(Agencia Andar) El fuerte incremento de casos de uso letal de la fuerza policial en la provincia de Buenos Aires durante junio volvió a alertar sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas de Seguridad. Actúan con una absoluta falta de criterio y proporcionalidad y amparados en la impunidad que garantiza la justicia para la mayoría de estos crímenes. Desde el 2016, cuando la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) comenzó un registro propio de casos, hasta este 30 junio, se reportaron 545 víctimas; es decir una muerte cada 72 horas o cada tres días. En junio de este año ese tiempo se redujo a 40 horas, es decir menos de dos días. En los primeros 16 días de julio ya hubo otras nueve muertes. “Es necesario un cambio profundo en las políticas de seguridad, no podemos permitir que se sigan violando los derechos humanos en democracia”, dijo recientemente el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel.

En la madrugada del viernes 10, los policías Ezequiel Benítez y Cintia Duarte persiguieron la moto en la que iban Lucas Verón y un amigo; el patrullero los embistió por detrás, Benítez se bajó y disparó varias veces: una bala perforó el pecho de Lucas que ese día festejaba su cumpleaños número 18. Los policías se escaparon y no avisaron del hecho; sus compañeros de fuerza amenazaron al adolescente que sobrevivió al ataque para obligarlo a declarar que venían de robar y desviar así la investigación.

Brandon y Lucas son dos de las nueve víctimas por uso letal de la fuerza en los 16 días que van de julio; estas cifras marcan una lamentable continuidad con la tendencia del último mes donde hubo 18 muertes en manos de las fuerzas de seguridad en el territorio de la provincia de Buenos Aires; una muerte cada 40 horas que achica el promedio de una muerte cada 72 horas.

Los asesinatos de Brandon y Lucas también evidencian, una vez más, la enorme brutalidad, arbitrariedad y desproporcionalidad en las intervenciones armadas de los agentes policiales. Los protocolos sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios estatales son claros: el uso de armas de fuego debe ser una medida excepcional y ejecutarse con criterios de racionalidad y proporcionalidad. Nada de eso se constata en estos casos ni en tantos otros hechos de violencia institucional que toman notoriedad pública todos los meses.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene reclamando desde hace años cambios estructurales e integrales de las políticas de seguridad y las policías. A pesar del repudio público que generaron algunos de estos hechos, los casos de uso letal de la fuerza de las últimas semanas forman parte de una secuencia que se mantiene en los mismos niveles desde hace años. Desde el 2016, la CPM lleva un registro propio de estos casos: hasta el pasado 30 de junio, había relevado 545 víctimas en la provincia de Buenos Aires; es decir, una muerte cada tres días.

Los hechos denunciados durante el 2020 se ubican en esos niveles; en los primeros seis meses del año, 60 personas murieron en manos de agentes de las fuerzas de seguridad. 31 de esas muertes se produjeron durante la pandemia; un dato alarmante si se tiene en cuenta que, durante ese mismo tiempo, los índices delictivos bajaron porque descendió también la circulación de personas en las calles debido a la medida de confinamiento decretado en el marco de la pandemia.

Los casos de uso letal de la fuerza representan el extremo más grave de las múltiples violaciones a los derechos humanos que cometen las fuerzas de seguridad en su despliegue territorial. En calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM también advirtió que, bajo el amparo de actuar para controlar el cumplimiento de la cuarentena, la Policía de la provincia de Buenos Aires actuó discrecionalmente y denunció decenas de hechos de abusos, hostigamientos, amenazas, detenciones ilegales y torturas.

LA VIOLENCIA POLICIAL EN 2020

Un dato alarmante que se repite a través de los años: la mayoría de las muertes por uso letal de la fuerza se producen por la intervención de policías que están fuera de servicio y actúan para evitar el robo de bienes propios o de terceros. Un signo del estado policial que los obliga a estar con el arma reglamentaria las 24 horas los 365 días del año.

En estos seis meses, policías fuera de servicio, usando su arma reglamentaria, produjeron 38 muertes. En muchos casos, actuaron de manera letal aun cuando no había ningún indicio de riesgo o amenaza para la vida de nadie: cinco de las víctimas estaban desarmadas, dos tenían un arma de juguete, otra sólo tenía una tijera y otra un cuchillo. Una muestra de la desproporcionalidad de la intervención policial que, ante cualquier amenaza, dispara a matar.

En otros casos, los agentes fuera de servicio utilizan el arma reglamentaria en situaciones de carácter privado, como en Pehuajó, donde el agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Boris Iván Lulich asesinó a su compañera y su hermano porque sospechaba que tenían un romance. En lo que va del año, son seis las muertes que se producen en circunstancias de carácter privado; en los últimos cuatro años, fueron 55, 21 de ellos femicidios.

De las 60 muertes por uso letal de la fuerza que la CPM relevó en los primeros seis meses del año, sólo 16 —es decir menos del 30% del total— se produjeron con la participación de policías que estaban de servicio. Entre estos casos los ejemplos sobre la desproporcionalidad de la intervención policial también son notorios. Cuatro personas murieron en persecuciones policiales que se iniciaron sólo porque las víctimas no se detuvieron en un retén policial: el primero de los hechos ocurrió en enero en Moreno; un móvil del Comando de Patrulla persiguió la moto en la que iban tres adolescentes para identificarlos; en el recorrido la moto perdió el control y los ocupantes salieron despedidos: dos murieron, otro sufrió heridas. Tenían entre 15 y 16 años.

Otra persecución mortal o «uso letal del patrullero», ocurrió el 1º de junio en San Nicolás: como estaban incumpliendo la cuarentena, y por temor a que le secuestren la moto, Ulises Rial de 25 y Ezequiel Corbalán de 30 esquivaron un puesto de control. La persecución terminó a las pocas cuadras, cuando un patrullero que venía de frente y sin las sirenas ni las luces azules prendidas se cruzó de carril intencionalmente para cerrarles el paso; Ezequiel maniobró para evitar el choque, pero impactó de todos modos con el móvil.

El 19 de enero, Epifanio Núñez de 51 años se resistió con un machete a un allanamiento en su vivienda de Melchor Romero, un agente le disparó dos veces: la segunda en el pecho a corta distancia. Otro hecho similar: el 16 de junio, en la cercanía de la estación de trenes de Berazategui, Diego Arzamendia fue rodeado por una decena de policías, los amenazó con un cuchillo y uno de los efectivos de la Policía Local lo fusilo de dos disparos.

En estos seis meses también se registraron dos hechos de letalidad donde el ataque mortal se produjo con postas de goma. La bala de goma también mata. El primero ocurrió en la madrugada del 24 de enero en la localidad de San Pedro: policías bonaerenses acudieron al barrio San Miguel por una discusión callejera; en el patio de la vivienda de su madre, Ángel Luna, un joven de 26 que estaba en situación de calle, recibió un disparo en el pecho a corta distancia con posta de goma. Murió en el acto.

El 23 de febrero, agentes del Comando de Patrullas de Berazategui acudieron a un llamado al 911 por una pelea familiar; los vecinos discutieron con los policías y le arrojaron piedras, uno de los efectivos responde disparando con balas de goma: uno de los disparos impacta en la cabeza de Diego Arias de 27 años, que murió a los pocos minutos.

Con las nueve muertes ocurridas en julio, el total de víctimas por uso letal de la fuerza en la provincia de Buenos Aires llega a 69. Un número que debe alertar no sólo por lo que ocurre hoy sino porque, como se mencionó, es una constante de los últimos años. Desde que la CPM lleva su propio registro, relevó 110 casos en 2016, 121 en 2017, 120 en 2018 y 134 en 2019.

Esta tendencia tiene que revertirse, la brutalidad de los casos mencionados son sólo un ejemplo de historias que se repiten año a año y que tienen un patrón común: las víctimas, en su gran mayoría, son jóvenes y pobres.

Para revertir esta tendencia es indispensable modificar estructuralmente las políticas de seguridad: fortalecer el control civil sobre la fuerza, sancionar administrativamente con celeridad las causas administrativas en la Auditoria General de Asuntos Internos,  crear las fiscalías especializadas en violencia institucional ya aprobadas por una ley que no se cumple, investigar y juzgar estos delitos, derogar el estado policial, entre otras medidas. De las 60 muertes relevadas por la CPM durante los primeros seis meses del año, en casi la mitad actuaron agentes de fuerzas que no son la Bonaerense: 16 victimarios fueron de la Policía Federal, 8 de la Policía de la Ciudad, en todos los casos los agentes actuaron cuando estaban fuera de servicio. A esto se suma otros cuatro hechos que involucra a policías retirados de la Federal y un caso donde intervino Gendarmería Nacional, el único que se produjo en servicio.