidado a la salud, y la multiplicación de las muertes evitables. Estos dos años de pandemia, refuerzan el hecho del abandono sanitario en cárceles y comisarías, el aumento de reclamos por esta situación, y el control social ejercido sobre quienes están privados de su libertad, lo que ha incrementado estos casos de violencia institucional.-
Por todo esto decimos:
• Ni un pibe más muerto en cárceles, comisarias o bajo custodia
• Basta de Impunidad: Castigo real y efectivo a todos s los miembros de fuerzas de seguridad responsables de hechos represivos
• Cese del uso indiscriminado de la prisión preventiva por delitos menores.
• Revisión y rápido trámite de los expedientes de personas con condenas menores efectivas en condiciones de acceder a libertades domiciliarias o asistidas.
• Garantía de la debida provisión de asistencia médica y psicológica, alimentos, medicación y recursos sanitarios en lugares de detención.
Red Corrientes de Derechos Humanos
Corrientes, enero 2022