LAS FORMAS DE LA JUSTICIA POPULAR
Este 17 de mayo asistimos en la ciudad de La Plata a la concreción de una de las formas de la justicia popular, no sólo porque un jurado conformado por ciudadanos de la provincia de Buenos Aires haya comprendido la real dimensión de la Represión Estatal y condenado a los asesinos de Gonzalo Domínguez, Danilo Sansone, Camila López, Aníbal Suárez y agresores de Rocío Quagliarelo, sino principalmente porque comprobamos que fue la movilización popular la que hizo justicia.
(Por Colectivo Contra el Gatillo Fácil y Espacio de Lucha Nilda Eloy de La Plata)
Después de 4 años de lucha y una jornada final de juicio oral de casi 12 horas de espera, la jueza del TOC 4 platense Carolina Crispiani dio lugar al jurado opular a expresar el veredicto en el juicio a 4 de los policías bonaerenses asesinos de lxs pibxs. En concreto el jurado encontró al capitán Rubén Alberto García y al oficial Leonardo Ecilapé culpables por unanimidad del delito de “homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego” de Danilo, Camila, Gonzalo y Aníbal. A Manuel Monreal y Mariano Ibáñez culpables por mayoría de 10 votos del “delito menor incluido de tentativa de homicidio agravado por el uso de su función policial y por el empleo de un arma de fuego” de Danilo, Camila, Gonzalo y Aníbal. Y por la “tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de arma de fuego” de Rocío Quagliarelo, los cuatro policías fueron declarados culpables por mayoría de 12 votos, aunque se discriminó a Ecilapé e Ibáñez como coautores. Queda ahora una audiencia más ante la jueza Crispiani donde las partes van a discutir la calificación y el monto de la pena imponible a los cuatro asesinos, pero eso será otra instancia.
El fallo es casi el que las familias de lxs chicos y su representación legal esperaban, por eso la emoción que se vio en la calle frente a tribunales tras horas de cantar “Justicia es perpetua” y al conocer los detalles del veredicto por los altoparlantes que seguían la transmisión del canal de la Suprema Corte bonaerense. Es que la experiencia con los juicios por jurados para casos de gatillo fácil no viene siendo buena. Recordamos que en febrero pasado un tribunal popular de San Martín dijo que los más de 14 disparos de la policía bonaerense que perseguía una camioneta con 8 pibes arriba, el asesinato de Diego Cagliero, las heridas a otros jóvenes, el plantado de 2 armas a los pibes y la limpieza de la escena se traducía jurídicamente en una leve condena por un “homicidio culposo” a Rodrigo Canstatt y otra por intento de homicidio en 8 casos a su camarada Darío Montenegro. Recordemos que los homicidios, o su tentativa, cometidos por integrantes de las fuerzas represivas tienen su propio agravante estipulado en el código penal direccionando la pena hacia la perpetua, pero en el caso Cagliero, ocurrido unas horas después de los hechos de San Miguel de Monte, ello pareció no importar. Más recientemente otro jurado absolvió en Mar del Plata al policía Pedro Arcángel Bogado, asesino confeso de Brandon Romero, a quien emboscó después de un supuesto intento de robo, redujo a disparos y luego remató en el piso en un hecho ocurrido en julio de 2020. También ha habido fallos favorables como el del jurado popular de La Matanza que en abril pasado declaró culpables por unanimidad a 11 policías de la Comisaría 3 de La Tablada por los delitos de severidades, vejaciones y abuso sexual cometidos durante cuatro meses entre el 2019 y el 2020 contra 28 mujeres y trans. Pero ello no invalida que la sociedad en que vivimos es influenciada permanentemente por una cosmovisión permeada por la “mano dura” en casos donde el imputado de cometer un delito es un civil, y a la protección de la institución policial cuando los acusados son integrantes de las fuerzas represivas. Y de esa cantera se nutren los jurados populares.
Todas esas dudas y maniobras fueron despejadas por la impresionante organización popular que generaron las familias de los pibxs de Monte. Desde el Colectivo los acompañamos en en las distintas actividades que se hicieron en el pueblo, como marchas, charlas, murales y jornadas con música en la plaza central. También tuvimos el honor de coordinar la primera movilización que se hizo por el caso a los tribunales de La Plata, donde instruyó la parte principal del expediente, conocimos sus historias y nos sumamos a su lucha. Lo que han tenido que soportar esas familias, incluidas amenazas y vivir su cotidiano con custodia de Gendarmería, no tiene nombre y muy lejanamente se equipare con este fallo a una “reparación”. Este fallo es lo que correspondía, sin dejar de recordar que los policías asesinos y sus encubridores fueron 23 imputados, más allá de los autores materiales ahora condenados García, Ecilapé, Monreal, e Ibáñez. La justicia decidió separar el procesos de los que asesinaron sobre los que encubrieron. En una segunda tanda están otros 9 policías: Marcelo Idarreta, José Domínguez, Melina Bianco, José Durán, Maia Valiente, Cristina Alberto Righero, Juan Manuel Gutiérrez, Julio Micucci y Nadia Genaro, procesados por falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El fiscal de instrucción Lisandro Damonte también imputó por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público a los agentes Florencia Stankevicius, Mario Mistretta, Evelin Yael Van Monleghey, Camila Galarza, Marisol Rizzo, Sergio Servia y Héctor Enrique Ángel, mientras que sólo por el delito de violación de los deberes de funcionario público le atribuye responsabilidad a los efectivos Julieta Aguilera Rearte, Nelson Rodríguez y Raúl Mauregui. A ellos se sumaba el secretario de Seguridad de Monte y ex policía Claudio Ismael Martínez. Martínez fue beneficiado con prisión domiciliaria al ser incluido en el grupo con riesgo de vida ante un posible contagio de Covid-19 y murió impune en mayo de 2022 por las heridas que le provocó el ataque de un perro en su casa. Y hay que recordar que la imputación contra la intendente Sandra Mayol por encubrimiento fue sospechosamente archivada a fines de 2022 en una polémica decisión del Juzgado de Garantías 2 de La Plata, a cargo de Eduardo Silva Pelossi, medida que está apelada a instancia superior. Por eso hay que suguir luchando y la causa de lxs pibxs de Monte no se termina aquí.
Párrafo aparte para la exasperante presencia en las jornadas de La Plata de los titulares de las carteras de Derechos Humanos de los estados nacional y bonaerense, a la vez militantes de espacios políticos que no acompañan estas luchas -lo que los hace más llaneros solitarios-, porque son integrantes de las gestiones que han producido más muertos en cárceles y comisarías, más casos de gatillo fácil y en particular más de 80 desapariciones forzadas en democracia. Parece que estos funcionarios para la foto siguen creyendo que es válida su presencia porque la Masacre de Monte se cometió en la gestión Vidal-Ritondo. Veremos qué sucede cuando la policías de Aníbal F-Alberto F o Berni-Kicillof vayan a juicio.
La justicia la hace el pueblo en la calle. La justicia esta vez la hicieron Juan Carlos, Gladys, Mauricio, Yanina, Fabián, Susana, Juanchi, Blanca, Loana, Jonatan, Nilda, Hugo, Emanuel, Florencia, Héctor y todos los familiares, amigos y vecinos de Gonzalo Domínguez, Danilo Sansone, Camila López, Aníbal Suárez y Rocío Quagliarelo. Ellos son los luchadores que lograron esta vez torcerle el brazo a la impunidad.