¿Violencia institucional o represión estatal?

(Por Sandra Gómez*) Los familiares de pibes y pibas asesinados por el Estado tenemos un lazo en común que nos une. Un sentimiento inexplicable de dolor que llevamos dentro por el resto de nuestra vida y al que tratamos de hacer menos duro compartiéndolo y organizándonos con otros. Pero muchas veces nuestro dolor intenta ser cooptado por las instituciones del Estado, para fingir un acompañamiento que no es verdadero y al que no tenemos que ceder ni un centímetro. Eso es lo que siento cuando escucho hablar del término “Violencia Institucional”, un término que inventó el Estado.

La “Violencia Institucional” existe, no la niego. Yo la he vivido personalmente muchas veces. Hace poco me tocó hacerme unos estudios por complicaciones de salud. Tuve que salir de mi casa a las 4:30 de la mañana camino al hospital Gutiérrez de La Plata en una madrugada de mucho frio. Luego hacer fila a esa hora durante 2 horas y media hasta las 7hs, cuando abren la ventanilla de atención. Y al llegar a la ventanilla encontrarme que no hay más turnos. Eso me pasó 5 veces. Entonces intenté pedir un turno telefónico en el hospital Rossi, donde me preguntaron todos mis datos, pero me dijeron que por ser paciente por primera vez no me darían el turno telefónico y debía ir a hacer la fila de madrugada, como mucha gente que no tiene recursos ni obra social para pagarse los estudios en una clínica privada. Esto es claramente un hecho de “Violencia “Institucional”, porque hasta donde entiendo, y los políticos se encargan de hacernos creer, todos tenemos derecho al acceso a la salud, y el Estado debe garantizar ese derecho. El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires tiene hasta una Dirección que se llama “Acceso e Inclusión en Salud”, que dice tener programas específicos para toda la población y especialmente para personas con discapacidad. Pero la realidad es otra: falta de turnos, falta de insumos, falta de profesionales, edificos destruidos, desgaste laboral de médicos y enfermeros y sueldos precarizados y de miseria. Así lo denuncia periódicamente la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense, la CICOP.

Pero hay otra violencia que se da cuando el Estado utiliza el aparato represivo para detener, maltratar, torturar, asesinar y desaparecer. A esa violencia el Estado se niega a llamarla represión y la adorna con el concepto de “Violencia Institucional”.

En 2012 el gobierno de Cristina Fernández impulsó e hizo aprobar una ley, número 26.811, para instalar el 8 de mayo de cada año como “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional”. La fecha recuerda los hechos de la “Masacre de Ingeniero Budge”, cuando un grupo de policías bonaerenses fusiló en una esquina de Lomas de Zamora a tres pibes: Agustín Olivera (de 26 años), Oscar Aredes (de 19 años) y Roberto Argañaraz (de 24 años). Ese hecho, junto con la Masacre de Dock Sud, ocurrida unos meses más tarde, fueron uno de los primeros casos de la metodología represiva del gatillo fácil, es decir el fusilamiento extrajudicial de una persona por agentes represivos. Pero esos hechos fueron también el comienzo de una lucha de organización barrial, donde las familias y los vecinos salieron a denunciar los crímenes impunes y el hostigamiento constante de la policía en los barrios, llegaron hasta la misma Casa Rosada con su reclamo. Es una lucha que hoy continuamos, y que entendemos que no debe ser vendida al Estado o a los intereses de los gobiernos de turno. Porque para denunciar al Estado no se puede trabajar con el Estado, tan sencillo como eso.

Pero la cosa es más siniestra todavía, porque el kirchnerismo, el mismo sector político que sacó la ley de “Violencia Institucional”, donde promovió la “adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos” y un lugar en el calendario escolar alusivo a este problema, es el que asesinó al 57% de los más de 8 mil pibes masacrados por el aparato represivo con el gatillo fácil y las torturas en cárceles y comisarías desde 1983 hasta hoy. Así lo muestra el Archivo de Casos de la Correpi.

Desde hace un tiempo se hizo común en la militancia, en los medios y la sociedad toda el término “Violencia Institucional” para referirse a hechos represivos producidos por las fuerzas de inseguridad estatales. Sabemos que diferentes instituciones (estatales o no) atraviesan nuestras vidas y nos imponen formas de sentir, pensar, hacer, decir y, en definitiva, de vivir. Esta imposición se da muchas veces de manera violenta y otras de forma más escondida, y casi sin que nos demos cuenta. Toda esa violencia no es legítima, porque busca sostener un orden social injusto. Pareciera ser que algunas organizaciones e instituciones deciden llamar a esto “Violencia Institucional”. Pero allí hay un problema. El concepto mismo de “Violencia Institucional” esconde más de lo que explica: omite (consciente o inconscientemente) el cuestionamiento central al Estado como una forma de organización política y social que sostiene y reproduce la dominación de los sectores ricos sobre los sectores pobres.

Por eso, no podemos equivocar las ideas, y tenemos que decir las cosas como son. Las violencias y exclusiones en el ámbito de la salud y la educación y en algunos aspectos del servicio de justicia, son hechos distintos a las prácticas como el gatillo fácil, la tortura, la desaparición forzada de personas, el secuestro de pibas para su ingreso a las redes de trata o la represión policial directa en una marcha.

Lo que existe cuando se dan esos hechos es la Represión Estatal, es decir el Estado utilizando su aparato represivo contra nosotros. La “Violencia Institucional” existe: basta hacer como hice yo, acercarse a un hospital, una sala sanitaria, una escuela, una fiscalía o un juzgado para entender de qué desprecio y maltrato estamos hablando. Pero cuando un funcionario nos habla de “Violencia Institucional” para lavarse la cara y esconder la Represión Estatal, no podemos dejar de recordarle que son ellos los responsables políticos de todos los crímenes que comete el aparato represivo. Así será hasta que cambiemos de raíz esta sociedad, y no tengamos que lamentar más pibes y pibes asesinados por el Estado. Eso me lo enseño la lucha.

(*Sandra Gómez es referente del Colectivo Contra el Gatillo Fácil de la Plata y mamá de Omar Cigarán, asesinado en un caso de gatillo fácil en La Plata en febrero de 2013. También integra Resistiendo, Colectivo Nacional contra la Represión Estatal)

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