Hace cuatro años la Policía se llevó a Alejandro Martínez de un hotel, esposado y caminando. Al rato el hombre falleció dentro de un calabozo. Hubo mentiras oficiales y hasta se culpó a la víctima. Pero las pruebas complicaron a nueve efectivos. Tres de ellos, acusados de tortura seguida de muerte, serán juzgados en 2026. El silencio de Kicillof aturde. La expareja de la víctima sólo quiere justicia.

(Por Daniel Satur/LID) Primero, un detalle. Decir que la Policía Bonaerense es “de” Axel Kicillof no es caprichoso ni forzado. Es cierto que no hay una relación de pertenencia directa entre una institución represiva con 203 años de existencia y quien la tiene a su cargo desde 2019. Pero, al igual que sus antecesores, el Gobernador no sólo “heredó” sin chistar el inventario de la “maldita policía” sino que decidió continuar garantizando la impunidad para sus miembros.

La primera señal fue poner al frente del Ministerio de Seguridad a Sergio Berni, un derechista cultor de la mano dura, la represión y el fraguado de causas. Aunque con menos show, su continuador Javier Alonso mantiene la línea de conducta. Paralelamente, el aumento de presupuesto en “seguridad” es una constante, superando en proporción a lo destinado a otros ítems de gestión como educación, salud o vivienda.

A cambio de proteger a comisarios, suboficiales y sargentos, Kicillof recibe subordinación para sus necesidades políticas. Así, reprimieron a miles de familias sin techo en Guernica y aplicaron una cuarentena violenta con muertos y desaparecidos. Además, controlan permanentemente los barrios, asociándose con el narco y otras mafias mientras criminalizan a los pibes pobres.

El caso de Alejandro Martínez se inscribe en esta trama político-policial. La madrugada del 18 de noviembre de 2021 el hombre de 35 años, oriundo de Brandsen, murió en una celda de la Comisaría Tercera de San Clemente del Tuyú, localidad del Partido de la Costa. Antes había recibido una dura paliza de los uniformados. La importante suma de dinero que tenía en su poder al momento de ser detenido, nunca más apareció. Todo lo hecho desde entonces por el Poder Ejecutivo bonaerense fue encubrir, encubrir y encubrir.

Pese a todas las maniobras de la Policía y de sus jefes políticos, primero Berni y hoy Alonso, la causa judicial por el crimen de Martínez avanzó. El año que viene se juzgará a tres de los nueve efectivos procesados. Se trata de José Pereyra, Christian Rohr y Maximiliano Munche, acusados de coautores del homicidio triplemente agravado. Se les endilga alevosía, ensañamiento, premeditación de más de dos personas y, lógicamente, ser miembros de una fuerza de seguridad. Los tres están en prisión y pidieron someterse a un juicio por jurado.

El resto son Laura Chiarullo, Evelyn Garófalo, Jaqueline Mansilla, Carla Cantarella, Sandro Mujica y Miguel Boulos, quienes deben ser juzgados (aún sin fecha) como “partícipes secundarios” del crimen con diversos delitos que confluyen entre sí. La causa lleva el número 903-9719 y está caratulada como “tortura seguida de muerte en concurso ideal con abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El proceso de enjuiciamiento está a cargo del Tribunal en lo Criminal 2 de Dolores. Los jueces a cargo del proceso son Antonio Severino, Juan Gardinetti y Christian Rabaia. Este martes a las 9 de la mañana, cuando casualmente se cumplan cuatro años de que le avisaran a la familia de Martínez que estaba muerto, se hará la audiencia preliminar de cara al juicio contra Pereyra, Rohr y Munche. Será una de varias, hasta la fecha de inicio del proceso oral y público con jurado popular agendado para el 28 de septiembre de 2026.

Laura Laganá Santillán vive en La Plata. Su hijo, de ocho años, desde hace cuatro pregunta por su papá Alejandro. Cuando Martínez murió, ya no eran pareja, pero se querían mucho y el chico crecía con ambos de la mano. Hoy ella es querellante en la causa contra los asesinos de uniforme. La patrocina el abogado Augusto Infante, miembro del equipo de letrados de la Comisión Provincial por la Memoria .

“Las expectativas para el juicio por jurado que se aproxima, sin lugar a dudas, pasan por nuestra búsqueda incansable de justicia, hasta el final”, dice la mujer a La Izquierda Diario. En ese sentido, agrega, “sería lógico que los tres coautores materiales reciban una condena ejemplar, que no puede ser otra que la prisión perpetua. Ése sería un importante primer paso”.

Laganá Santillán también espera “que los seis participantes secundarios del crimen de Alejandro sean juzgados como corresponde y condenados con la mayor pena posible”. Y que el juicio “sea transparente y sin ningún tipo de privilegios para los acusados. Que pertenezcan a las fuerzas de seguridad no los convierte en más importantes que nadie”.

El cuerpo sin vida de Martínez fue encontrado la madrugada del 18 de noviembre de 2021 en un calabozo de la Comisaría Tercera, ubicada en San Martín entre 7 y 8 de la ciudad balnearia. Hasta horas antes estaba alojado en el Hotel Fontainebleau. En una mochila cargaba cerca de $ 300 mil que pensaba transferirle a Laganá Santillán. Es muy probable que el dinero se lo hayan repartido entre los policías. ¿Fue también ése el móvil del crimen? Difícil saberlo.

La noche del 17 el personal del hotel llamó al 911. Dijeron que se escuchaban ruidos en la habitación del séptimo piso y que Martínez parecía “agresivo”. Llegaron dos patrulleros de la Tercera. Lo encontraron tranquilo, sentado en una escalera, lo esposaron, lo sacaron sin mayores resistencias del hotel y lo llevaron a la comisaría.

El video de seguridad del Fontainebleau muestra que Martínez salió caminando, descalzo, en shorts y sin sus lentes. Dato no menor, ya que por un accidente laboral había perdido la visión de un ojo y tenía visión reducida en el otro. Más complicado aún como para ofrecer alguna resistencia frente a los policías.

La filmación evidencia que, al menos hasta ese momento, no tenía signos de estar malherido. Menos de dos horas después, su cuerpo yacía en un calabozo. Según la autopsia, murió por asfixia mecánica, tenía varias costillas rotas y heridas en todo el cuerpo.

Desde el inicio las máximas autoridades de la Policía intentaron encubrir todo. Primero les dijeron a la familia de Martínez que había muerto “en la vía pública”. Luego cambiaron el relato y dijeron que efectivamente falleció en el calabozo, pero por “una sobredosis” de drogas. Las verdaderas circunstancias del fallecimiento fueron tergiversadas por quienes debían decir toda la verdad. Según la reconstrucción de los hechos, ni siquiera llamaron a una ambulancia cuando Martínez agonizaba.

Pese a todas las evidencias y siempre presto para los flashes, Sergio Berni salió rápido a hablar por los medios. Dijo que el culpable fue el propio Martínez y hasta le inventó un prontuario, llamándolo “ladrón” y “adicto”. Incluso aseguró que las heridas eran “autolesiones” producidas por “un brote” psiquiátrico. Las pruebas lo desmintieron de punta a punta. ¿Pagará alguna vez por todo eso?

Se trata de un claro caso de muerte bajo custodia estatal y de la llamada “violencia institucional”. Pero la Gobernación de Kicillof eligió, como en muchos otros casos, el camino del encubrimiento y la indiferencia hacia las víctimas. No sólo Berni y sus subordinados hicieron mil maniobras. Ni siquiera desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia provincial se sintieron obligados a decir algo al respecto.

“Nunca nos llamaron ni nada por el estilo, hace cuatro años que siguen en un silencio total. Y creo que eso no puede desligarse de la responsabilidad que tienen en todo lo que fue el encubrimiento hacia los policías”, dice la expareja y madre del hijo de Martínez.

Por si fuera poco, Laganá Santillán debió soportar una campaña permanente desde las redes y portales de San Clemente en la que se acusa con virulencia a la familia de Martínez de haber montado una causa injustificada contra los uniformados.

Comisaría Tercera de San Clemente

Comisaría Tercera de San Clemente

Kicillof y sus funcionarios decidieron no contradecir la lógica tradicional de los gobiernos anteriores, desde Eduardo Duhalde a María Eugenia Vidal pasando por Daniel Scioli. La llamada “gobernabilidad” de la fuerza no se discute, aún cuando ese paquete incluya el deliberado intento de salvar a criminales como Munche, Rohr y Pereyra.

Esa cobertura política, en el caso del actual gobierno peronista, se repite en infinidad de casos, como los de Facundo Castro, Daiana Abregú, César “Lolo” Regueiro, Tehuel de la Torre y muchos otros “hitos” prontuariales recientes de la Policía Bonaerense.

Por eso, como también lo muestra nuestra larga historia de lucha por los derechos humanos y las libertades democráticas, ante el desprecio oficial (que es parte del mismo “paquete”) los seres queridos de las víctimas forjan relaciones solidarias desde abajo, organizan movilizaciones comunes y distinguen, sin dudas, quiénes están de un lado y quiénes del otro.

Así se ve en el caso de Alejandro Martínez. Algo que no podrán tapar jamás los cortinados de los grandes ventanales de la Casa de Gobierno donde vive y toma decisiones Kicillof.