HIJOS LA PLATA

«Ya sabemos que es Facundo. Que no gane la impunidad.»

Se confirmó la peor noticia. Ya sabemos que el cuerpo encontrado en Villarino Viejo corresponde a Facundo Astudillo Castro. Ahora que no gane la impunidad. ¿Por qué? Porque muy rápidamente el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof salieron a ponerse a disposición, siendo responsables totales por el hecho junto al ministro Sergio Facho Berni. Porque los autores materiales de la desaparición seguida de muerte de Facundo son los policías bonaerenses Siomara Flores, Alberto González, Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhuinca. Y los encubridores desde la Jefatura Departamental 19 de Bahía Blanca hasta el propio Berni.

Pero además, porque en todas los casos de desaparecidos registrados en estos años, incluso en los que ha habido alguna actividad judicial, quedan eslabones de la cadena de impunidad por deshacer. En la causa de Andrés Nuñez, desaparecido en La Plata en 1990, se encontró el cuerpo y se condenó a 3 de los 9 responsables, con el policía Pablo Martín Gerez, principal ejecutor del hecho, prófugo desde hace 30 años. En el caso de Miguel Bru, si bien se condenó a varios de los policías de la Comisaría 9na de La Plata, todos los asesinos recuperaron la libertad o murieron sin cumplir la pena, y el cuerpo de Miguel nunca fue hallado. En el caso de Iván Torres, desaparecido por la Policía de Comodoro Rivadavia en 2003 se llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligó al Estado argentino a realizar un juicio que igualmente fue parcial y sólo condenó a 2 policías como partícipes secundarios de un hecho que parece que no tuviera autores materiales.  La causa por la segunda desaparición forzada del ex detenido desaparecido en dictadura Jorge Julio López va camino a los 14 años de impunidad sin imputados ni procesados. La causa federal por la desaparición de Luciano Arruga no obtuvo el impulso debido, incluso pese a la condena recibida en 2015  por el policía Julio Torales por las torturas que le practicó a Luciano en el mismo destacamento policial de La Matanza donde meses después lo confinaron para desaparecerlo. En la desaparición de Daniel Solano, ocurrida en 2011 en Choele Choel, siete de los policías involucrados fueron condenados en 2018 por la figura de homicidio agravado, pero continúan libres y en funciones hasta que la sentencia quede firme, y nada se dijo en el fallo de la modalidad de explotación a los trabajadores golondrinas que sostienen las empresas frutícolas del valle de Río Negro y sin la cual no se explica el crimen de Daniel. El expediente por el crimen de Franco Casco, desaparecido en Rosario en 2014, fue elevado a juicio en diciembre pasado con la carátula de desaparición forzada pero con dispar atribución de responsabilidades a los quince policías involucrados en el hecho.

El año pasado el juicio oral por la desaparición de Sebastián “Nino” Largueri, desaparecido por la policía correntina de Monte Caseros en 2015, fue anulado luego de dos audiencias y justo el día que debía declarar la hermana de la víctima, e increíblemente reenviado a instrucción por el tribunal de Paso de Los Libres con la excusa de “proteger los derechos de defensa” de los policías imputados Cristian Ibalo, Walter García, Roberto Aguirre y Ramón Goín.

Como sabemos a esta altura, la desaparición forzada de persona, el “crimen de crímenes” como lo definió Nora Cortiñas, es la privación ilegal de la libertad cometida por un particular o agentes del Estado, y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o reconocer esa privación de libertad. Actualmente las causas por desaparición forzada de persona en Argentina, más de 217 casos de 1983 a la fecha, rara vez llegan a investigarse como se debe, reconociendo la existencia plena del delito y con ello la responsabilidad estatal que cabe en esclarecerlo y condenar a los responsables. Argentina, el país de los 30 mil detenidos desaparecidos, tardó 28 años desde finalizada la dictadura para incluir en su ordenamiento legal la posibilidad de condenar a agentes del Estado por la figura de desaparición forzada de persona con el artículo 142 ter del Código penal.

Facundo Astudillo Castro fue desaparecido y asesinado por la Policía Bonaerense. Berni debe dejar su cargo ya, y la impunidad no debe ganar esta vez.

Lo que muchos definen como “deudas de la democracia” es en realidad una compleja trama de sumisión de las familias y la sociedad toda en un laberinto de angustia e impunidad que el Estado nunca repara porque no está dispuesto a llevar los casos hasta las famosas “últimas consecuencias”.

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