(Por Fernanda Giribone/APL) La Justicia y los anti-derechos la persiguen por practicar una ILE (Interrupción Voluntaria del Embarazo). Miranda Ruiz, fue judicializada hace ya 8 meses por atender un aborto legal con causales de salud en Tartagal, a pesar de que la “Guía de Atención” y el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, avalan su actuar.

Mientras la ley ILE lleva 100 años de vigencia en Argentina y la Interrupción Voluntaria del Embarazo es ley desde diciembre del 2020, en los hechos los sectores anti-derechos siguen jugando su papel nefasto de la mano de la objeción de conciencia, las judicializaciones y el hostigamiento de pacientes, que muy frecuentemente comienza con hacer público los casos, violando la confidencialidad.

Por lo antes expuesto está claro que la causa contra Miranda Ruiz ya debería de haberse cerrado hace meses, pero los sectores anti-derechos insisten en la persecución como método de disciplinamiento para los profesionales de la salud que garantizan la práctica, y para las personas que optan por acceder al derecho del aborto legal, de acuerdo a la Ley Nacional N° 27.160. 

En la causa de Miranda se negaron dos pedidos de sobreseimiento, razón por la cual la defensa presentó un recurso de apelación, que ya se encuentra radicado en la Vocalía N° 2 de la Sala Primera del Tribunal de Impugnación de la ciudad de Salta.

Este jueves 12 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, se realizó un pañuelazo en las puertas de la Ciudad Judicial de la provincia de Salta, en apoyo a Miranda. También se realizará una conferencia  de prensa de organizaciones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y de  quienes denuncian la violencia laboral y la  persecución judicial y patriarcal que enfrenta Miranda por garantizar derechos, víctima de un proceso de persecución y ensañamiento que carece de sustentos jurídicos.

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