(Por Espacio de Lucha Nilda Eloy de La Plata) El proceso de juzgamiento a los genocidas de la última dictadura en Argentina ha sido elogiado de derecha a izquierda como un ejemplo a seguir en Latinoamérica y el mundo. Pero visto desde quienes nos involucramos todos los días en esa lucha, que es política antes que jurídica, la situación es menos auspiciosa.
Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003, el inicio efectivo de los debates en 2006, y hasta el 22 de diciembre de 2022 el Estado argentino efectivizó 295 juicios con sentencia y como resultado se dictaron 1.500 condenas y hubo 229 absoluciones, todo ello por un universo de 10.000 víctimas. Por lo tanto, tomando como referencia los 200.000 efectivos que actuaron en la represión y los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los responsables del genocidio condenados representan menos del 1% del real actuante en el esquema represivo y menos de 1,5 represor por cada CCD. Para completar el cuadro, el 77% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, y unos 1.500 represores imputados están en total y completa libertad.
Durante 2022 se dictaron 22 sentencias en todo el país: 5 en CABA, 3 en San Martín, 2 en Santa Fe, 2 en Salta, y una en cada jurisdicción de La Plata, Rosario, La Pampa, Paraná, Resistencia, Concepción del Uruguay, Formosa, Jujuy, San Juan y San Rafael. En una situación donde el tiempo de juzgamiento apremia, lo que parece un panorama movido para este año no llega a igualar el pico de sentencias de hace 5 años, con 27 fallos, o de hace 10, con 25 sentencias.
Como hemos dicho en otras oportunidades, los juicios a los genocidas llevan 16 años de demoras y desprolijidades y por razón lógica y biológica no pueden durar otra década y media porque ya no habrá a quien juzgar.
FALLAS DE ORIGEN
16 años nos separan de aquel juicio al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, Director de Investigaciones de La Bonaerense de la dictadura y símbolo del esquema represivo conocido como “Circuito Camps”. Algunos recordaron tal debate oral como un mojón de justicia para iniciar el camino de la reparación de delitos gravísimos que estaban pendientes hacía entonces 3 décadas. Para nosotros, que trabajamos años por la anulación de las leyes de impunidad, luego por la instrucción de causas completas y más tarde lo venimos haciendo en los debates orales parciales y tardíos que propone el Estado, aquel debate de 2006 significó, junto al proceso contra el represor Julio Simón (“Turco Julián”) que inició después y concluyó antes, el primer debate realizado en el país tras la anulación de las leyes de impunidad. Pero significó esencialmente que esa impunidad nos volvió a caer como un mazazo con la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, testigo de la querella de Justicia Ya La Plata en ese proceso, secuestrado en etapa de alegatos por elementos de La Bonaerense S.A. cercanos a Etchecolatz con la clara misión de paralizar ese y otros juicios contra los genocidas. Hoy esto está claro. En ese momento pocos se animaban a decirlo como era, principalmente el kirchnerismo en el poder: un ex detenido desaparecido en la dictadura vuelto a desaparecer en democracia. Una nueva figura en el largo decálogo de crímenes de Estado en nuestro país.
Desde entonces aquella marca de impunidad atraviesa todo el proceso de juzgamiento de los genocidas.
Como sabemos la declaración mundial de la pandemia por el Coronavirus y la sanción local en marzo de 2020 de medidas sanitarias de aislamiento social preventivo y obligatorio produjeron un parate en muchos ámbitos de la actividad esencial estatal. La justicia federal no fue la excepción pero, como en muchos otros ámbitos de la actividad del fisco, se tiende a culpar a la pandemia de males que venían de viejo lastre. Desde nuestro espacio hemos señalado el escenario de aletargamiento y pereza del Estado para agilizar la realización de los juicios a los genocidas, y sus consecuencias concretas en mayor impunidad, hechos que llevan más de 46 años de reclamo social de justicia y más de 16 de actividad judicial efectiva. Como venimos describiendo hace años, incluso desde antes de diciembre de 2015, el proceso de los juicios a los genocidas se encuentra asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucción de las causas y los debates orales, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el fugaz y fallido 2×1, las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva.
En efecto, la modalidad de detención domiciliaria representa el 77% de la laxitud con que el estado pretende sancionar a los responsables de los mayores crímenes cometidos en nuestra historia reciente: 549 represores siguiendo cómodamente los juicios o cumpliendo condena desde sus casas, sólo 108 ocupando las instalaciones privilegiadas del Servicio Penitenciario Federal a que no acceden otros presos por delitos federales, y unos 60 más en dependencias militares. Este dato, tres parte de los genocidas “detenidos” con beneficios que la mayoría de los presos sociales no tienen, define al proceso general de los juicios a los genocidas como un hecho más simbólico que efectivo e irá profundizándose en los próximos años si sigue vigente el criterio de que un criminal de lesa humanidad es visto sólo como un pobre geronte sufriente.
TAREA PENDIENTE
Un punto urgente en el reconocimiento del Estado de los horrores cometidos en los CCD del Genocidio es el de los delitos sexuales, ya que sólo el 15% de los represores condenados recibieron penas por este tipo específico de crímenes, cuando sabemos que los abusos sexuales fueron prácticas sistemáticas tanto contra mujeres como contra hombres en los campos de exterminio de la dictadura y deben ser reconocidos como delitos autónomos, distintos al de la tortura. El hecho de que se trate de delitos de acción privada, es decir que requieran el consentimiento de la víctima para instar la acción penal, no debe ser una excusa para no investigar y ni sancionar esos hechos.
A 46 años del golpe genocida la manera parcial de juzgar a los genocidas -que se reproduce en prácticamente la totalidad de los juzgados del país- resulta funcional a los intereses políticos, tanto de aquellos que pretenden mantener la impunidad absoluta, como de quienes pregonan que es suficiente con juzgar a unos pocos asesinos paradigmáticos. En La Plata conseguimos en 2015 el primer fallo de un tribunal oral federal del país que reconoce la comisión del delito internacional de Genocidio, en este caso en la causa por los crímenes de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada Argentina en nuestra región. Sucede que esa sentencia fue revocada por la Sala 2 de Casación con el argumento de que el grupo nacional atacado no cuadra en la disposición del Convenio internacional, que excluye a las víctimas como “perseguido político”. Reconocer tal cosa hubiera comportado un importante cambio simbólico y político en el reconocimiento de la magnitud de los crímenes de Estado cometidos durante la última dictadura. Desde el espacio Justicia Ya de La Plata se planteó la condena por Genocidio desde 2006, en el juicio al genocida Etchecolatz donde desaparecieron por segunda vez a Jorge Julio López. En aquel entonces se lo hizo en soledad, por el rechazo de otros organismos de Derechos Humanos o querellas del propio Estado. Hoy casi ninguna querella, incluido el Ministerio Público Fiscal, esquiva el planteo de llamar a la aniquilación de una parte específica del grupo nacional argentino por su nombre: Genocidio. Nos preguntamos qué sucede entonces cuando el propio Estado argentino, que aún no ha reconocido plenamente el Genocidio, nos plantea de manera oportunista como hizo la gestión del Secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti, juzgar sólo a los genocidas qu no hayan sido parte de ningun proceso anterior o utilizar la ley penal para castigar el negacionismo del genocidio de la última dictadura. El secretario Pietragalla no ha manifestado similar entusiasmo para aportar a la apertura de los archivos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que existen en poder del Ministerio de Defensa y que aportarían de manera definitiva a ampliar y completar las investigaciones de los delitos del Genocidio, tanto como a la restitución de la identidad de las más de 300 personas que habiendo sido apropiadas durante la dictadura aún desconocen su origen familiar.
Ni hablar del reconocimiento estatal de sus propios crímenes, otros genocidios silenciados, como la persecución y encarcelamiento a pueblos originarios en lucha por su soberanía, las desapariciones forzadas en democracia, el gatillo fácil, las torturas en cárceles y comisarías, las desapariciones en las redes de trata, los femicidios o los trans-travesticidos.
Con este panorama los más de 1.036 represores de la última dictadura y el tercer gobierno peronista que estando procesados murieron impunes por la tardanza del Estado en 16 años de juicios, serán una cifra que se irá acrecentando hasta llegar a poner el verdadero punto final a este proceso dispar que analizamos. Esta no es una apreciación subjetiva o una mirada excesivamente pesimista sobre el proceso general de los juicios. Se apoya en datos concretos que realizamos hace años de seguimiento de los procesos en todo el país. Incluso el propio Estado lo reconoce: según datos del propio Ministerio Público Fiscal, existen en todo el país más de 337 causas aún en instrucción o bien elevadas a juicio en espera de inicio del debate. Si se tardó 16 años en juzgar con viento a favor 295 expedientes, imaginemos lo que sucederá con eso grupo más voluminoso aún de expedientes pendientes y en tiempo de descuento, es decir en un proceso que el Estado instauró para pretender enmendar el tiempo ganado por la impunidad entre la sanción de las leyes de impunidad en 1987 y su anulación efectiva por la Corte Suprema en 2005.
Ante esta realidad, la distinción entre los juicios “que tenemos” y los “que queremos”, estrictamente las investigaciones y sanciones que el Estado está obligado a realizar, ni siquiera alcanza para describir el despropósito que significa este proceso de juzgamiento que termina siendo más simbólico que efectivo.
Nosotros seguiremos exigiendo:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES!
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA!
JUSTICIA POR TDOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
BASTA DE BENEFICIOS A LOS GENOCIDAS!
BASTA DE DILACIONES DEL ESTADO!