(Por Gustavo Franquet/ Gremial de Abogados y Abogadas)Todos y todas pudieron ver a la Gremial pelear con todo lo que teníamos en la audiencia del juicio de extradición contra Facundo Jones Huala, lonko de Curramapu, miembro de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Todos y todas vieron cómo el Tribunal nos rechazó absolutamente toda la prueba que presentamos y que habría permitido demostrar la motivación discriminatoria y de persecución política del proceso que se le realizó en Chile, del tratamiento que recibió en la cárcel y de la negativa posterior a mantenerle la libertad condicional como es su derecho.

Todos y todas pudieron presenciar el desarrollo del juicio dónde, como pocas veces se vio en la historia reciente del Poder Judicial (y es mucho decir), se pisotearon las garantías procesales y constitucionales que deberían proteger a toda persona sometida a una instancia semejante.

Finalmente, el 14 de noviembre la Corte Suprema de la Nación confirmó todo lo resuelto por el juez federal de Bariloche el 31 de julio y declaró procedente la extradición, dejando la decisión final, como establece la ley, en manos del Poder Ejecutivo, es decir del actual Gobierno. Y refirmamos lo de “actual”, toda vez que el plazo que tiene para definir la situación vence antes del 10 de diciembre.

Inmediatamente después de la sentencia de primera instancia, en agosto, Facundo presentó ante el Ministerio de Justicia argentino el pedido de terminar de cumplir su sentencia acá, de acuerdo al Tratado vigente entre los dos países. Sin mayor demora, dicha presentación fue enviada al Ministerio de Justicia de Chile para que se pronuncie.

Una vez conocido el fallo de la Corte, Facundo inició una huelga de hambre seca que ya lleva 11 días y por lo tanto hoy su estado de salud es precario; se puede decir incluso que es grave.

Una vez presentada la apelación a la sentencia ante la Corte, la Gremial ha realizado múltiples gestiones administrativas en vistas a que se accediera al pedido de Facundo de cumplir en Esquel los ahora 6 meses que le quedan de prisión.

Ante el gobierno argentino principalmente.

Hablamos y nos reunimos con diferentes funcionarios, algunos de alto rango.

También con organismos de DDHH que puedan tener llegada más profunda a los ministerios y al gobierno. Sabemos que estos están intentando lo que está a su alcance, pero hasta ahora sin respuestas concretas y menos positivas.

Hablamos con funcionarios chilenos.

Del lado argentino, siempre nos dejaron en claro que para el gobierno actual no es una opción rechazar la extradición tal como es su potestad según la legislación vigente (art. 10 de la ley 24.767). Este gobierno está dispuesto a extraditarlo.

Del lado chileno, al día de hoy siguen sin dar respuesta a la solicitud presentada en agosto para que autoricen la permanencia de Facundo en la cárcel argentina hasta el fin de su condena.

En todos los casos nuestra pretensión es simple, sencilla y relativamente fácil de aceptar:

Facundo será puesto en libertad en mayo del año que viene.

Sí o sí. Acá o en Chile.

No pesa sobre Facundo ninguna otra causa, ni proceso alguno, que no fuera el que originó la extradición.

De manera que por semejante exiguo tiempo que falta nuestro planteo es: que ese tiempo lo cumpla en Argentina y en su lugar de detención actual, que es una cárcel federal.

No estamos reclamando nada que no sea posible ni que esté en contradicción con las leyes vigentes.

Al contrario, es lo que obligan las convenciones y tratados referidos a los derechos de las personas detenidas pertenecientes a pueblos originarios. Tratados firmados por Argentina y Chile, vigentes, y que además han sido interpretados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (jurisprudencia que debe ser respetada por ambos países) en el sentido de garantizar a dichas personas el cumplimiento de eventuales condenas lo más cerca posible de sus comunidades, en atención a la mayúscula importancia que tienen sus vínculos con las misma.

Lamentablemente seguimos sin respuestas concretas.

La Gremial es recibida, palmeada y bien tratada en todos los casos, en todos los ministerios y por todos los funcionarios. Pero no hemos logrado que eso se traduzca en hacer lo necesario para que el gobierno chileno se pronuncie y tampoco, como dijimos, que se nos diera la mínima esperanza de que este gobierno pueda decidir no extraditar a Facundo.

Nos preocupa, sin embargo, que el gobierno saliente decida no dar la cara y, contraviniendo lo que la ley establece, no resuelva la cuestión de la extradición antes del 10 de diciembre. Creemos que, especialmente después de un proceso judicial argentino en el que no existieron las garantías mínimas, corresponde que se le exija al gobierno chileno una respuesta inmediata a la solicitud presentada, por sí o por no, para luego −en el caso de ser la respuesta negativa y, obviamente, antes del 10 de diciembre− decidir si se lo extradita o no; de manera de evitar la prolongación de un manoseo que ha llevado a Facundo a adoptar una decisión extrema.

De no ocurrir nada de esto,  será el próximo gobierno, entonces, quien tendrá la principal responsabilidad de lo que ocurra con el lonko.

La Gremial está haciendo todo lo que puede, considerando que no somos más que una simple organización de solidaridad sin ningún vínculo con este ni con ningún gobierno y con muchas limitaciones materiales, como siempre recordamos, para afrontar las defensas que nos encargan.

Pero lo hacemos con la profunda convicción de que luchadores como Facundo Jones Huala o Facundo Molares, por dar sólo dos ejemplos, lo merecen y merecen mucho más.

Y seguiremos hasta que esta situación se resuelva como corresponde y en mayo Facundo sea liberado desde la cárcel de Esquel o hasta que sea subido a un avión hacia Chile.

Lo que pedimos, lo puede pedir, hacer o gestionar cualquiera.

Tanto en Argentina como en Chile: que los gobiernos permitan que Facundo cumpla en Argentina el escaso tiempo de condena que le falta.

No es algo descabellado.

No pedimos imposibles.

Hacemos saber que no lo estamos logrando y que nos la hacen tan difícil como nos la hicieron los tribunales de la autodenominada Justicia.

Cuando estamos terminando de escribir este comunicado, nos llega la notificación de que el juez federal de Bariloche acaba de ordenar la internación de Facundo en estos términos: “DISPONER el urgente traslado de Francisco Facundo Jones Huala al Hospital Zonal de Esquel, autorizándose el uso de la fuerza pública en caso de su negativa, […], ORDENAR su internación aún sin su consentimiento. También se autoriza a proceder a su alimentación forzada y la realización de estudios y procedimientos médicos que sean invasivos, debiendo proceder en todos los casos de forma de garantizar el trato digno y respetuoso”.